La destrucción social-ambiental de México

por Gilberto Lopez y Rivas

A partir de hoy, viernes 9 y hasta el domingo 11 de noviembre, tendrá lugar en el municipio autónomo de San Francisco Cherán una importante reunión conjunta en la que se articulan la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán y la Octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que constituye un espacio de convivencia no sujeto a instituciones del Estado ni a partidos políticos, de más de 130 luchas locales con presencia en por lo menos la mitad de los estados de la República: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Morelos, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Distrito Federal y Michoacán.

Que Cherán sea sede del evento constituye un reconocimiento solidario por parte de los representantes de pueblos y organizaciones sociales del país a esta emblemática lucha autonómica purépecha, que se genera a partir de sus formas organizativas tradicionales y sus autoridades elegidas en asambleas comunitarias, para preservar su territorio y defenderse del crimen organizado, que ha talado de manera ilegal 20 mil de las 27 mil hectáreas de su bosque, además de haber asesinado a varios comuneros.

Para la preaudiencia del tribunal se presentarán más de una docena de casos documentados que demuestran el alto grado de agresión socio-ambiental en Michoacán, como el proyecto de vialidad Altozano-Camelinas, que cruza el área natural protegida de la Loma de Santa María, zona de recarga de 40% del agua para la ciudad de Morelia; el de los habitantes de Lázaro Cárdenas que se pronuncian en contra de un gran proyecto de infraestructura asociado a un puerto marítimo que conecta rutas comerciales de Estados Unidos a China; el de las comunidades purépechas de Patamban y Tengüencho, que defienden sus bosques contra las plantaciones agroindustriales de aguacate; el de la comunidad de Zacapu, que resguarda sus humedales y laguna ubicados dentro de un área natural protegida amenazada por un proyecto turístico; la comunidad purépecha Cheranatzicurin, Paracho, que presenta despojo de tierras y devastación del bosque por talamontes coludidos con el crimen organizado; la comunidad de Agangueo, que lucha en contra del saqueo por la Minera México y en defensa del bosque que alberga cada año a la mariposa Monarca; las comunidades de La Minzita, Cerros del Sur y Hacienda del Quinceo, que denuncian el despojo de espacios públicos y los abusos de la urbanización salvaje, entre otros casos, evidencias y pruebas que se presentarán. Toda esta red de agraviados locales ha respondido a la Octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, organizándose formalmente por primera vez como una instancia unitaria de resistencia denominada Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales.

La trascendencia de este encuentro radica en visibilizar la emergencia de una resistencia popular que se levanta en contra de la corrupción gubernamental estatal y federal, que permite y promueve la privatización de servicios públicos, como el manejo del agua, la basura, la distribución y producción de energía y alimentos; en contra de las agresiones de las bandas criminales, protegidas por autoridades civiles y militares; en contra de las poderosas empresas mineras, agroindustriales, papeleras, inmobiliarias, turísticas, etcétera, así como en contra de proyectos inmobiliarios, centros comerciales, basureros, confinamiento de residuos tóxicos, granjas industriales de cerdos, gasolineras, todo lo cual tiene impactos profundos en el hábitat, en la salud y reproducción de los pueblos como tales, y en la posibilidad futura de la vida misma de la especie humana.

Por su parte, la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales constituye el más importante acontecimiento anual de este espacio de resistencia autónomo, en el que convergen la mayor cantidad de agraviados y activistas de diversas partes del país, para intercambiar experiencias sobre la amplia variedad de conflictos ambientales que tienen lugar en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Coinciden también otras luchas que se hermanan con las ambientales, como las indígenas, campesinas, obreras, sindicales, por los derechos humanos, contra la guerra social que se encubre en la del narcotráfico. La importancia de esta octava asamblea es múltiple, ya que ocurre en un momento de gran efervescencia social en Michoacán y en el país, articulando procesos de resistencia de afectados con el movimiento magisterial de la Sección 18 y el movimiento estudiantil local, duramente reprimido por los gobiernos estatal y federal. Se espera, igualmente, la presencia de diversos movimientos que intentan unificar las luchas, como el Movimiento de Liberación Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Vía Campesina, el movimiento urbano popular y los jóvenes integrantes del Movimiento #YoSoy132, entre otros.

La octava asamblea ha procedido adicionalmente a organizar una decena de preaudiencias en campos específicos, como la destrucción de bosques, aguas, mares, ríos, tierras de cultivo, maíz, salud humana, vivienda urbana, etcétera, encaminadas a conformar un expediente pormenorizado de la devastación ambiental nacional, que permita fincar responsabilidades a actores precisos: empresas privadas y públicas, funcionarios públicos corruptos de todos los niveles de gobierno, científicos mercenarios y corporaciones, y con toda esa información poder organizar una demanda colectiva en contra del Estado mexicano que –por omisión y comisión– está ocasionando la destrucción extendida, deliberada, sistemática y dolosa del medio ambiente nacional.

 

Fuente: La Jornada