La necesidad de una nueva visión ambiental, energética y alimentaria en El Salvador

Por Geovani Montalvo

Urgen al Gobierno de El Salvador integrar la visión ambiental, energética y alimentaria con un enfoque de sobrevivencia, sustentabilidad y soberanía.

Serios fallos persisten en la gestión ambiental, energética y alimentaria del actual y primer gobierno progresista de El Salvador. La estrategia predominante, herencia y extensión de los precedentes gobiernos civiles de derecha, ha sido la fragmentación de esos tres elementos con una visión “cortoplacista”, economicista e insustentable.

Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), capítulo salvadoreño de Friends of the Earth (FOE), asegura que una nueva visión de gestión estratégica debe caracterizarse por el enfoque de sobrevivencia, sustentabilidad y soberanía. Para ello, arguye que «el Estado debe entrar con un fuerte régimen regulatorio».

Esto implica sustituir la visión economicista -impuesta por la fuerza del mercado- por una visión ambiental, tomando en consideración los efectos cada vez más adversos del cambio climático y priorizar la alimentación de la población, incluyendo el acceso al agua de calidad en las cantidades suficientes.

Al respecto, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, durante su presentación de la Memoria de Labores 2011-2012 advirtió que, en nuestro país, el recurso hídrico «ha sufrido un fuerte deterioro y está siendo afectado cada vez más por la creciente variabilidad climática. Además, la crisis institucional en el sector repercute en su mala gestión».

En cuanto a la sustentabilidad y soberanía agroalimentaria, Navarro considera imperante planificar el uso de fuentes energéticas locales «como el sol, viento y pequeñas presas hidráulicas». Asimismo usar insumos mayoritariamente locales, rechazar los transgénicos y promover una producción agrícola descentralizada, de pequeña escala (local-comunitaria) y en propiedad de pequeños agricultores.

La producción agrícola debe ir a la par de la rehabilitación ambiental, afirma, con prácticas agroecológicas y en asocio con fuentes energéticas locales. Además, considera necesario crear y mantener una reserva estratégica de granos y alimentos localmente procesados, y un mercado local autosuficiente en oferta y demanda.

Otros retos del gobierno es garantizar precios justos a productores y consumidores, «dejar de favorecer a grandes corporaciones» y rechazar actividades contaminantes como la explotación minera metálica y Tratados de Libre Comercio.

«De ahora en adelante lo ambiental va a ser lo determinante, no lo económico», afirma Navarro.

 

Retroceso en la gestión ambiental

De acuerdo al informe independiente “Análisis crítico de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012 de El Salvador”, elaborado por Yvette Aguilar, Maritza Erazo y Francisco Soto, el gobierno padece de un retroceso respecto al marco normativo vigente en materia de gestión ambiental.

El documento técnico-científico, divulgado este mes por el Grupo Independiente de Expertos sobre Cambio Climático, señala que la Política Nacional de Medio Ambiente 2012 (PMA) se enfoca en “revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”, dejando por fuera toda la gama de amenazas socio-naturales y antrópicas, y la vulnerabilidad ante éstas, las cuales al conjugarse generan diversos riesgos ambientales.

El aporte académico concluye que la Política «propiciaría el desmantelamiento de la normativa vigente» en algunos temas o aspectos abordados, restringiendo su ámbito de aplicación. El marco conceptual adoptado por la PMA, según el análisis, «carece de fundamento científico», conllevando a planteamientos equivocados en términos de las políticas y medidas, como es la restauración de ecosistemas y la adaptación al cambio climático; y a incoherencias e inconsistencias entre las líneas prioritarias de acción y los objetivos de la Política Nacional.

Los resultados de las consultas públicas previas a la elaboración de la PMA, coordinadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), plantean que los problemas prioritarios se relacionan con los impactos negativos derivados del deterioro ambiental, como resultado de las transformaciones territoriales generadas por las actividades antrópicas de gran impacto, y por la ineficacia de la institucionalidad responsable de la gestión ambiental.

No obstante, el referido estudio señala que la Política «no retoma los aportes emanados de dichas consultas», tal es el caso de la minería y las áreas naturales protegidas. También «no plantea objetivos en términos de impactos positivos en el mejoramiento en la calidad ambiental y en la restauración de las dinámicas naturales», limitándose al nivel de gestión ambiental; dicha falencia imposibilitaría el seguimiento y evaluación de la efectividad de la PMA.

El Presidente Mauricio Funes, en noviembre pasado, reconoció que, «sin lugar a dudas, el cambio climático nos afecta y afectará crecientemente, como ya lo estamos viendo», por tal razón «el combate a la vulnerabilidad se ha convertido también en prioridad de mi gobierno pues es, también, una restricción al desarrollo».

En apenas dos años, entre noviembre de 2009 y octubre de 2011, El Salvador registró pérdidas por un volumen de más de 1.300 millones de dólares debido a desastres vinculados con el clima, lo que equivale a unos seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB). De manera que debido a la vulnerabilidad socio-ambiental, el Estado está obligado a garantizar una revisión integral de la gestión ambiental e implementar nuevos enfoques se sustentabilidad, soberanía y sobrevivencia.

 

Fuente: Tercera Información