Mineras canadienses, relacionadas con asesinato de activistas en Chihuahua

Por Dawn Paley*/ The Dominion
Traducción: Nicolás Olucha Sánchez

El futuro es incierto para Benito Juárez, una localidad envuelta en conflictos producto de la minería en una región en la que diferentes actores armados actúan con impunidad.

asesinato-solorio-chihuahua-mexicoBenito Juárez, Chihuahua. Fue un día que jamás olvidará, pero comenzó como cualquier otro para Erick Solorio Solís, un estudiante de Ingeniería Superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), en Chihuahua, México. Se levantó la mañana el lunes 22 de octubre de 2012 y el cálido aire matutino que envuelve la ciudad en otoño le dio los buenos días. Comió algo y recibió una llamada breve de sus padres, que ese día irían a ir a la ciudad para visitarlo a él y a sus hermanos. Solorio, un joven alto con cejas inquisitivas y un poco de barba, fue a la universidad y tuvo tres horas de clase. Recuerda haber abandonado el campus sobre mediodía. El joven, que por entonces contaba con veintiún años, se dirigió a casa, donde junto con sus dos hermanos esperó la llegada de sus padres.

Tras hablar por la mañana con su hijo, los padres de Solorio se montaron en su camioneta pick-up y abandonaron Benito Juárez, un pueblo pequeño a un par de horas de la frontera sur de Estados Unidos. En dicha localidad, la familia de Solorio trabajó la tierra durante tres generaciones. La madre de Solorio acudió a Chihuahua para una revisión médica y su padre decidió aprovechar el viaje para hacer algunos recados.

Sobre las dos de la tarde, el hermano mayor de Solorio recibió una llamada de un policía local. El agente le explicó que sus padres sufrieron un accidente. Erick llamó a su tío, quien le dijo que sus padres estuvieron envueltos en una balacera. Los hermanos se dirigieron a las oficinas de El Barzón, una asociación en defensa de los derechos de los agricultores de la cual su padre era miembro, para averiguar lo sucedido. Entonces descubrieron que sus padres fueron asesinados.

“Lo primero que pensamos fue: la gente del pueblo, la de la mina,” señaló Solorio en entrevista con The Dominion. “Era demasiada la envidia y el odio contra mi padre porque les demostró con hechos de que estaba mal la mina.”

Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras exhalaron su último aliento sentados en su camioneta, estacionada a un lado de la autopista a la salida del municipio de Cuauhtémoc.

Según los vídeos consultados para la investigación del asesinato, Ismael estacionó la camioneta a un lado de la carretera y rodeó el vehículo como si se dirigiera a hablar con el conductor de un coche que se detuvo detrás de él. Mientras el asesino se aproximaba, Ismael sacó 160 pesos (unos 13 dólares) de su billetera, como si fuese a pagarle. Cuando encontraron su cuerpo, aún tenía los billetes en la mano.

Cuando le pregunté a Martín Solís Bustamante, miembro de El Barzón y gran amigo de la familia Solorio, cómo murieron exactamente, se levantó de la silla, se puso detrás de mí y me presionó con dos dedos en la base del cráneo. Dos balas atravesaron el cráneo de Ismael y se incrustaron en el pecho y el hombro de Manuela, provocándole la muerte.

Sus asesinatos son los primeros de opositores a la minería canadiense en el estado norteño de Chihuahua, donde en 2011 se otorgaron concesiones a empresas mineras sobre el 54 por ciento del territorio.

El doble asesinato impactó a los vecinos de Benito Juárez, un pueblo desierto con cerca de 12 mil habitantes. Benito Juárez se extiende en torno a un parque en el centro de la localidad, donde hay vendedores de helados y burritos y los ancianos reposan en bancos a la sombra. A pocas manzanas, las calles asfaltadas próximas al parque se transforman en polvorientas carreteras de gravilla que se extienden kilómetros y kilómetros por el árido desierto. A los pies del río Carmen se eleva una presa que, a través de un pequeño conducto, provee de agua a los lugareños para abastecer al ganado, plantar chile y cosechar algodón, los pilares económicos de la zona. Benito Juárez, además, es un ejido, lo cual significa que las 53 mil hectáreas de tierra que abarca son propiedad comunal de las 400 familias que las trabajan.

La carretera que se dirige a donde MAG Silver (compañía minera con sede en Vancouver) realiza pruebas de perforación se extiende por llanuras desiertas bañadas por el sol y flanqueadas por montañas en todas direcciones. El austero paisaje tan solo se ve interrumpido por matorrales de chaparral y espinas alargadas de ocotillo. Sin regar, apenas se puede sobrevivir en esta zona, y garantizar el acceso al agua en el desierto no es algo fácil. En Benito Juárez, el esfuerzo por asegurar la supervivencia de la economía local y una forma de vida construida en torno a la familia y la agricultura son aspectos multigeneracionales que afectan a cientos de habitantes.

