Por la vida: cerrar la mina Marlín. La resistencia del pueblo maya

por MariLince

El pasado 12 de marzo, el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) de Guatemala, a través de sus representantes y abogados, presentó una acción jurídica de inconstitucionalidad de la Ley de Minería, vigente desde junio de 1997, que ignoró el derecho de consulta previa libre e informada, regulado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos indígenas, así como los preceptos contenidos en los artículos 44, 46, 66 y 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala, (que ya ratificó en 1997 el Convenio 669 de la OIT), y justo después de firmarlo lo tiró a la papelera; al igual que otras “leyes” escritas relativas a derechos indígenas y derechos en general. Es lo que en Derecho Público, en relación a sus contenidos y cumplimiento, Loewenstein define como constitución semántica.

La Comisión Jurídica se presentó en la Corte Constitucional de Guatemala para hacer entrega formal del documento. Esta acción legal está apoyada por todos los pueblos del occidente de Guatemala, donde existen la mayoría de licencias mineras y donde se han realizado más de 50 consultas comunitarias, en las cuáles, una inmensa mayoría ha dicho no a la minería.

Cuando la mina se estableció en 2005, la comunidad de Sipakapa organizó un referéndum, la mayoría votó en contra de permitir el desarrollo de la minería en su comunidad. Ni el Gobierno ni la compañía de la mina Goldcorp respetaron los resultados. (En 2007 la Corte Constitucional de Guatemala declaró que el referéndum no es vinculante). O sea, todo fue una puesta en escena.

La resistencia de las comunidades indígenas y campesinas contra las transnacionales y las políticas neoliberales impuestas, se da en un caso específico en relación a la población de San Miguel Ixtahuacán, contra Gold Corp Inc y la mina Marlin de Guatemala.

Destrucción de hábitats y seres vivos, negocio de pocos

“La mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora, S.A., [subsidiario local de la empresa minera canadiense Goldcorp], comenzó la extracción de oro y plata en el 2005, en un área ubicada entre Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. El tajo o área de pulverización de roca para extraer el metal fue de 142 hectáreas; esa operación hizo desaparecer 289 hectáreas de bosque, y los desechos están generando drenaje ácido que contamina la cuenca del río Tzalá. Comunidades cercanas denunciaron al TLA que se han secado sus pozos, en perjuicio de unos 10 mil habitantes.” Pero es altamente rentable para sus accionistas, basándose en los precios globales del oro y la plata y en los bajos costos locales de producción.

Los expertos sostienen que ninguna actividad industrial es tan destructora del medio ambiente y su entorno social y cultural como la minería a cielo abierto. La intensa explotación minera ya ha dejado su marca en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos. Los vecinos de las aldeas Ajel, Nueva Esperanza y San José Ixcaniche todavía recuerdan aquella hermosa montaña, famosa por su biodiversidad, donde se podía ver toda clase de aves y mariposas. Hoy es un inmenso cráter con escombros contaminados.

Resultados de distintos estudios de especialistas obtenidos sobre el terreno y las aguas, verifican, que tanto las personas como otras formas de vida animal y vegetal que se encuentran en el área de influencia de la mina, están expuestas a un alto riesgo de contaminación” por concentración de cobre, aluminio, manganeso, arsénico y cianuro en las aguas superficiales y subterráneas, muy explotadas, y por los deshechos contaminantes que se arrojan al río, que ya ha causado diversas enfermedades entre las comunidades cercanas.

En el punto algo mas que medio de la vida operativa de la mina, las contribuciones de ésta a las comunidades indígenas son inexistentes y objeto de poco estudio, ya que no interesa profundizar en el asunto. Los beneficios se van fuera de Guatemala, hacia los gerentes y accionistas de la mina en Canadá, Suecia y algún otro país occidental, mas las “limosnas” de reconocimiento a los gobiernos por su apoyo.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Ahora hablo, ahora me callo

La CIDH adoptó medidas preventivas en 2010, y recomendó al gobierno de Guatemala cesar las actividades de explotación de la Mina Marlín por atentar la salud de 18 comunidades indígenas Mayas, confirmó lo que ya se sabía y había sido denunciado desde el principio, que Gold Corp no consultó de forma adecuada dicho proyecto con la población local, etc, etc. (James Anaya, Relator Especial designado por la ONU para el análisis de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, instaba a adoptar medidas para descontaminar, en lo posible, las fuentes de agua de las dieciocho comunidades afectadas y asegurar el acceso de sus miembros a agua apta para el consumo humano, así como atender los problemas de salud derivados de la contaminación. Su informe fue publicado en junio de 2011.

Sin embargo, no hace mucho, la CIDH ha levantado las medidas cautelares “de suspensión de las operaciones de la Mina Marlín de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud”. Instancias de las Naciones Unidas que habían manifestado su preocupación ahora callan; el dinero y el poder parecen ser mas fuertes que los derechos y las letras de la Constitución. El sueño de que la mina se cerraría es, todavía hoy, una pesadilla.