Movimiento indígena, la lucha por el territorio

Por Eduardo Reyes Lara

La madre tierra es para nosotros, no solamente fuente de riqueza económica que nos da el maíz, que es nuestra vida, sino proporciona tantas cosas que ambicionan los privilegiados de hoy – Rigoberta Menchú-

mexicoMiles de páginas se han escrito sobre el movimiento indígena en México, su condición económica, el despojo que padecen en sus territorios, la sistemática violación y negación a sus derechos como sujetos colectivos. Grandes cantidades de tinta fueron derramadas para defender y justificar la política indigenista que utilizó la lógica corporativa y clientelar priísta que llegó a un callejón sin salida a finales de la década de los ochentas.

El impulso y cohesión que le imprimió el levantamiento zapatista al movimiento indígena obligó que el Estado mexicano fuera replanteando su relación con los pueblos originarios del país, el movimiento indígena logró el reconocimiento constitucional de algunos de sus derechos, faltan muchos otros, los más importantes, pero lograron fortalecer sus relaciones, estrategias y agendas de defensa en todos los lugares del país, incluso los urbanos.

Este fin de semana acompañé al diputado Clemente Castañeda Hoeflich, presidente la comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso de Jalisco, a la Asamblea General de Comuneros en la Comunidad Wixárika de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de Bolaños. Coincidimos con el nuevo delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Alberto Maldonado Chavarin; para mi sorpresa el nuevo delegado en sus intervenciones se refirió a una nueva política indigenista y acto seguido, cual evento de Teletón, repartió los enormes cheques plastificados de apoyo a los proyectos de la comunidad, invitando a los presentes acudan al magno evento de arranque en Jalisco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Mezquitic, con la presencia de la distinguida secretaria y otras importantes personalidades.

La intensidad de los conflictos en territorios indígenas es alarmante, se tienen documentados al menos 19 conflictos mineros, y más de 200 ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales, según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Los conflictos se presentan en las zonas de tradición minera en los estados de Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí, pero además en la Sierra Madre Occidental y las Sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Un caso emblemático es el de Wirikuta, en Real del Catorce, San Luis Potosí, donde wixaritaris de Jalisco, Durango y Nayarit tienen en el Cerro del Quemado su principal centro ceremonial. En esa zona, que se encuentra dentro de un Área Natural Protegida, se otorgaron 76 concesiones mineras, lo que ha generado diversas protestas. Ante estos casos, la Organización de Naciones Unidas le ha exigido al gobierno mexicano reformar la Ley Minera, la de Aguas Nacionales, la Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable.

En contraste, la Asamblea General de Comuneros en la Comunidad Wixárika de Tuxpan de Bolaños informó que desde hace varias décadas su territorio confirmado y titulado a la comunidad, ha padecido una serie de invasiones agrarias a manos de ganaderos no indígenas, como han sido los casos de Barranca del Tule, Cañón de Tlaxcala, Puente de Camotlán y Huajimic. Su organización y estrategia de defensa por la recuperación de su territorio han conseguido ir asentando en los tribunales y en el campo el derecho la reivindicación territorial, persistiendo a la fecha dos zonas de conflicto, una zona denominada “El triángulo” de aproximadamente 800 hectáreas con el ejido Puente de Camotlán, así como la zona aledaña a Huajimic, Nayarit, de aproximadamente 10 mil hectáreas y donde existe una indefinición jurisdiccional entre los límites de Jalisco y Nayarit. Recientemente el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara ordenó la ejecución de restitución por más de 800 Hectáreas invadidas a los terrenos comunales de San Sebastián y está por resolverse la restitución de cerca de 10 mil hectáreas a favor del pueblo wixárika.

Esta es la lucha de los pueblos indígenas, el respeto a sus territorios, a su autonomía, a su cultura, no la inmoral entrega de dádivas plastificadas a cambio de su presencia en actos sin contenido social, ni histórico.

 

Fuente: La Jornada de Jalisco