Ismael Solorio y Martín Solís, por ejemplo, estudiaron juntos en una escuela agrícola en Juárez. En los años ochenta fue cuando se convirtieron en activistas, debido a la delicada situación que vivió el ejido. Se organizaron para defenderse de las prácticas depredadoras de los bancos tras la devaluación del peso de 1987 y desarrollaron métodos de acción directa para intentar mejorar la calidad de vida de los miembros de su ejido.

Más tarde, Solorio y Solís ayudaron a fundar El Barzón (el barzón es el anillo de hierro unido al yugo empleado en el arado). Los miembros de la organización captaron la atención de todo el país cuando se presentaron a caballo en el Congreso federal tras 54 días de cabalgata desde la frontera mexicana en Ciudad Juárez hasta Ciudad de México. Las estrategias atrevidas de los barzonistas recordaron a los revolucionarios mexicanos de principios del siglo XX.

Consiguieron el primer cambio en el presupuesto rural que alguien recuerde, y más tarde lograron subvenciones eléctricas para agricultores cuyo medio de vida se vio amenazado debido a las condiciones desiguales expresadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Durante sus últimos años de vida, Ismael Solorio, al que sus amigos llamaban Chuletas, continuó plantando chiles y criando ganado mientras dedicaba su tiempo libre a los problemas relacionados con el agua y la minería en la región. Lejos de ser un activista de tiempo completo, Solorio se dedicó mayormente a trabajar la tierra, pero alzó la voz siempre que vio que agentes externos amenazaban el futuro de su comunidad. Primero fue un conjunto de pozos independientes de gran profundidad perforados por menonitas, lo que debilitó el caudal del río Carmen, que durante mucho tiempo abasteció a los habitantes de Benito Juárez y otras comunidades del desierto para la agricultura. Luego llegó MAG Silver, la cual llevó a cabo un polémico programa de perforaciones de exploración, enmarcado en su proyecto “Cinco de Mayo”, para la búsqueda de plata, oro, cobre, molibdeno y wolframio en tierras que, según los habitantes, son comunitarias.

Ismael y su esposa Manuela, profesora en un colegio y ferviente defensora de las causas en las que se involucró su marido, se enfrentaron a muchas fuerzas poderosas: bancos, gobiernos y los adinerados perforadores de pozos. Pero esta vez algo fue distinto. La tensión creció a gran velocidad; el ambiente se caldeó y, en cosa de unos meses, Manuela e Ismael fueron asesinados. En los meses previos a su asesinato, Solorio denunció amenazas de muerte y agresiones por parte de gente que él señaló como contratada por la empresa, y pidió al gobierno que le proporcionara protección. Nadie escuchó sus peticiones.

“Desde 1985 anduvimos en diferentes movilizaciones y acciones de resistencia civil”, señaló Solís en declaraciones a The Dominion en la sede central de El Barzón, en Chihuahua. “Siempre nos hemos enfrentado al gobierno, y nunca al crimen organizado”, declaró Solís, con voz firme y segura.

Solís dejó claro que la decisión de asesinar a Manuel y a Ismael no provino del líder de ningún cártel. Lejos de ser señores de la droga, el asesino y sus cómplices son lugareños dedicados a realizar el trabajo sucio para una organización criminal conocida como el Cártel de Juárez: “Sicarios, gente armada que en su momento amenazó a Ismael por las actividades que desarrollaban en contra de la empresa minera”, afirmó Solís.

Las decenas de declaraciones obtenidas por la policía en los meses siguientes al asesinato dejan claro que el programa de exploración de MAG Silver era una fuente de conflictos en Benito Juárez. Los testimonios incluidos en la investigación del crimen, a los cuales tuvo acceso The Dominion, incluyen referencias a individuos que afirmaron ser policías federales vestidos de civil sin placa identificativa o a una orden de arresto legítima como amenaza contra Ismael, además de peleas entre trabajadores de la empresa minera y detractores del proyecto. Un geólogo que trabaja para la compañía también fue interrogado.

El presunto asesino de Solorio fue asesinado por la policía el 19 de enero de 2013, pero la familia y amigos de Solorio no han abandonado su lucha para exigir responsabilidades. “Plateamos que se tiene que dar una justicia y detener a los otros autores materiales, pero también a los autores intelectuales de este crimen”, declaró Solís.

