México: Repudian proyecto minero San Antonio en reunión de información pública

La Paz, BCS, 15 de febrero.- Con una mayoría de ponencias y manifestaciones de los asistentes en contra se llevó a cabo en esta ciudad la reunión pública de información del proyecto San Antonio de la minera La Pitalla, filial de la corporación estadunidense Argonaut, que pretende la explotación de una mina de oro a cielo abierto en el sureste de este municipio, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Tras la presentación de las 52 ponencias registradas, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, órgano de consulta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para facilitar la participación de la sociedad civil en la política ambiental, núcleo Baja California Sur, recomendó a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (Dgira), no autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero.

Francisco Javier Guzmán Roa, presidente del organismo, señaló que de acuerdo al análisis de la MIA existen inconsistencias y falta de información en el contenido de los capítulos, por lo que sugirió a la Dgira y a la propia Semarnat que el documento sea ampliado para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación.

El Consejo Consultivo pidió, asimismo, que se solicite a la minera La Pitalla que dentro de la MIA se incluya un capítulo específico que aclare y defina cómo está vinculado el proyecto como en programa del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz porque en éste las unidades de gestión ambiental no contemplan la actividad minera.

La reunión se desarrolló en el hotel Gran Plaza de esta ciudad, donde se tuvo que cambiar el salón programado porque la asistencia rebasó las expectativas de los organizadores.

La empresa acarreó a unos doscientos supuestos pobladores de la comunidad de San Antonio, lugar cercano a la mina proyectada, a los que vistió con camisetas de respaldo y pagó la comida en el restaurante del hotel que fue reservado en su totalidad.

Sus manifestaciones de apoyo, sin embargo, fueron silenciadas por una abrumadora mayoría de opositores al proyecto que con pancartas, gritos, abucheos y hasta mentadas de madre repudiaron a los representantes de la minera, por lo que el titular de transparencia y acceso a la información de la Semarnat, Mateo Castillo Ceja, coordinador de la reunión, en varias ocasiones amenazó con suspender el encuentro por falta de condiciones adecuadas.

El Consejo Consultivo, en su análisis de la MIA, consideró que el proyecto San Antonio no demuestra en forma suficiente que el acuífero no se afectará y existe poca información respecto el tratamiento de las aguas residuales.

Señaló que la minera propone un fondo de 4.6 millones de dólares para labores de restauración en los cuatro años siguientes al cierre de la mina, pero no expone los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las medidas de mitigación a largo plazo ni tampoco en caso de un accidente ambiental o abandono del proyecto.

Advirtió que la MIA no explora la concatenación entre el proyecto San Antonio y las actividades económicas, consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad como el turismo y la agricultura.

En la MIA no hay información con respecto al comportamiento estacional de la flora y fauna del área del proyecto; no presenta evidencias de éxito en el trasplante de especies vegetales; no hace mención a la preservación del hábitat para la fauna que se localiza en el predio; no presenta un estudio que demuestre la afectación que habrá en el ecosistema; ni hace referencia a la ubicación de los corredores biológicos que se verán afectados.

Puntualizó que el documento además tendrá que demostrar que cumple con leyes y reglamentos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

En el evento fue notoria la ausencia de los legisladores federales y estatales, responsables de la regulación en materia minera, mientras mezclado entre el público el director de la minera Concordia, Héctor Araya, observó el repudio de estudiantes, profesores y ambientalistas contra la minera La Pitalla.

Las organizaciones civiles Medio Ambiente y Sociedad, Niparajá, Cemda e investigadores del Cibnor, Cicimar y la Universidad Autónoma de Baja California Sur coincidieron en señalar que el proyecto no es viable debido a que afectaría el paisaje, el ecosistema, contaminaría los acuíferos de la zona y no cumple con las leyes y reglamentos en materia ambiental federales y locales.

La reunión concluyó con airados gritos de “fuera, fuera, fuera” hacia los empresarios de La Pitalla que se vieron obligados a salir por una puerta lateral del salón que fue resguardada por elementos de seguridad a fin de que los opositores al proyecto no los siguieran.

Castillo Ceja informó, al final, que la reunión no fue suspendida por falta de garantías de seguridad, sino porque terminó el tiempo programado en la convocatoria (18:00 horas), de manera que las respuestas que faltaron a las 42 preguntas pendientes serían contestadas por los promoventes por correo electrónico.

El director de la minera Pitalla, Jorge Alberto Díaz Avalos, en su oportunidad, informó que el proyecto consiste en la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de 756 hectáreas, ubicado en la cuenca de Los Planes, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Explicó que en 2007 se iniciaron los trabajos de exploración en la zona, en la que se detectaron 1.6 millones de onzas de oro contenida en 38 millones de toneladas de roca.

Puntualizó que en 2011 llevaron a cabo labores de caracterización de sitios para entender el entorno, por lo que el 15 de diciembre presentaron ante las autoridades ambientales la Manifestación de Impacto Ambiental.

La Pitalla obtuvo 15 concesiones del gobierno federal con una superficie de 46 mil 328 hectáreas con vigencia de 50 años para la extracción de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz, pero el proyecto San Antonio se limita a 756 hectáreas.

Según lo ambientalistas, de aprobarse este proyecto abriría la puerta para que en el futuro pudieran ser explotados otros predios dentro de las mismas concesiones, todo a cambio del pago de 5 pesos por hectárea y la destrucción del entorno.

Fuente: Raymundo Leon Verde