Es urgente detener la minería de metales en Mesoamérica

Después de participar en el Foro Internacional “Empresas mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, realizado en San Salvador el miércoles 14 de abril, representantes de organizaciones comunitarias, indígenas y ambientalistas de México y Centroamérica planteamos lo siguiente:
Empresas de Canadá y Estados Unidos realizan proyectos mineros que –en vez de generar desarrollo nacional y beneficio comunitario– saquean recursos naturales, dañan el medioambiente y provocan conflictos sociales: grave contaminación ambiental y asesinato de opositores a la minería en México, Guatemala, El Salvador y demás países de la región. A pesar de la resistencia comunitaria y del rechazo mayoritario de la población de nuestros países, estas compañías se imponen mediante la compra de voluntades de presidentes, ministros, diputados, alcaldes y líderes comunales; y violentan leyes nacionales, tratados internacionales de derechos humanos y hasta sus propios códigos de conducta.

Algunas empresas demandan a Estados en tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Pacific Rim exige a El Salvador $100 millones por negarle un permiso de explotación, y Commerce Group también $100 millones por cancelarle una licencia de operación; mientras Blackfire amenaza al gobierno mexicano con una demanda de $800 millones.

Las demandas contra el Estado salvadoreño se procesan a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR); y el posible arbitraje contra México sería con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Todas, amparadas en el principio de “expropiación indirecta” y mecanismos solución de controversias.

Dada la situación señalada, exigimos a los Estados mesoamericanos implementar medidas urgentes de protección ambiental y social, que incluyan:

1-Aprobar leyes prohibitivas de la minería metálica, especialmente en El Salvador donde no se han permitido estos proyectos; y acelerar los planes de cierre de minas en los países donde existe explotación minera.

2-Renunciar a los tratados de libre comercio: derogar el CAFTA-DR y el NAFTA, no firmar el ADA y descartar el acuerdo comercial con Canadá, que podría beneficiar aún más a las compañías extractivas canadienses.

3-Castigar a los responsables intelectuales y materiales de las amenazas, atentados y asesinatos de activistas contra la minería en México, Guatemala, El Salvador y demás países afectados por la violencia minera.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), y Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), de Guatemala; Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, de El Salvador; Comité Ambiental del Valle de Siria, Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), de Honduras; Centro Humboldt, de Nicaragua; y Mining Watch, de Canadá.

San Salvador, 14 de abril de 2010.

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