Hoy, Manuela e Ismael ya no trabajan en el campo o se reúnen con la familia y los amigos en torno a una mesa para charlar. Ambos ya no están. Sus restos descansan bajo la tierra que antaño trabajaron. Sus nombres, junto con decenas más, honran un monumento rebelde erigido para recordar a las víctimas de la violencia en el estado de Chihuahua, entre las cuales también hay otros activistas, miembros de comunidades indígenas y mujeres.

Algunos consideran a Chihuahua como el estado más peligroso de México, con más de 4 mil 480 asesinatos en 2011, el último año del que hay estadísticas. No se puede contener la violencia en Ciudad Juárez, la tristemente célebre ciudad que hasta hace poco estuvo considerada como la capital mundial de los asesinatos.

Saúl Reyes Salazar, un activista del Valle de Juárez que huyó a Texas con aproximadamente 30 miembros de su familia tras los asesinatos de cuatro de sus hermanos y una cuñada, comparó los asesinatos de activistas en Chihuahua con una especie de limpieza social. “No somos los únicos que sufrimos esta tragedia”, declaró en una entrevista con The Dominion en en un café de El Paso. “En Chihuahua han sido asesinados más de 40 defensores de derechos humanos, activistas sociales y ecologistas; prácticamente considero que fue una limpieza”.

Otros conflictos en el estado causados por una minería irresponsable incluyen el caso de Pan American Silver en la localidad de Madera, del cual informó The Dominion en su momento.

Conforme la noticia del doble asesinato se extendió entre los movimientos anti-mineros de México, los nombres de Manuela e Ismael se añadieron a una creciente lista que ya incluye a Mariano Abarca, asesinado en Chiapas en noviembre de 2010 por unos sicarios vinculados a Blackfire, empresa minera con sede en Calgary, Canadá; y a Bernardo Vásquez, asesinado el 15 de marzo de 2012 por su activismo contra Fortuna Silver, compañía canadiense con sede en Vancouver.

MAG Silver niega que sus operaciones guarden algún tipo de relación con los asesinatos. “MAG y su empresa mexicana subcontratada, El Cascabel, no tienen relación alguna con estos trágicos acontecimientos”, declaró Dan MacInnis, director de MAG Silver, en un correo electrónico a The Dominion. En vez de tener relación con el incidente, MacInnis declaró con anterioridad que “somos víctimas colaterales de un longevo conflicto comunitario”.

La investigación policial corrobora que fueron disputas en la comunidad lo que desencadenó múltiples actos de violencia que acabaron con el asesinato de Ismael y Manuela. Pero también deja claro que la expectativa de obtener trabajos bien pagados por MAG Silver en Benito Juárez fue el centro de la disputa.

“Eso es lo que nos duele, que los mismos compañeros de la comunidad hayan entregado a Ismael y Manuelita, porque eso lo sabemos, que ahí mismo en Benito Juárez se hizo el trato para que los mataran”, declaró Siria Leticia Solís Solís, veterana miembro de la comunidad y de El Barzón, en una entrevista con The Dominion. “Estorbamos a la compañía y por esto matan a la gente”, afirmó.

Desde los asesinatos, las exploraciones mineras en la comunidad están detenidas pero las tensiones no disminuyen. En una asamblea en la que más de la mitad de los miembros estuvieron presentes, el ejido de Benito Juárez votó en noviembre de 2012 prohibir la actividad minera en sus tierras durante los próximos cien años. La compañía admitió que su programa en Benito Juárez está parado en estos momentos, alegando que está “experimentando retrasos en la obtención de los permisos de exploración para su proyecto Cinco de Mayo”.

El futuro es incierto para Benito Juárez, una localidad envuelta en conflictos producto de la minería en una región en la que diferentes actores armados (la policía, el ejército y grupos de crimen organizado) actúan con impunidad. Una cosa está clara: El estilo de vida rural transmitido durante generaciones seguirá siendo el sustento de las familias, y los lugareños harán todo lo que esté en sus manos para proteger sus tierras y aguas de la contaminación y de un uso irresponsable. Para Uriel, el hijo menor de Manuela e Ismael, huérfano a los 18 años, las tierras que su padre trabajaba son la clave de su futuro.

“Lo que a mí me gusta”, afirmó, mientras conducíamos por las carreteras bañadas por el sol que atraviesan las tierras familiares, “es trabajar con el ganado, la agricultura y todo lo relacionado con el campo”.

*Dawn Paley es una periodista independiente
y miembro del consejo editorial de The Media Co-op.

 

Fuente: Desinformémonos