Megaproyectos: Presas, Minas y demás…

Por Scott S. Robinson
Antropología / UAM-Iztapalapa

Las presas grandes, obras de ingeniería civil con enormes inversiones de recursos públicos, son megaproyectos que arrojan ganancias para muchos gremios técnicos, proveedores diversos, contratistas de muchos servicios, autoridades y por supuesto banqueros.

En México y otros países las expropiaciones pertinentes a estas obras son justificadas por la “causa de la utilidad pública”. Pero al analizar la historia de los conflictos (y negocios) generados –desde el anuncio inicial, pasando por las acciones de la empresa coordinadora (pública y/o privada) y las respectivas expropiaciones o imposiciones realizadas, hasta cerrar las compuertas de la presa por primera vez–, se nota la carencia de diseños y de la ejecución de proyectos que respeten los derechos y el bienestar de los afectados. No se les ofrece participar en los beneficios de las inversiones que trastornan sus vidas.

Una revisión de los impactos regionales de diversas presas hidroeléctricas en México arroja una conclusión genérica: el desplazamiento obligado por el futuro embalse provoca mayor pobreza y la violación de derechos humanos y ambientales para familias y poblados “reubicados”. Otros megaproyectos también derivan estragos semejantes.

Hoy las presas –hidroeléctricas e hidráulicas– son ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del Estado (y sus socios), pero también símbolos de un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las comunidades, por los desplazamientos en condiciones discrecionales e injustas que generan. Me atrevo a afirmar que las presas representan un género de proyectos de inversión y despojo de gran escala que desplazan a ciudadanos y poblados de manera arbitraria, sin concederles participaciones en los negocios. Este nuevo género –que no merece nuestro respaldo bajo las reglas actuales– también abarca concesiones mineras, carreteras de cuota (Supervía Poniente-DF), campos eólicos, nuevos desarrollos petroleros, puertos industriales y desarrollos turísticos e inmobiliarios. El patrón histórico indica que los desplazados de hecho se convierten, sin consultas previas ni opciones dignas, en víctimas del “progreso”. Y el anuncio de cada proyecto detona un proceso de movilizaciones entre las pocas organizaciones sociales regionales que se oponen al modus operandi tradicional de estos megaproyectos, y quienes, últimamente, se aprovechan para bien de las redes sociales digitales para difundir y ampliar cualquier campaña.

Hay varios proyectos de presas grandes en el país con estudios de factibilidad técnica y financiera concluidos, y que han generado amplios movimientos sociales de resistencia, cuya eficacia ha paralizado, hasta hoy, las obras programadas: San Juan Tetelcingo (CFE/Guerrero), La Parota (CFE/Guerrero), Paso de la Reina (CFE/Oaxaca) y Las Cruces (CFE/Nayarit). Otros proyectos con estudios previos en fase avanzada enfrentan resistencias aún incipientes: Boca del Monte/Tenosique (CFE/Chiapas). Chicoasén II/Copainalá (CFE/Chiapas), Bicentenario (Conagua/Sonora) y Paso Ancho (Conagua/Oaxaca). No detallo los proyectos factibles de escala menor o mediana, al parecer por concesionarse a empresas privadas en los ríos de Chiapas, Puebla y Veracruz.

Además, se encuentran en su fase de construcción La Yesca (2012, CFE/Jalisco), Río Moctezuma (2014, CFE/Hidalgo) y Francisco J. Múgica (2012, Conagua/Michoacán). Estos últimos con impactos sociales reducidos. En cambio, la construcción de la presa hidráulica El Zapotillo (Conagua/Jalisco) registra 40 por ciento de avance y enfrenta la resistencia tenaz de una parte de la gente del pueblo de Temacapulín, previsto para sumergirse. La presa, también hidráulica, de Los Picachos (Conagua/Sinaloa), terminada en 2012, ha generado muchos conflictos hasta hoy por falta del pago de compensaciones y del cumplimiento de otros acuerdos con los seis pueblos afectados. De igual manera, hay compromisos pendientes para la única comunidad inundada y desplazada por la presa El Cajón, comisionada en 2006 (CFE/Nayarit).

El mosaico, conflictivo y presente a lo largo del territorio nacional, es complementado por pleitos entre empresas mineras, la mayoría extranjeras, que desarrollan concesiones para oro, plata y otros minerales en diversos puntos de la accidentada topografía nacional.

Presas y minas son hoy la cabeza de playa de un modelo extractivo de inversión pública y privada que despoja a los afectados a cambio de promesas, compensaciones pichicateadas y “reacomodos” sin futuro (por ejemplo Ciudades Rurales en Chiapas).

