Sobre la consulta: No, es no

La defensa de la tierra y del territorio es un derecho legítimo de los pueblos. La organización de consultas para determinar la posición de los pobladores, también lo es. Sin embargo, en los últimos años se ha ignorado, en todos los casos, la negativa casi unánime de los habitantes de estas regiones a los proyectos extractivos. En las más de 50 consultas realizadas, las comunidades han rechazado los megaproyectos y han argumentado sobre los peligros y efectos nocivos derivados de la contaminación del aire, el suelo y el agua;

POR MARIELOS MONZÓN, prensalibre.com

además de la arbitrariedad con la que actúan los personeros y personal de las empresas allanando propiedad privada de los comunitarios, derribando cercos y dañando sus cultivos, sin que ninguna autoridad —a pesar de las numerosas denuncias realizadas— les proteja o falle a su favor. Muy por el contrario, la respuesta que han obtenido es la persecución, la descalificación y la criminalización de sus líderes, algunos de los cuales enfrentan procesos penales acusados de “tráfico ilegal de armas tóxicas, armas químicas, biológicas, bacteriológicas, explosivas (…) y terrorismo”. ¿?

Como a pesar de todo la resistencia continúa y les hace perder muchos millones, en los últimos meses se han agudizado los mecanismos y estrategias para quebrar la movilización y la organización social; a la persecución penal ahora se suma una campaña de desprestigio contra líderes comunitarios y los abogados que les respaldan; y una estrategia de terror —que incluye pasquines con amenazas de muerte y vuelos de helicópteros sobre las casas desde los que se toman fotografías y se hace vigilancia—.

Recientemente, Prensa Libre daba a conocer cómo las ganancias de la mina de oro Marlin, en San Miguel Ixtahuacán se incrementaron en 507 por ciento del 2008 al 2011. Solamente el año pasado la explotación de la mina generó ganancias de producción por Q4 mil 716.9 millones —unos US$607 millones—, 125 por ciento más que en el 2010. En contraste, la trasnacional erogóúnicamente Q85.5 millones por regalías, gastos en la comunidad y por la implementación de una planta de tratamiento de agua que a la fecha nadie sabe bien si funciona.

Además de atropellar los derechos de las comunidades, de violentar la legislación nacional e internacional que protege a los pueblos indígenas, de perseguir a los pobladores y amedrentarlos con sus guardias privados, de realizar campañas publicitarias basadas en mentiras y en medias verdades, pagan al país migajas por los recursos que explotan, que no alcanzan siquiera para implementar programas de mitigación. Y se dan el lujo de advertir que el aumento “voluntario” de regalías al 5% es solamente mientras los precios se mantengan.

Ellos se van con todo el oro —la plata, el níquel y anda mais—, y nosotros nos quedamos con el agua y montones de tierra contaminados con cianuro, con comunidades divididas por la gravedad de la conflictividad y con la vergüenza de seguir protegiendo los intereses foráneos antes que los propios. La complicidad en la institucionalidad ambiental y la fragilidad del sistema de justicia completan el cuadro que explica cómo y por qué estas poderosas empresas hacen en este país lo que les viene en gana.