Panamá prohíbe minería en territorio indígena

-Aseguran que la norma fue totalmente consensuada

La recién aprobada ley plantea entre otros puntos que para el desarrollo de futuras hidroeléctricas ubicadas total o parcialmente dentro de la comarca y áreas anexas se deberá contar con la aprobación del pleno de “congreso general”, una instancia de los indígenas.

EL UNIVERSAL. jueves 22 de marzo de 2012

Panamá.- El legislativo aprobó el jueves en tercer y último debate una ley que prohíbe la explotación minera y crea un régimen para proteger los recursos hídricos en la comarca de indígenas ngobé buglé.

La ley fue aprobada luego que la semana pasada líderes indígenas y el gobierno lograran un consenso sobre la presencia de hidroeléctricas en su territorio y zonas aledañas, informó AP.

La recién aprobada ley plantea entre otros puntos que para el desarrollo de futuras hidroeléctricas ubicadas total o parcialmente dentro de la comarca y áreas anexas se deberá contar con la aprobación del pleno de “congreso general”, una instancia de los indígenas.

El tema de las hidroeléctricas estancó por más de un mes las negociaciones debido a que los indígenas exigían que la ley prohibiera la presencia de represas en su territorio y regiones aledañas con potencial hídrico.

También pedían la cancelación de proyectos hidroeléctricos en sus tierras y zonas anexas, reclamo que llevó a los indígenas a bloqueos carreteros desde fines de enero.

Al respecto, las conversaciones acordaron la instalación de una mesa técnica que revisará el estudio de impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico gestionado cerca de la comarca que tiene su incidencia en 6,8 hectáreas anexas a ese territorio.

El gobierno había accedido en un principio a la exigencia indígena de no impulsar actividad minera dentro de la comarca, que incluye regiones de las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

El presidente de la Comisión legislativa de Comercio, el diputado Raúl Hernández, dijo que la nueva norma “fue totalmente consensuado en la mesa del diálogo durante 45 días” y “llena las aspiraciones de todos los que participaron en su discusión”.

La ley debe ser sancionada por el presidente Ricardo Martinelli y luego publicada en la Gaceta Oficial para que entre en vigor.

La cacica Silvia Carrera, representante indígena en las conversaciones, expresó que “el pueblo ngobé buglé es el mejor conservador del recurso agua para todos los panameños”.

Instó al Presidente a sancionar la norma y pidió “unir fuerzas” para conservar los recursos naturales. “La lucha es de todos a nivel nacional, debemos luchar para conservar nuestros recursos”.

Un grupo de indígenas, que adversa el acuerdo alcanzado entre sus líderes y las autoridades, hacía huelga de hambre en los predios del Legislativo. “No puede ser posible que el gobierno venga con artimañas a sobornar gente para que ocurra esto”, dijo la indígena Mayra Acosta, quien defiende, como los otros que la acompañan, una expresa y radical prohibición de las represas en sus tierras y la cancelación de los proyectos hidroeléctricos existentes.

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, consideró que la ley “soluciona el problema de la minería, del aprovechamiento de los recursos naturales y de la posibilidad en el futuro de hidroeléctricas”.

Los ngobés buglés son el grupo indígena más numeroso de los tres que existen en el país, con más de 165.000 habitantes.

El acuerdo también plantea beneficios mínimos que debería considerar todo proyecto hidroeléctrico que se acuerde en la comarca, entre ellos que 5% de la facturación anual de la obra sea destinado a un fondo para el desarrollo de la comarca y que al menos 25% del personal no especializado que se requiera para los trabajos de la obra sea indígena o campesino del área.

La nueva norma modifica artículos del Código de los Recursos minerales y contempla indemnizaciones previas en casos de daños, afectaciones o traslados como consecuencias de proyectos hidroeléctricos en la comarca.