Falta definición sobre el tema de minería

peligro-mineriaLos expertos en la industria minera señalan que Guatemala tiene gran potencial para explotar minerales preciosos, como también advierten los expertos en temas ambientales el peligro que representa que se permita el desarrollo de esta actividad económica, tan polémica como rentable a lo largo y ancho del mundo.

El primer gran tema controversial se centra en a quién beneficia la riqueza que se produce. En la mayoría de los casos, termina en manos de las empresas multinacionales, con algunos beneficios para las comunidades, mientras que los países que aportan el oro y la plata, que no son renovables –para mencionar los metales preciosos que hay en nuestra tierra–, se quedan, literalmente, con las migajas, pero también con el daño ambiental.

Las controversias en torno a la minería no terminan. Ahora se sabe que un nuevo proyecto de la poderosa empresa canadiense Goldcorp, la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa, ha desatado la preocupación en el vecino El Salvador, en donde se teme que la proximidad del proyecto le lleve allá la contaminación que este tipo de explotaciones suele provocar.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) ha solicitado una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para establecer el peligro que esta mina representa para los pueblos aledaños salvadoreños, lo que implica, de alguna manera, un conflicto internacional para Guatemala.

El problema de fondo es que aquí ni siquiera se ha definido con claridad si queremos convertirnos en un país de vocación minera, pero con el respaldo de la población. En vez de ello, para evitar la discusión y resolución de una manera democrática, se ha buscado el camino engañoso de impulsar la minería, mientras se evita que los pueblos puedan expresarse, al mismo tiempo que tampoco se les informa sobre los pros y los contras de la actividad.

Al mismo tiempo, se propone una Ley de Minería que no contempla, ni resuelve, la debilidad que tiene el país en materia de controles ambientales. Hasta la fecha, el Ministerio del Medio Ambiente ha demostrado, tristemente, que es una instancia sin fines de protección ambiental y, totalmente contrario a lo que se debería esperar, promueve la explotación de recursos sin la debida protección y garantía.

Por supuesto que debatir y someter a un proceso democrático un tema tan delicado no es fácil, pero no es lo correcto asumir un camino que, al menos por las expresiones populares, parece gozar del rechazo de la mayoría de las comunidades que se ven afectadas de manera directa.

Por cierto que después de un año de gestión, sería interesante que el Ministerio de Ambiente diera un informe sobre la labor realizada. La percepción que existe es que si siempre ha sido una institución que no aporta nada o casi nada, bajo la actual administración ha sido más bien contraria a lo que se espera de ella, es decir, que en vez de luchar por la protección ambiental, ha fomentado la explotación de recursos con mentalidad mercantilista y no ambientalista.

Definir qué tipo de país queremos ser en torno a la minería sería actuar de cara al sol. Lo contrario, es seguir respondiendo únicamente a los intereses multinacionales.

 

Fuente: Siglo XXI