La magnitud de las resistencias sostenidas –con un enorme e injusto desgaste de los afectados movilizados durante meses, incluso años– indica que el modelo de planeación y ejecución de estos megaproyectos no es apropiado. Más bien, ya caducó. En corto, las inversiones autorizadas representan despojos disfuncionales y autoritarios por parte del Estado y sus socios. O las elites responsables del diseño, programación, financiamiento y ejecución negociada comparten un insólito nivel de cinismo –donde se celebra con gusto macabro el costoso juego político de vencer, por la ley o por la fuerza, a las resistencias inducidas por las injusticias y desconfianzas colectivas de los afectados ante los compromisos ofrecidos pero históricamente incumplidos en estas obras–, o el nivel de los negocios, legítimos y no, es tal que explica el rechazo de autoridades e inversionistas para modificar las reglas de operación.

El pueblo comparte una memoria histórica, y la bitácora de las presas proyectadas y el actual acelerado (¿fin de sexenio?) anuncio de más concesiones mineras e inversiones mixtas hoy acontece cada vez con más información y denuncias al alcance de todos. El modelo impuesto es injusto y muy costoso para los afectados y desplazados (y de paso, el país), pero todavía remunerativo para autoridades e inversionistas. Sin embargo, es evidente que este cuadro de confrontaciones continuas no puede sostenerse de manera indefinida.

Este escenario, nada encomiable, se resume así: una historia palpable de acciones sistemáticas por agencias del Estado –sexenio tras sexenio– construyendo presas (y cada vez más, aprobando otros megaproyectos con desplazamientos e impactos), donde se observa una socialización de los costos y una privatización de los beneficios; una planeación y administración inadecuada y, en efecto, negligente del futuro bienestar de los afectados por los proyectos, y la ausencia de una “controlaría social” para fiscalizar las obras.

Asimismo, hay desencanto y desconfianza generalizada entre los sujetos de proyectos receptores de promesas “para su desarrollo”, y eso es entendible por los incumplimientos, omisiones y corruptelas (costos de sombra) evidentes en las obras concluidas y conocidas, y el marco jurídico es deficiente, débil y fragmentado a nivel federal, donde se carece de los obligados análisis transparentes de los riesgos de mayor empobrecimiento y del diseño de instrumentos para garantizar por ejemplo la restitución de la capacidad productiva vigente antes de cada proyecto.

También: la falta de respeto a los acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); manifestaciones de impactos ambientales (MIA) parciales o sesgadas (a veces “confidenciales”) que soslayan el costo social y ambiental de las obras; la subutilización de plantas generadoras por parte de la Comisión Federal Estatal –se operan las hidroeléctricas a sólo 31.4 por ciento de su capacidad (Reforma, 23 de marzo, 2012)– al tiempo que se anuncian nuevos proyectos hidroeléctricos con inversión privada; las implicaciones de probables impunidades implícitas en obras por realizarse de acuerdo con la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (DOF 16-01-2012); la ausencia de un programa eficaz para el ahorro de energía y agua; el rechazo a considerar a los desplazados como socios en el respectivo negocio de cualquier obra, y, a final de cuentas, la carencia de un plan de desarrollo energético que respete a las comunidades y sus recursos, concediéndoles beneficios concretos en la explotación de los recursos del subsuelo, el agua y los bosques en sus territorios ancestrales. Así, no debe sorprender el actual nivel de oposiciones y resistencias ante los megaproyectos.

Para reconocer los derechos morales de los afectados, se requiere una reforma jurídica integral a nivel federal, junto con un notable cambio en los valores y acciones – la cultura política– de las autoridades responsables del diseño y/o autorización de los megaproyectos, junto con sus socios del sector privado y la banca.

Hoy día la propuesta de reformar las reglas de operación es utópica, y la lucha para transformar el modelo de desarrollo energético enfrenta muchos intereses encumbrados. Un paso importante, sin embargo, ha sido la aprobación reciente de una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas (Periódico Oficial No. 355, Tuxtla Gutiérrez, 22 de febrero, 2012), donde se asienta, entre otras, una causal pertinente: “catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”. Los megaproyectos –presas, minas de tajo abierto, carreteras de cuota, etcétera– suelen ser catástrofes pronosticables y provocadas, según los criterios que consideramos sensatos, justos y conforme a una emergente jurisprudencia internacional.

La nueva ley chiapaneca es un simple punto de partida; su reglamentación está pendiente, y requiere una movilización de la sociedad civil y cambios profundos en la ética política para que se aplique cabalmente. Es momento de reproducir esta ley a nivel federal y en los demás estados. Mientras esto sucede, no hay condiciones para avalar los nuevos megaproyectos diseñados con reglas caducas y autorizados por entes oficiales con criterios discrecionales e ilegítimos. Los inversionistas también deben tomar nota.

 

Fuente: La Jornada