La minería a cielo abierto tiene que revisarse forzosamente: Diálogo con Pueblos Indígenas

Por Elio Henríquez

“El tema que ha generado más desencuentros en las comunidades es el de la explotación minera a cielo abierto, porque se producen un enorme deterioro del medio ambiente”, agregó.

zapotecos-oaxaca-mexicoLa minería a cielo abierto, “actividad muy cuestionada en todo el país por los daños que ocasiona al medio ambiente, tiene que revisarse forzosamente”, afirmó el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz.

“El tema que ha generado más desencuentros en las comunidades es el de la explotación minera a cielo abierto, porque se producen un enorme deterioro del medio ambiente”, agregó.

“Y lo más grave”, remarcó en entrevista, “es que sólo una pequeña parte ridícula de las ganancias se ha quedado en el país, porque México es el único en el mundo donde la minería no paga regalías, salvo China”. Manifestó que el otorgamiento de concesiones para que empresas trasacionales y nacionales exploten minas en diversos estados del país “es una herencia grave de los últimos tres sexenios, que eleva a niveles altos la tensión social, al grado de que puede haber posibles enfrentamientos porque la gente no está dispuesta a dejarse, cuando menos en algunas zonas”.

Martínez Veloz recordó que desde abril pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución “que establece que todos los proyectos que pretendan hacerse en zonas indígenas deben de ser consultados con la comunidad; si no hay consulta y aprobación en un pueblo no puede tener viabilidad un proyecto”.

Afirmó que “la consulta tendrá que realizarse en lengua materna; el método debe de crearse a propuesta de las autoridades y de los pueblos; no puede hacerse una consulta unilateral con un método no aprobado por la comunidad”.

Además, abundó, “en la consulta deben de discutirse por lo menos tres aspectos básicos: el proyecto técnico, los aspectos financieros y el cuidado al medio ambiente; las comunidades tendrán derecho a asesorarse con profesionales y técnicos si lo desean”.

Lo anterior “habla de que hay un precedente de que los proyectos que pretendan realizarse en los pueblos indígenas deben de tener forzosamente la venia de la comunidad”, subrayó Martínez Veloz.

“El tema que ha generado más desencuentros”, insistió, “es el de la minería a cielo abierto porque provoca un enorme deterioro del medio ambiente. Hay datos de varias fuentes de que de 2000 a 2010 se produjeron 420 toneladas de oro, más del doble de las 190 que se produjeron en tres siglos”.

Señaló que ello “ha ocasionado un enorme daño medio ambiental, pues para producir un metro cúbico de oro se requiere movilizar 119 millones de toneladas de tierras y utilizar cientos de toneladas de cianuro y dinamita, cuyo uso ha contribuido a contaminar los mantos freáticos y a generar una enorme daño ambiental”.

Martínez Veloz, quien formó parte de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que en 1996 elaboró la propuesta de ley sobre derechos y cultura indígenas, surgida de los todavía incumplidos acuerdos de San Andrés, recordó que en aquella ocasión “la principal acusación que se nos hacía a quienes hicimos la iniciativa de ley era que queríamos fragmentar el país y que tenía problemas de técnica jurídica y esos sectores son los que en los últimos 18 años entregaron 96 millones de hectáreas en concesión a empresas trasnacionales y nacionales para proyectos de esta naturaleza, es decir, casi la mitad del territorio, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.

Por ello, dijo el funcionario federal, “sería bueno preguntar a quienes decían que la iniciativa de ley producto de los acuerdos de San Andrés tenía problemas de técnica jurídica, cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para entregar la mitad del país en concesiones y poner en riesgo el medio ambiente e inclusive la gobernabilidad de nuestra patria porque en muchos lugares la gente no está dispuesta a apoyar este tipo de proyectos que no han traído ningún tipo de beneficio a las comunidades”.

 

Fuente: La Jornada