Buscan indígenas alternativas a gran minería en Ecuador

marcha-ecuador-contra-mineriaQuito.- La organización indígena ecuatoriana Ecuarunari anunció hoy que diseña una alternativa económica a la gran minería, a la que se opone con el argumento de que provoca daños ambientales.

“Estamos debatiendo los impactos ambientales, culturales, sociales y construyendo una propuesta alternativa de economía”, dijo en un documento divulgado en esta capital.

Añadió que ello es parte de “un proceso complejo para que las luchas locales de las comunidades afectadas por la minería o las hidroeléctricas tomen una visión nacional“.

Ecuarunari es una de las varias organizaciones indígenas y comunitarias, concentradas en especial en el suroriente del país, que objetan la política del presidente Rafael Correa de impulsar el desarrollo de la minería a gran escala.

El mandatario dice que impulsará a este sector porque el país necesita recursos para continuar financiando programas sociales para hacer efectivo el “buen vivir” que postula la carta magna de 2008 y las propias comunidades.

Ecuarunari, la más grande organización indígena de la zona andina de Ecuador, sostuvo que la minería es una actividad que cuando entra a un sitio, no sale jamás y “es un modelo que significa la muerte de la biodiversidad, por lo que “no podemos permitir que entre”.

El gobierno del presidente Correa y algunas organizaciones indígenas mantienen una dilatada confrontación en torno al tema minero y en general a la explotación de recursos naturales no renovables, inclusive el petróleo.

El mandatario promete que el desarrollo de la gran minería así como la eventual extracción de crudo de nuevos campos evitará al máximo la destrucción del ambiente, y que los recursos que ellas generen se invertirán en proyectos sociales de las propias comunidades.

En marzo pasado, el gobierno firmó un contrato con la empresa china Ecuacorriente para la explotación de un yacimiento en el sur del país y está en negociaciones con la canadiense Kinross.

Sin embargo, las negociaciones se han dilatado a la espera de una reforma legal para aumentar el porcentaje de los precios altos del mineral con el que se quedará una minera, el cual, al momento está fijado en el 50 por ciento.

El proyecto de reforma está en manos de Correa, quien deberá decidir el momento en que lo envía a la Asamblea Nacional para su aprobación.

El gobierno no tiene mayoría suficiente en la legislatura, en donde al momento también está parado el tratamiento de otros proyectos de ley enviados por el mandatario.

Mientras, Internacional Minerals Corporation (IMC) ha decidido vender dos concesiones de yacimientos de oro, en la provincia de Azuay, en el sur del país, por “falta de claridad en la implementación de una nueva regulación minera”, según el rotativo El Comercio.

Ese diario recuerda que en julio pasado, la empresa Iamgold también vendió su concesión a la candiense INV, en la misma provincia de Azuay, con un castigo en su precio.

 

Fuente: El Periódico de México