Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África

Introducción

Canadá en la “Mafiafrica”

Es imposible ojear cualquier diario, indistintamente, del día, mes, o año, sin encontrar, a cada línea, signos de la perversidad humana más espantosa, y al mismo tiempo las jactancias más sorprendentes de honradez humana, de bondad, de caridad, y las afirmaciones más descaradas relativas al progreso y a la civilización.

-Charles Baudelaire

 

Ese día, bajo el sol de Toronto, el hijo de Pierre-Elliott Trudeau declaraba: “Es necesario ampliar las fronteras de Canadá hasta que coincidan con las fronteras del mundo”. Los aplausos fueron unánimes.

Esta afirmación, a la vez ingenua pero muy grave, que en otras regiones del mundo sería vista como un llamado a un renacimiento colonialista, en términos de la semántica canadiense, al contrario, se pretendía como una profesión de fe magnánima.

Al parecer, nosotros [los canadienses] somos intrínsecamente buenos y capaces únicamente de hacer el bien.

Es esta mistificación la que cuestionamos en este libro.

El mundo experimenta ampliamente los efectos de Canadá: injerencia política y contratos leoninos en la frágil República democrática del Congo, acuerdos con jefes de guerra, vendedores de armas y mercenarios a sangre y fuego de la región de Los Grandes Lagos, redes mafiosas en Uganda, país vecino, incremento de las tensiones armadas alrededor del petróleo de Ituri, mineros enterrados vivos en Tanzania, corrupción en Lesoto, envenenamiento masivo y “genocidio involuntario” en Malí, expropiaciones brutales en Ghana, Marfileños convertidos en conejillos de indias de farmacéuticas, represas hidroeléctricas devastadoras en Senegal, privatización salvaje del transporte ferroviario en África Occidental…

Las empresas canadienses respaldadas por nuestro gobierno afligen al África mientras que nos alivian aquí [en Canadá], lejos de tanta violencia, pronunciando discursos tranquilizadores en relación con nuestra propia persona.

Nuestro trabajo, en estas páginas, consiste en dar cuenta de los abusos notorios que numerosas empresas canadienses cometieron en el continente negro; analizar el apoyo político y diplomático que le suministraron las autoridades políticas de Canadá, y asimismo; establecer el contexto geopolítico y financiero de la explotación descarada de África en la cual las empresas canadienses participan frenéticamente.

Consagramos entonces nuestra investigación a los “intereses canadienses” en todas sus formas, entendiendo por esta expresión los actores en tres niveles: las empresas que tienen su sede en Canadá y constituyen aquí empresas de derecho, las empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Toronto o en otras ciudades canadienses, y por último, los inversores de Canadá comprometidos en las estructuras inscritas en otras partes del mundo (con más razón si se trata de un paraíso fiscal).

Una jurisprudencia que tiene dificultades para imponerse en el nuevo orden económico mundial, tiende a prescribir que las empresas inscritas en la Bolsa o registradas en un país, al igual que los residentes de este último, deben responder a las leyes o costumbres políticas en vigor en dicho país. El “panel de expertos” delegado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, autor de numerosos informes sobre el contexto mafioso de las transacciones económicas ocurridas en Congo oriental (República Democrática de Congo) entre 1966 y 2003, propuso que: “Los gobiernos de los países de los individuos, las empresas y las instituciones financieras que participan sistemática y activamente en la explotación ilegal de recursos deben asumir la responsabilidad que les corresponde. Estos gobiernos tienen poder para regular las actividades de tales personas y entidades y para sancionarlas. Pueden ajustar su legislación nacional para investigar y enjuiciar a los traficantes ilegales”.

Si el gobierno canadiense acatara esta recomendación debería entonces, en principio, estar desbordado.

En teoría, el Canadá está de acuerdo con esta responsabilidad, al menos así lo expresó, en 2006, cuando se distribuyó al público en general un folleto, en el contexto de una “Mesa Redonda sobre la explotación minera en África”. Aunque “establecer la nacionalidad de una empresa extractiva es una cuestión compleja”, este documento de trabajo, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, reconoce como canadienses a las empresas que mantienen un vínculo con el país, así como aquellas que se instalaron en Canadá desde el extranjero, sin mencionar, por supuesto las sociedades que se constituyeron en el mismo Canadá.

“En un extremo del espectro se encuentran las empresas que están inscritas simplemente en las Bolsas canadienses, sin que se pueda establecer un vínculo con Canadá. En otro extremo, se encuentran las empresas cuya sede central está en Canadá, que emplean una mayoría de residentes canadienses como personal y están regidas por un directorio establecido en Canadá. En las mesas redondas nacionales [que se llevaron a cabo entre 2005 y 2007], se empleará el término de “industrias extractivas canadienses” que incluye a todas las empresas de este espectro”.

Todas estas empresas se someten entonces al gobierno canadiense porque todas ellas, se benefician con las ventajas que les confiere el marco jurídico, institucional y fiscal del país.

Según el documento, les incumbe a las autoridades canadienses asegurar que las  empresas situadas aquí hagan prueba de “responsabilidad social” en relación a las cuestiones políticas, ambientales y económicas.

Solo es posible creer en tantas buenas intenciones si se cree en la falsa reputación de “buen muchacho” que Canadá se construyó en la esfera internacional. Canadá utiliza, además todos los documentos y declaraciones que encuentra para probar sus buenas intenciones, reclamando no solamente su pertenencia a la OCDE, sino también a la Sociedad Financiera Internacional y al “Pacto Mundial de Naciones Unidas”.

