Los derechos de los pueblos y la minería

Por Marcos Leyva*
Servicios para una Educación Alternativa AC-EDUCA/
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios/
Rema / M4

oaxaca-contra-mineriaOaxaca es uno de los estados de México con mayor riqueza de diversidad biológica. Cuenta con gran variedad de ecosistemas, como selvas húmedas y secas, bosques templados y de niebla y manglares, además de yacimientos de minerales, cuencas de agua, viento, etcétera.

Tres cuartas partes de esta biodiversidad está en tierras de pueblos y comunidades indígenas: 72 por ciento del territorio del estado es propiedad comunal y ejidal, es decir colectiva. Y hoy el gran capital trasnacional está al acecho de este territorio.

Con el argumento que Oaxaca es de los estados más pobres y marginados, la iniciativa privada internacional y nacional, junto con los tres niveles de gobierno, promueven “inversiones” para poder “detonar” el “desarrollo”. Una evidencia es que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla inversiones públicas y privadas para impulsar el Plan Territorial de las Infraestructuras de Oaxaca, mejor conocido como Proyecto Platino, que implica 13 proyectos de alto impacto.

En este contexto, el gobierno estatal ha privilegiado a la minería como el motor del desarrollo económico, a pesar de que la actividad sólo aporta 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal; con ello privilegia claramente al capital privado nacional y extranjero, ya que 80 por ciento de las empresas en el estado son privadas.

El Plan Estatal de Desarrollo tiene entre sus principales objetivos “la promoción del desarrollo sustentable de la minería con la participación de instituciones y empresas que generen proyectos de mediana y gran escala (…) para convertir a la minería en un sector estratégico para el desarrollo económico de la entidad”.

Datos del Servicio Geológico Mexicano señalan que entre enero de 2002 y junio de 2011 se entregaron 344 títulos de concesión minera, con una superficie de 742 mil 791 hectáreas, esto es 7.78 por ciento del territorio estatal. Las concesiones están distribuidas en las ocho regiones y benefician principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses.

El desarrollo basado en el modelo extractivista en Oaxaca ha tenido costos altos para las comunidades y pueblos, por la violación de sus derechos colectivos, consagrados en leyes nacionales e internacionales.

Según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, “Las industrias extractivas, tales como la extracción de minerales, petróleo y gas, han demostrado ser especialmente problemáticas y continúan teniendo efectos desproporcionados sobre los pueblos indígenas. En particular los megaproyectos (tales como la minería, el petróleo, la extracción de minerales, petróleo, gas y madera, las plantaciones de monocultivo y las represas) generan graves problemas para los derechos indígenas. Las repercusiones de tales proyectos incluyen daños ambientales a las tierras tradicionales, además de la pérdida de cultura, conocimientos tradicionales y modos de vida, lo que a menudo tiene como resultado conflictos y desplazamiento forzado, una mayor marginación, aumento de la pobreza, y una declinación en la salud de los pueblos indígenas”.

El diagnóstico de “Agresiones a defensores y defensoras comunitarias”, realizado por Servicios para una Educación Alternativa ( EDUCA) en el 2012, dice:

En Oaxaca se modernizó el autoritarismo, a su vez se hicieron más sofisticados los métodos de violaciones a los derechos humanos. En el pasado eran los viejos caciques de ‘horca y cuchillo’ quienes consideraban que podían mandar en la vida de las personas. Ahora son las empresas e inversionistas quienes afectan los entornos sociales, económicos y culturales al explotar minerales, construir carreteras, generar energía eólica, desarrollar unidades habitacionales, sembrar transgénicos, en muchos casos, con total apoyo de los gobiernos municipal, estatal o federal (…)

El diagnóstico arroja un dato importante: que en 320 días se registraron 120 actos de violencia contra defensoras y defensores, es decir uno cada tres días. Esto demuestra el alto grado de indefensión que sufren los defensores ante el poder y la violencia de las trasnacionales, que muchas veces tienen la protección de los gobiernos de los tres niveles.

La defensa del territorio en Oaxaca implica un riesgo mayúsculo, por el escaso marco legal de protección a los derechos colectivos y al derecho de defender de las y los defensores comunitarios; sin embargo, en la Sierra Norte, Mixteca, Sierra Sur, Valles Centrales e Istmo han iniciado el camino de la defensa del agua, de la tierra, del maíz, del viento, etcétera. Hoy en Oaxaca se libra una batalla entre dos formas distintas de entender y relacionarnos con la naturaleza y de concebir el desarrollo, cómo tenemos que crecer y qué es la calidad de vida.

Desde la cosmovisión indígena el agua es la sangre de la madre tierra, los minerales sus entrañas, y nosotras y nosotros sus hijos encargados de amarla y protegerla.

 

*Escrito para La Jornada del Campo Nro 67