REMA, comunicado sobre casos en Chihuahua y Oaxaca

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) no se detendrá

A la Familia Solorio y los compañeros en Chihuahua,
A la CPUVO y los compañeros en Oaxaca,
A las y los hermanos mexicanos,
A la comunidad internacional,
A los comunicadores,
A los gobiernos estatales y federal del Estado mexicano.
Nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a la Familia Solorio, sus amigos y a la comunidad de Benito Juárez, Chihuahua, en especial a los hijos de Manuela e Ismael.
El 22 de octubre fue un día indignante y doloroso por el artero y cobarde asesinato del matrimonio Manuela Solis e Ismael Solorio, defensores de derechos humanos, habitantes del ejido Benito Juárez en el municipio de Buenaventura en Chihuahua, también miembros de El Barzón. Ambos habían sido amenazados de muerte por su labor en defensa de los bienes naturales en riesgo por la explotación desmedida del agua por otras comunidades y las actividades mineras de la trasnacional canadiense MAG Silver Corp (TSX: MAG). Esta compañía, a través de Minera Cascabel S.A. de C.V., comenzó a explorar mediante barrenos en terrenos comunales del ejido sin los permisos de la asamblea de ejidatarios, autoridades ambientales y violando las normas en la materia.
Ante tal situación, los ejidatarios exigieron la salida de Minera Cascabel y terminar con la explotación ilegal del agua.  La situación en el ejido a raíz de la instalación de Minera Cascabel cambió: comenzaron a crearse conflictos entre los trabajadores de la empresa y los ejidatarios y habitantes que no autorizaron su instalación, la situación comenzó con discusiones personales, en redes sociales, amenazas de golpes, a peleas entre grupos por las agresiones de los trabajadores de la minera, llegando, la semana pasada, una agresión grupal de 20 empleados de la minera a Ismael y uno de sus hijos. Esto ocasionó que la población expulsara a los ejecutivos y empleados -hospedados en un hotel local- de la comunidad.
El doble asesinato en Chihuahua, a pocos meses de iniciado el conflicto minero, se suma a la lista de hermanos mexicanos asesinados por este tipo de conflictos.
En el mismo día, en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, trabajadores de Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI), comenzaron a instalar una tubería para llevar agua a la empresa y ampliar su proceso de explotación y obtención de minerales. Ante tal hecho, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) y las comunidades afectadas se movilizaron para detener las obras. Al ver esto, los empleados de Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, los amenazaron de muerte con un armas de fuego y armas blancas. En ese momento, una patrulla de la policía estatal se aproximó y detuvo a los hombres armados.
Algunas horas después, comenzaron a llegar camiones con policías antimotines que protegieron la maquinaria para que los habitantes no pudieran detener la instalación de la tubería, lo que permitió que se continuara con la obra.
Esta situación, que continúa aún, está generando un clima de violencia y confrontación, ya que la empresa minera no tiene los permisos para instalar esa tubería  por parte de las comunidades ni de las autoridades locales.  Esta empresa minera tampoco cuenta con la licencia social para operar el proyecto minero, por lo que se instaló a la fuerza, ocasionando  una fuerte división social.
La situación nacional es similar, más y más conflictos sociales por empresas mineras se conocen en todo México, lo mismo que en el mundo.  El Estado mexicano, coludido con las empresas mineras -nacionales o trasnacionales- dividen a las comunidades, imponen proyectos mineros, devastan territorios, desplazan comunidades, asesinan activistas, persiguen judicialmente a comunidades y tratan a como dé lugar de evitar que las personas se organicen en defensa de sus territorios y los bienes comunes naturales.
La violencia generada por Minera Cascabel filial de MAG Silver Corp y Minera Cuzcatlán filial de Fortuna Silver Mines es inaceptable y debe parar. La defensa del territorio y de las comunidades y los derechos humanos que reivindicamos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) no se detendrá.
Por todo esto:
-Manifestamos nuestro repudio e indignación a los actos de MAG Silver Corp y Fortuna Silver Mines por la violencia, la descomposición social y la muerte que han llevado junto con sus proyectos mineros;
-Exigimos a los ejecutivos estatales Cesar Duarte en Chihuahua y Gabino Cué en Oaxaca que respeten nuestra Constitución e investiguen, detengan, castiguen a los culpables de los crímenes cometidos por los conflictos llevados por las empresas mineras. Asimismo, clausuren y cancelen toda actividad minera, origen y causa de los crimenes cometidos;
-Exigimos al Ejecutivo Federal que cancele todas las concesiones mineras de los proyectos Cinco de mayo en Chihuahua y San José en Oaxaca;
– Exigimos al Ejecutivo Federal se abra una investigación nacional de los crímenes cometidos por empresas mineras, así también se investigue la conflictividad social que estos proyectos mineros ocasionan y se detengan dichos proyectos;
–  Exigimos al Estado mexicano que cumpla a cabalidad sus obligaciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenios y tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“No enterramos a los luchadores sociales,
los sembramos para que nazca una nueva sociedad”  S.O.
http://www.remamx.org/