La minería avanza sobre la región con gran resistencia

por Juan M. España

Campesinos e indígenas luchan por la preservación del medio ambiente. Gobiernos cómplices y empresas voraces

 

PERÚ. América Latina, casi virgen y rica en recursos naturales, es el territorio pretendido por las mineras internacionales. En el último año, han desembarcado proyectos en Perú, Argentina y Bolivia. Se instaló la maquinaria de explotación y se instaló el conflicto: hubo choques entre ciudadanos, pueblos originarios y ecologistas con la policía.

Es el caso de Cajamarca, en Perú, que tal vez sea el grano de arena que muestra ese mundo: la minera estadounidense Newmont se instaló el 27 de julio de 2011 con unos 3,679 mil millones de euros para la ejecución del proyecto ‘Conga’, que busca extraer oro y cobre en la región. Los campesinos e indígenas reaccionaron y se desató la guerra.

 

EL PROYECTO DE CONGA

El proyecto millonario de la región de Conga busca extraer oro y cobre en la región de Cajamarca. Así mismo el gobierno aseguró inicialmente que esto beneficiaría la economía peruana. Pero eventualmente tuvo que frenar el proyecto debido a las protestas registradas en la zona, en la cual el presidente de Perú, Ollanta Humala, tuvo que declarar un estado de emergencia por varios días.

El principal cuestionamiento al proyecto es que, de realizarse, obligaría a secar cuatro lagunas naturales que surten de agua a la región. Obviamente, afectaría el modo de vida campesino, cuya principal actividad económica se centra en la agricultura y la ganadería.

Una de las organizaciones que apoya la lucha contra el proyecto es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú (FEMUCARINAP).

La presidenta de dicha institución, Lourdes Huanca Atencio, dijo a La Estrella que toda empresa minera tiene una necesidad abundante de agua para explotar la tierra, y de hecho esa es la razón por la que Newmont se estableció en la región. No solo se debe a que es una rica zona mineral, sino que además el fácil acceso al agua terminó de inclinar la decisión hacia esa región de Perú, donde hay varias lagunas.

Para Huanca Atencio el Gobierno intervino pero para beneficiar a la empresa. Incluso, dice ‘ha llegado a callar con fuerza, dándole prioridad a estas empresas. Al gobierno actual solo le interesa que esta empresa le pague, sin importar lo que suceda en ese territorio’, lamenta. Y agrega que la lucha campesina se enfrenta además a una ley que criminaliza las protestas y que convierte a los líderes de gremios, sindicatos, de los campesinos y organizaciones contra estos proyectos en ‘terroristas’.

La lucha de Cajamarca no es aislada, ya que Perú tiene una larga historia desde el siglo XIX en lo que es la explotación minera. Una experiencia de los daños ocasionados por la actividad se encuentran en la región de la Oroya.

 

CASO LA OROYA

En la Oroya no se explota directamente la tierra, ya que el mismo es un complejo metalúrgico. La metalurgia es el tratamiento de los metales desde minerales metálicos con el fin de producir aleaciones, que son el resultado de la mezcla de dos o más metales.

Pero el que no sea una región donde se explota directamente la tierra, no desmiente un hecho fundamental, está relacionado en última instancia con la minería.

Liliana Carhuaz es una pobladora de La Oroya que viene siguiendo el tema desde sus inicios y que compartió con La Estrella su historia y la de su pueblo.

Los daños más destacados, los primeros que nombra Carhuaz, son las consecuencias y las afecciones que ha causado a la salud de las personas. La herida más profunda de la empresa metalúrgica estadounidense Doe Run. ‘Desde que comenzó la metalurgia, el tema de la salud casi nunca ha preocupado al gobierno ni a la empresa del complejo. Casi hasta los años 90, fue que organizaciones no gubernamentales comenzaron a preocuparse por el tema’, dice Liliana.

Hay casos de plomo en la sangre en los niños, contaminación de las aguas con mercurio y contaminación del aire. Pero, ¿qué ha dicho la empresa al respecto?

‘Siempre argumentó que ellos no tenían la culpa, siempre han tratado de lavarse las manos. Eso fue hasta que se pudo comprobar que el único responsable fue el complejo metalúrgico’, dice Liliana. ‘Fue hasta que se empleó una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado otorgó medidas cautelares a algunas personas, para que fuesen atendidas, evaluadas y diagnosticadas’, cuenta Liliana.

Entre las pruebas que emplearon para responsabilizar a Doe Run están los estudios de una organización gubernamental llamada CONAM (ahora llamado Ministerio del Ambiente). Su estudio arrojó que el 99,7% de las emisiones tóxicas en toda La Oroya eran las que expulsaba la empresa Doe Run a través de sus chimeneas.

‘En el 2005 también se realizó un estudio con la Universidad de Missouri. En el estudio se evaluaron más de 13 metales con exámenes de sangre y orina a los pobladores. Se comprobó que todos esos metales se encontraban en las personas de La Oroya’.

No obstante, no solo provocaron daños en la salud de los pobladores, también en el medio ambiente. Según relata Liliana, el grupo Caritas Arquidiocesana pudo evaluar que el río que cruza La Oroya esta contaminado. Lo que impide que las mismas sean usadas para el riego o la bebida.

¿ Existe un control para evitar que esta historia se repita? El derecho ambiental ha sido una respuesta reciente en Perú, a partir de los años 90. Es una herramienta con la cual se crean normas y estándares para las empresas, que una vez sometidas a estas normas deben ser más cuidadosas en no afectar el medioambiente.

 

ALTERNATIVAS

‘Las primeras normas ambientales aparecieron desde el inicio de los 90’, cuenta a La Estrella César Ipenza, un abogado con estudios de especialización en Biología de la Conservación, y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

César comenta que en Perú el Ministerio de Energía y Minas era el responsable de la fiscalización ambiental, es decir, el responsable de verificar que las mineras cumplían con las normas y obligaciones ambientales. Esta responsabilidad la cumplió hasta el 2008.

El problema de Perú según César fue que al mismo tiempo que esta institución protegía las normas ambientales era también el organismo que promocionaba la minería en Perú, ‘quien promueve la actividad no puede ser quien a su vez apruebe los estudios ambientales y además los fiscalice’, dice César.

Fue entonces, en el 2008 que se creó el Ministerio del Ambiente. Esta nueva institución estaría a cargo de hacer cumplir las normas y estándares ambientales, dejando el trabajo de promoción para el Ministerio de Energía y Minas.

César confía en que el derecho ambiental puede ser una importante herramienta para el control de la minería en Latinoamérica.

Lourdes agregaría además que hay que ‘articular una unidad de fuerza y planteamientos por parte del pueblo autóctono. Y no solo por respetar los derechos humanos, sino también porque respeten el derecho de la Pachamama (madre tierra)’.

Concientizar y unificar esfuerzos es el consejo que nos brindan personas que llevan en la lucha varios años.

 

Fuente: La Estrella