Justicia tica rechaza recurso sobre minería Crucitas

Por Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica. La Prensa

La empresa minera canadiense Industrias Infinito, vio frustrado su intento por revertir el fallo judicial que le anuló los permisos ambientales para extraer oro en Crucitas, al rechazar de plano la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el recurso de revisión extraordinario presentado por su abogado.

El rechazo fue de forma unánime por los magistrados y según la presidenta de esa Sala, Anabelle León, no encontraron causales de ley para acepar la revisisón extraordinaria.

“Nosotros en ese momento no hemos sido notificados de la decisión de los magistrados de la Sala Primera. Si esto es así, esperaremos los resultados de otra acción que está pendiente en la Sala Constitucional y de otra forma es claro que tenemos la opción de ir a un arbitraje internacional, pero esto no será hasta que agotemos todas las instancias en el país”, declaró Yokebec Soto, vocera de la firma canadiense.

“Igualmente se va a revisar con muchísimo detalle las razones que tuvieron los magistrados esta vez para rechazar el recurso”, añadió.

Por medio del abogado Juan Carlos Hernández, Industrias Infinito presentó el recurso de revisión al fallo del 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló los permisos ambientales para extraer 800 mil onzas de oro en Crucitas, el cual se trajo abajo el proyecto.

El alegato era que el proceso judicial presentaba vicios al no incluir al dueño de las tierras de Crucitas para que defendiera su derecho de posesión, cuyas tierras tiene la firma minera para su uso y usufructo.

“Los argumentos que estaba exponiendo la empresa de que se tenía que notificar a los dueños de las propiedades eso no tenía absolutamente ningún peso jurídico porque los permisos fueron anulados a quienes fueron otorgados, o sea a Industrias Infinito”, declaró Álvaro Sagot, uno de los abogados ambientalistas que ganó la demanda.

El caso Crucitas aún seguirá en la vía judicial, porque la Fiscalía acusó a funcionarios y exfuncionarios públicos ambientales por haber participado en la ilegalidad de los permisos, así como en la elaboración del decreto ejecutivo que declaró de interés público esta minería, también anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo.