Megaproyectos generan resistencias crecientes

megaproyectosNo es solamente Jalisco, no nada más se trata de El Zapotillo, Arcediano o el Macrolibramiento de Guadalajara. Pasa en San Luis Potosí, en Nayarit, en Guerrero, en Oaxaca, lo mismo que en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Colombia o en Brasil: es la oposición de comunidades y grandes núcleos de población a megaproyectos, pues están excluidos de esas decisiones que cambian sus vidas y afectan sus patrimonios; ni tienen información ni reciben justicia expedita.

Esta situación alarma a expertos latinoamericanos que se reunieron en esta ciudad la semana pasada, bajo el cobijo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue el tema central del encuentro: promover la participación democrática de los pobladores en los grandes proyectos económicos, sociales y ambientales.

En la mesa de trabajo final de la reunión de dos días, Luisa Pilar Arauz, de una organización no gubernamental de Panamá, destacó la importancia “del afianzamiento del proceso de consulta en los estudios de impacto ambiental para los proyectos de desarrollo que afectan a personas que están en un grave estado de vulnerabilidad social, lo cual en nuestro país y en muchos países de América representa una amenaza que está en auge […] no debemos tener miedo en conseguir un documento que sea vinculante, ya que mandaría un mensaje a toda la región, para las compañías y promotores de este tipo de proyectos, de que efectivamente hay una protección a nivel internacional”.

El chileno José Luis Balmacea Serigos, embajador ambiental del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó el retraso de al menos dos décadas en ese esfuerzo. “El empeoramiento de la conflictividad es un hecho, tenemos movimientos en Chile diariamente, y esa situación debe constituir un poderoso aliciente para que nos apliquemos más en el trabajo que comenzamos en Río de Janeiro, que continuamos en Santiago de Chile y ahora hacemos aquí; no me queda duda que esto será un importante referente de negociaciones futuras, con objetivos de desarrollo sostenible”.

Coincidieron los asistentes en que lo que debe activarse al interior de cada país es una intensiva negociación con los congresos, pero también los poderes ejecutivos, además de los propios grupos de la sociedad civil; “creo que eso demuestra madurez, responsabilidad, y esto es algo que nosotros debemos de capitalizar para lo que van a ser las futuras negociaciones que vamos a implementar, en temas tan complejos como los que nos convoca a esta mesa”, añadió el embajador.

La presidencia de la reunión correspondió al mexicano Dámaso Luna Corona, director general adjunto para temas ambientales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien convino con los presentes en la necesidad de ser concretos y específicos en los términos y las metas planteadas.

La idea de un acuerdo vinculante es que se generen obligaciones a los estados, a los empresarios y a la propia sociedad de cada país.

No obstante, “los estados actualmente tienen unos estándares nacionales, o sea que no estamos partiendo de cero, ya hay garantía constitucional, garantía legal, acuerdos, bases nacionales, para tratar de fijar los estándares en temas como el acceso a la información, la participación social y el acceso a la justicia, todo esto va a producir importantes transformaciones”, dijo la colombiana Ana Lucía Maya.

Luisa Pilar Arauz añadió: “Yo creo que éste es un proceso de creación regional, a través de un diálogo político sobre los derechos fundamentales de la democracia; en segundo lugar está la cuestión social en la región, que es una realidad que hay que enfrentar, y claramente la hipótesis que está detrás, la cuestión social y la injusticia; y por último crear una región que tenga una especie de sello de transparencia, que tenga un convenio, tenga reglas claras, para sus habitantes, para los inversionistas, y para los mismos gobiernos, y en eso sin duda hay un consenso global en que el mundo tiene que avanzar hacia esa dirección”.

 

Qué es la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social de la ONU, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el consejo decidió que la comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó “para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social”.

 

Fuente: Milenio