El capital minero depredador y las simulaciones de la Semarnat

Por Gilberto López y Rivas

morelos-mexicoLa amenaza del proyecto de explotación minera a cielo abierto en el cerro del Jumil, municipio de Temixco, Morelos, denunciada la semana pasada (La Jornada, 8/2/13), es sólo la punta del iceberg de otras seis concesiones adyacentes que los gobiernos panistas otorgaron a la Esperanza Resources Corporation, entre marzo de 2002 y agosto de 2009, renunciando a consideraciones nacionales de carácter estratégico. En su conjunto, estas concesiones comprenden una superficie de nada menos que 15 mil 25 hectáreas, en las que se han encontrado yacimientos de oro y plata, principalmente. Todo indica que este proyecto, de iniciarse la etapa de explotación como está planeada, a partir de 2014, constituiría un grave daño a la salud, al medio ambiente (flora, fauna, recursos hídricos, etcétera), al patrimonio cultural y, en suma, a la vida toda de la región al sur de Cuernavaca, capital del estado. Esto significa que no son sólo los ciudadanos de Tetlama y el área circundante quienes deberían estar movilizados en contra del capital minero depredador, sino también quienes habitan las densamente pobladas zonas aledañas.

En el NI 43-101 Technical Report, elaborado por expertos de Golder Associates Inc, de fecha enero de 2012, se presenta una evaluación económica preliminar del Proyecto Cerro del Jumil, sustentado en investigaciones en el terreno, 9 mil 469 metros de perforación, el análisis metalúrgico de aproximadamente 18 toneladas de material de superficie coleccionado de localizaciones múltiples, así como el estimado de costos de instalación y operación. Permeados de la mentalidad imperial y el reduccionismo economicista propios de estos empleados de las trasnacionales, los autores hacen sus análisis prescindiendo de todo contexto social, político o cultural en los que el proyecto está inserto; para ellos, el espacio territorial es una “propiedad minera” ( mining property), de la que es necesario dilucidar el eventual monto de la inversión, confrontándolo con los beneficios probables. Así, se reporta obtener un estimado de más de un millón de onzas de oro y otros tantos de plata, con una inversión de no más de 332 millones de dólares por los seis años que calculan duraría la operación minera. Negocio redondo.

Naturalmente, estos proyectos económicos de corte neocolonial no podrían llevarse a cabo sin la obsecuente ayuda de los colaboracionistas mexicanos, quienes en su papel de encargados del Ejecutivo federal en turno, legisladores de-qué-importa-qué-partido, funcionarios de los tres niveles de gobierno, consultores, expertos, abogados, comisariados venales de bienes comunales y ejidales, facilitan al máximo y en condiciones vergonzosas la entrega de concesiones por 50 años prorrogables –ya de 26 por ciento del territorio nacional–, dan las autorizaciones para la exploración, hacen los cambios de uso de suelo, elaboran dictámenes siempre-favorables-a-las-corporaciones, tuercen las leyes y hacen una simulación de los procesos de “información” y “consulta” que todavía exigen la Constitución y el marco jurídico.

En esta clasificación de colaboracionismo entra, con todos los agravantes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que con el sigilo debido para no provocar la presencia de la prole (¡siempre proclive al desorden!) organiza una consulta pública (sic) del proyecto “Mina Esperanza, Tetlama, Morelos”, a partir del 11 de enero de 2013, y convoca “a las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general (sic), a participar en la reunión pública de información”, acerca del proyecto promovido por la Esperanza Silver de México, SA de CV, y que se llevará a cabo el 21 de febrero de 2013, en las instalaciones de la Ex Hacienda de Temixco, Morelos.

Es inaudito que Semarnat, a estas alturas, lleve a cabo una consulta pública-clandestina para legitimar a una corporación minera, depredadora de todo entorno vivo, a la que le regalan miles de hectáreas del territorio del segundo estado más agredido ambientalmente en toda la República, después de Tabasco; que se llevará todo el oro y la plata al extranjero, dejando a su paso desolación y muerte, como lo hicieron los conquistadores ibéricos durante la Colonia.

Los tiempos diferenciados y discriminatorios de participación, los procedimientos para presentar “ponencias” con previa entrega de los textos, para control y censura de su contenido, las desmesuradas reconvenciones al orden para el “ejercicio de participación ciudadana” que se encuentran en la convocatoria de la Semarnat, son funcionales para los fines y beneficios de la corporación minera, y para el cumplimiento espurio de leyes y reglamentos. Mientras los funcionarios de la minera tienen hora y media para presentar su proyecto, “un representante que designe la comunidad indígena de Tetlama” cuenta con 15 minutos, retaceados por un moderador parcializado. Pero, eso sí, la participación se concede “en cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT)”, el cual ciertamente mandata el derecho a la consulta, pero ésta deberá ser hecha a los pueblos a través de sus órganos colectivos de decisión y deberá ser previa, libre e informada. En Tetlama no ha habido ninguna asamblea del conjunto de los ciudadanos para decidir colectivamente sobre la presencia de la empresa minera, la cual ya está entregando dinero a comuneros y empleando a 60 de ellos en trabajos de exploración. ¿Por qué se silenció tal encuentro en las comunidades circunvecinas adversas a la iniciativa? ¿Cuándo se hicieron las consultas para aprobar que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la Ley Minera sean de utilidad pública, y preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno?

El respeto a las tradiciones comunitarias y su responsabilidad de proteger el medio ambiente han quedado fuera del horizonte maiceado de la Semarnat.

 

Fuente: La Jornada