Nicaragua: Oro divide en Santo Domingo

Por JOSÉ ADÁN SILVA/ I entrega

La llegada de una compañía minera extranjera despertó varias cosas en este pueblo alejado: expectativas de desarrollo local, temor por el medioambiente y una gran ambición por dinero. Junto con eso, llegó la violencia

pequennos-mineros-nicaraguaEl sonido seco de una explosión perdida en la oscuridad, interrumpe el silencio de la madrugada en este poblado de mineros silenciosos que van, con picos, palas y mecates a cuestas, rumbo a los cerros brumosos a buscar oro.

Es parte de la vida diaria esa marcha silenciosa, lo único extraño del ambiente, hasta hace pocos días, eran esos sonidos explosivos que de vez en cuando, a cualquier hora de día, estallan por los aires.

Son morteros artesanales. Esos artefactos que simbolizan la violencia urbana y política del país, han aparecido por estos cerros de Santo Domingo desde el pasado 9 de febrero.

Aquel día, sábado, en una madrugada como esta, la Policía Nacional desalojó por la fuerza a un grupo de hombres y mujeres que habían sostenido por cuatro meses un tranque a la entrada del poblado, para impedir el acceso a las maquinarias y trabajadores de la empresa Desarrollo Minero de Nicaragua Sociedad Anónima (Desminic SA).

Esta empresa es la asociada nacional de la corporación canadiense B2Gold, la cual está a cargo de la explotación de oro del proyecto Jabalí Central, ubicado en el municipio de Santo Domingo, Chontales, a 190 kilómetros de Managua, en la región central del país.

Hasta el año pasado la empresa salía en los medios a través de pequeñas notas de inversión social: viveros, escuelas, acopios de leche, donaciones a niñez, rellenos sanitarios, caminos…

Desde el 9 de febrero a la fecha, cuando se habla de la compañía, se le liga a un conflicto social que, junto al desalojo a los autores del tranque y la violenta detención policial a 12 pequeños mineros, ha motivado protestas de organismos defensores de derechos humanos y grupos ambientalistas, inquietud en el sector empresarial y la reacción política de la Asamblea Nacional que ya mandó a investigar qué ocurre aquí.

 

B2Gold: “nos exigían dinero”

Pablo Francisco Venturo Díaz, ingeniero de origen peruano, es el representante legal de Desminic SA, a cargo del proyecto Jabalí Central, de extracción de oro.

En sus oficinas en Santo Domingo, acompañado de un mapa enorme tendido sobre una mesa y de una laptop, más una asesora en relaciones públicas y una especialista en medioambiente, se extiende metódicamente para explicar el origen del conflicto desde la visión de la empresa.

A Desminic la acusan en el pueblo de despojar de derechos de minería artesanal a centenares de familia, de deforestar un cerro, de amenazas de contaminación de fuentes de agua locales, de invertir poco en proyectos sociales y más recientemente, de usar a la Policía y a las autoridades judiciales para garantizar sus inversiones y apresar a pequeños mineros que exigían acuerdos de indemnización con la compañía.

Venturo, con cierta expresión de preocupación en el rostro, da sus versiones del conflicto y revela un dato que por sí mismo habla de la magnitud del problema: casi cinco meses de bloqueo a las actividades mineras por parte de pobladores, ocasionaron daños iniciales a la empresa estimados en siete millones de dólares.

El conflicto, aclara Venturo, no inició el 9 de febrero; ese día solo se detonó lo que él considera una intransigencia colectiva que inició el 17 de septiembre del 2012.

“Por la fuerza, cinco grupos de pequeños mineros toman la decisión de bloquear los caminos de acceso al plantel; deciden impedir el tránsito de personas y vehículos, de los empleados y personal de la empresa; lo más grave, interrumpen una serie de proyectos sociales, que ya habían sido iniciados en el marco de un convenio con las autoridades locales para beneficio de la comunidad”, explica.

Dice que ellos son acusados de interrumpir la antigua práctica de minería artesanal que por generaciones han desarrollado los pequeños mineros locales.

Venturo niega, tajante, que eso sea cierto. Admite que la empresa compró fincas vecinas al proyecto para garantizar el desarrollo de la obra. En esas fincas, ahora propiedad de B2Gold, los pequeños mineros eran contratados o extraían materiales de manera individual o en grupos.

 

¿En tierras ajenas?

Ahora, dice el gerente de la minera, los pequeños mineros siguen ingresando a la zona privada e incluso al lote dado en concesión por el Estado a B2Gold, lo cual, afecta los intereses de la empresa.

“Sin embargo, no los sacamos de ahí, lo que hemos hecho es tratar de organizar la extracción y el ingreso y garantizar que con sus métodos de extracción no contaminen la propiedad, porque somos responsables de esas tierras y debemos responder ante la autoridades por lo que ahí ocurra”, explica Venturo.

Los cinco grupos de pequeños mineros pertenecen a comunidades aledañas a la mina, por lo cual la empresa, explica el gerente, los llamó a dialogar para resolver las demandas colectivas de otro modo que no fuera pagando millones de dólares a personas que no son propietarias de tierra o que no tienen asidero legal para reclamar.

“Antes del tranque teníamos un proceso de diálogo, habíamos recibido desde mayo del 2012, cartas de cinco diferentes grupos de pequeños mineros artesanales exigiendo compensaciones que llegaron a sumar 38 millones de dólares”, cuenta Venturo.

“Es decir, el conflicto surge por la exigencia económica de estos grupos, como condición para que la empresa pudiera continuar su proyecto”, explica Venturo.

La demanda, explícita en las cartas de reclamo, se justifica en que los pequeños mineros se sienten desplazados de sus fuentes de ingreso por minería, debido a que B2Gold adquirió las tierras donde ellos han trabajado desde hace décadas.

“Ellos alegaban que eran compensaciones por supuestos daños que nunca nos han demostrado, nunca abrieron un juicio, no se quejaron ante las autoridades correspondientes, no nos informaron daño alguno, no hay una sola denuncia antes del desalojo, ante cualquier autoridad policial, judicial, municipal o ambiental, sobre daño que hayamos provocado y aun así, les permitimos entrar y trabajar y les ofrecemos beneficios que nadie más les ofrecería aquí”, explica Venturo.

El tranque, dice la empresa, no solo provocó daños financieros a la minera, sino que además provocó el atraso y la pérdida de varios proyectos de inversión social, echó a perder el trabajo del relleno sanitario realizado el año pasado, destruyó un vivero de miles de plantas, atrasó un proyecto de acopio lechero y sobre todo, provocó actos vandálicos contra la empresa y sus trabajadores, al grado que una perforadora de pozos de 460 mil dólares fue quemada.

La empresa, con 24 millones de dólares invertidos, no ha comenzado a extraer oro y, por el contrario, se queja de pérdidas millonarias por el bloqueo.

“Estamos dispuestos como empresa a invertir en la comunidad, crear empleos y recursos, pero no vamos a pagar algo que no debemos”, dijo Venturo.

 

Fuente: La Prensa de Nicaragua