En los hechos, sin embargo, Canadá demuestra hasta el presente, un apoyo sin reservas a las empresas privadas -incluso cuando saltaba a la vista que ellas fueran culpables-, creándoles una Bolsa a su medida, programas fiscales e industriales de desarrollo, un apoyo diplomático en el extranjero que no teme las alianzas de mal gusto, sin hablar de la embarazosa presencia en África, en nombre de intereses privados de los ex-primeros ministros Jéan Chrétien (tesis 2, glosa 3; tesis 5, glosa 4; tesis 6, glosa 2; tesis 6, glosa 3) Joe Clark (tesis 2, glosa 4) y Brian Mulroney (tesis 1, glosa 1; tesis 3, glosa 1).

¿Por qué entonces Canadá reivindica un derecho e incluso un deber de vigilancia e intervención de todas las empresas canadienses o registradas en Canadá, que estén interesadas por África, mientras que no ha demostrado nunca hasta ahora rectitud hacia ellas?

La respuesta se encuentra en la misma pregunta. Ésta es desgraciadamente nuestra hipótesis. Salta a la vista que Canadá reclama todos sus poderes sobre las empresas privadas presentes en el país, no para sancionarlas según el caso, sino para ofrecerles su protección política, jurídica y diplomática. Algo que se asemeja a una perversión jurídica de reglas del derecho y de las normas internacionales que afirma suscribir.

Las empresas canadienses que hacen estragos en África se desarrollan, la mayor parte, en la actividad minera y Toronto se impone sin discusión como el centro financiero de predilección de las empresas mineras en el mundo. Nos preguntamos entonces: ¿Canadá se está transformando, como otros lugares del mundo se transforman en paraísos fiscales o puertos francos, en un “paraíso jurídico” para las empresas mineras (o incluso las petroleras)? ¿Despliega discretamente su soberanía política alquilando su protección en distintas instancias a entidades extranjeras para garantizarles la impunidad en el extranjero, como lo hace ya en materia de evasión fiscal y de tráficos ilícitos en los paraísos fiscales?

Lamentablemente, al observar al gobierno federal, debemos responder afirmativamente. Canadá protege política y jurídicamente a las empresas inscritas en el país, justamente, para que jurídica y políticamente dichas sociedades no se sientan en ningún caso amenazadas por algún acto de presión de ningún tipo. El Canadá confirma estas intenciones durante las “mesas redondas” sobre las compañías mineras canadienses en el mundo frente a la recomendación del comité consultivo de adoptar las disposiciones necesarias para que las empresas de aquí que cometieron crímenes en el extranjero, puedan ser llevadas ante la justicia.

El “Comité consultivo del proceso de mesas redondas”, integrado por representantes de la industria minera, de la sociedad civil, sindicatos, universidades y antiguos empleados de las empresas mineras, recomendó, en su informe del 29 de marzo de 2007, que el Código Penal canadiense tenga un alcance “extraterritorial”, con el fin de que un Estado de derecho pueda encuadrar la actividad de las empresas en aquellas regiones del mundo en donde el Estado está en decadencia. Sin embargo, no buscó persuadir al gobierno canadiense y más bien se censuró ante los medios de comunicación. Considerando con antelación que Ottawa declararía esta medida “anticonstitucional” o contraria al derecho internacional, el grupo se contentó con poner de relieve un argumento blando: la instauración de normas y medidas estrictamente de recomendación, así como el nombramiento de una Defensoría del Pueblo canadiense para recibir las quejas de las poblaciones afectadas en el extranjero por las empresas de aquí, sin ningún tipo de medidas obligatorias.

Por lo demás, los firmantes completaron su informe con alusiones complacientes respecto del rol que el gobierno de Canadá debía jugar en los países donde se instalan sus empresas, como establecer reglas de “gobernanza”, como si tuviera la legitimidad moral y política para hacerlo.

Parece estar lejos el día en que una empresa canadiense se sienta inquietada jurídicamente a causa de sus compromisos en el extranjero. En estas condiciones, África está demostrando ser un terreno fértil para estas empresas. Las empresasmineras y petroleras, en el caso de la zona oriental del Congo, han hecho todo lo posible para asegurarse de que siempre reine el caos, mientras imponen su control a cualquier grupo local que pretenda cambiar las reglas del juego. “El África negra está en marcha. Su economía informal se porta de maravilla. Su producción fantasma está en plena expansión. África logró entrar en la competencia mundial de la globalización salvaje. El continente es una metáfora viviente, la utopía realizada del laisser faire, y sobre todo del laisser passer”, escribe, lúcido, el escritor Bolya en Afrique, le maillon faible.

Asegurándose que el Código Penal nunca traspasará sus fronteras, el Canadá da paso a las aspiraciones, maniobras y métodos de las empresas que actúan en la “mayor zona del mundo fuera del Estado de derecho”, es decir al África. “África es, de hecho, ese rincón del planeta Tierra donde todos los soliloquios sobre el Derecho internacional y los derechos humanos se evaporan.

Es un lugar único en la galaxia, donde todo el tráfico y todas las estafas privadas o públicas tienen cabida”. Las minas de diamantes, oro, cobalto y cobre, los yacimientos de petróleo, los medicamentos adulterados, los diques elefantíasicos, las empresas ferroviarias, son considerados como la parte de la “torta”, llamada África, que el Occidente no termina de repartirse desde que el rey Leopold II de Bélgica dio origen a la expresión, en 1877.

Los beneficios que el Canadá obtiene de la “Mafiafrica” se miden en la cobertura legal que el gobierno de este país otorga tácitamente a sus empresas, en el beneficio de lo que Canadá obtiene de la “Mafiafrica”.

 

Descargar libro completo