Las tres reformas vienen de afuera

Por Tania Palencia Prado para COPAE

El viernes 12 de octubre, un día después de la novena en Totonicapán, el Ministro de Energía y Minas entregó al Congreso de la República un documento para reformar la Ley de Minería. Esa es otra imposición. Los grandes señores entran sin preguntar. Son abusivos. No dan ninguna validez a las 61 consultas comunitarias donde cerca de un millón de personas han dicho que no quieren minas que intoxican y contaminan. La vida no les interesan, menos los pueblos

 

Ya la gente sabe que las minas solo dan trabajo a unos pocos y también ha comprobado que provoca enfermedades, que se roba y contamina las fuentes de agua y que trae más conflictos que beneficios. Aún así los ministros de energía y minas insisten en reformar esta ley argumentando que es buena para el desarrollo, pero eso es mentira: lo que quieren es solo dinero. Se estimula más a las mineras que a la economía de los pueblos. Toda la política económica del Estado se basa en fomentar las industrias extractivas. ¿Acaso presentan leyes para elevar el salario mínimo o para reforzar el mercado de alimentos o para resolver los conflictos de tierra? No, a los grandes señores los Pueblos no les importan. Se ponen muy serios y todavía se atreven a regañarnos por ser tontitos y supersticiosos con la minería.

Los pueblos indígenas y los demás pueblos de Guatemala quieren otro desarrollo muy diferente al que se ofrece con las mineras. Quieren financiamiento y servicios técnicos baratos para sus cultivos, quieren mejores precios, mejores mercados para sus productos y también quieren decidir sobre los precios y los mercados. Sueñan con empresas que den dignidad al trabajo y con sus propias empresas. Exigen la aplicación de los convenios internacionales para decidir su propio desarrollo y hay también una propuesta de ley, donde organizaciones campesinas, pensando en sus comunidades, demandan un desarrollo integral.

¿Por qué le importa tanto la minería al Estado? Primero, porque los gobernantes prefieren hacer alianzas con los ricos de afuera que con los pueblos de adentro. La minería es un negocio de trasnacionales. Ellas entran, socavan, despojan y se llevan los metales y minerales porque los venden con jugosas ganancias. Y segundo, porque gobierno tras gobierno prefieren buscar unos pocos impuestos más de las mineras que aplicar una verdadera reforma fiscal, donde con justicia social se exija que paguen más tributos los que más rentas ganan.

La minería es un remolino para hacer alianzas públicas y privadas, una política mundial apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que busca acuerdos sólo entre empresarios. Ahora quieren reformar la ley minera para cobrar una pizca más a las trasnacionales y para facilitar alianzas con los monopolios nacionales. Las reformas ni siquiera mejoran los controles ambientales y crean un Consejo Minero con la función de “armonizar las regulaciones” atreviéndose a dar una silla a las industrias extractivas. Eso se llama pérdida de soberanía.

Igual sucede con la reforma educativa. Su viento lo soplan de afuera. La reforma educativa cree que la educación de maestros es una carga, por eso la entregan a universidades privadas. La necesidad de más educación y más escuelas ni siquiera es analizada, menos la necesidad de salud y alimentación de los escolares y de sus familias, ni toman en cuenta la educación para fortalecer la economía de las comunidades rurales. Su solución es muy fácil y es para otros fines: decidir que el Estado se ocupe sólo de “sacar gratis” a bachilleres para vayan a trabajar a las trasnacionales que están entrando al país.

Según la Ministra de Educación no hay nada de malo en que los maestros se formen de a poquito pagando su universidad, porque según ella hay muchos maestros. Estamos frente a una reforma maliciosa porque se atreve a definir un nuevo perfil de ciudadanía anulando de hecho a la actual Ley de Educación Nacional, pero mantiene deprimida la atención a la demanda de más educación pública. A esta reforma también la empujan de afuera y en América Latina ha sido propiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Esta reforma es perfecta para los negocios chapines que quieren abrir universidades pagadas por todos lados. Por eso ponen los 5 años en la carrera docente: para abaratar el ya bajísimo gasto público en educación.

Y en las reformas constitucionales también se cuela un viento colonialista muy parecido a todo este tufo mercantil: disminuyen los derechos de los pueblos indígenas. El paquete de reformas a la Constitución se cuida de no declarar como oficiales los idiomas de los pueblos originarios y, como bien lo han denunciado las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, borran de la Constitución la obligación que tiene ahora el Estado de reconocer y promover la organización social de los pueblos indígenas: sus autoridades, sus alcaldías.

¿De qué se trata este huracán de reformas? ¿Qué podemos aprender? Una enseñanza es que están abriendo brecha sin pedir permiso para instalar nuevos negocios que buscan mayor control sobre el trabajo y sobre el territorio de los pueblos. Pero la lección mayor consiste en darnos cuenta que no se puede mejorar la vida de los pueblos si se permite que otros tomen decisiones despreciando las necesidades y las propuestas que nacen de los mismos pueblos. La educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la economía son asuntos que deben ser consultados a los pueblos. Eso se llama democracia. En el Consejo de Pueblos se dan el valor de tomar decisiones y sostenerlas. El desarrollo que se está imponiendo busca dólares que se van volando después de agravar la pobreza y destruir montañas, playas y ríos.

Los partidos políticos que no se metan a sacar agua para su molino y, si hacen algo, que hagan algo bueno: escuchar a los pueblos porque no quieren que sus bancadas aprueben esas tres reformas en el Congreso de la República.

 

Fuente: COPAE