Publicación. Industrias extractivas en Guatemala

Editorial. Industrias extractivas y Política Energética

publicacion-el-observador-industrias-extractivas-guatemalaEn concordancia con la implementación de la Política Energética diseñada por los últimos dos gobiernos, la administración de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) ha hecho lo suyo al continuar con los planes energéticos definidos como estratégicos para la concreción de las inversiones transnacionales y nacionales en los ejes que integran el modelo de acumulación capitalista neoliberal en boga en Guatemala, entre ellos las actividades extractivas de petróleo, minerales, agua y gas.

Al igual que lo hizo el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el PP lanzó la Política Energética 2012-2027, sin mayores novedades más que la enunciación de implementar algunos planes de ahorro energético y la ampliación del período de la misma, pues su base fundamental es la reconversión de la matriz energética nacional, esto es:

  • Dejar de depender de los combustibles fósiles y derivados: petróleo, búnker, diesel, etc., para la producción de energía.
  • Apostarle a la producción de la llamada “energía limpia”, fundamentalmente a partir de hidroeléctricas, y explorar otras formas como la energía eólica, solar, geotérmica, etc.
  • También, sustituir centrales termoeléctricas por centrales a base de carbón mineral, pese a que se considera una de las formas más contaminantes para para producir energía.

Pese a que el destino del petróleo se modifica, eso no significa que este recurso deje de ser estratégico, no sólo en términos de los ingresos que pueda generar, ya sea por regalías como los provenientes de la participación del Estado en la producción, sino porque tanto la producción como las exportaciones del crudo han sido controladas históricamente en su mayoría por empresas extranjeras, que son las que al final de cuentas se quedan con la mayor tajada del pastel. No extraña entonces que, además de la transformación de la matriz energética, la política se centre en lograr un significativo incremento de la acelerada reducción que ha venido experimentando la producción petrolera nacional.

Es en ese marco que la administración Pérez Molina ha concretado desde julio del presente año, la concesión de seis nuevas áreas petroleras en los departamentos de Petén y otros localizados a lo largo de la Franja Transversal del Norte (FTN) como Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz, de un total de siete nuevas áreas que se licitaron desde agosto de 2012, y en donde las seis empresas favorecidas son transnacionales, algunas vinculadas a intereses oligárquicos nacionales. Pese a que los contratos petroleros tienen que ser reconocidos por el gobierno para que las empresas favorecidas puedan entrar a operar, con estas concesiones se está dando continuidad a los planes de expansión petrolera lanzados durante el gobierno de Colom y la UNE.

Esos planes de expansión han incluido, entre otras medidas, la ampliación en 2010 a la transnacional Perenco para operar por 15 años más el contrato petrolero 2-85, Xan, en Laguna del Tigre, así como la promoción de 12 nuevas áreas para exploración petrolera, de las cuales hasta el momento se han concesionado siete: las seis áreas de exploración recientemente otorgadas y la que había concesionado el gobierno de Colom en 2011 a la transnacional ecuatoriana City Peten.

Respecto a esto último, unas semanas antes de conocerse estas nuevas concesiones petroleras, el 11 de julio fue anunciada por parte del gobierno la firma del contrato 1-97, Área PTN 1-2008, el cual había sido adjudicado a esta empresa en octubre de 2011 pero había quedado en suspenso por modificaciones. El contrato está localizado en el campo Yalcanix en el norte de Peten.

Con anterioridad, en 2012 se puso en marcha el contrato petrolero 7-98, localizado en el área del Río Sarstún, municipio de Livingston, departamento de Izabal. Este contrato fue autorizado desde el año 2002 durante la gestión de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y en alianza con transnacionales es operado por la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), propiedad de la poderosa familia guatemalteca Campollo-Codina, la cual se prepara para perforar un primer pozo exploratorio.

Con respecto a la minería, también en julio del presente año, Pérez Molina presentó una iniciativa de Ley ante el Congreso de la República que buscaba declarar una moratoria de dos años para la extensión de licencias mineras. En esa oportunidad, el mandatario dijo que esta iniciativa había sido discutida y decidida en comisión ministerial sobre la base de considerar las ventajas y desventajas en continuar otorgando licencias. A decir de Pérez Molina, luego de declarada la moratoria en el Legislativo, éste debía proceder a convocar a todos los sectores para que participaran en la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Minería.

Ésta fue otra de las iniciativas impulsadas por el gobierno del PP, dentro de varias, relacionada con las operaciones de industrias extractivas en Guatemala, en este caso la minería. En febrero de 2012, el gobierno del PP firmó un “acuerdo voluntario” con las mineras para elevar de 1% a 5% el porcentaje de regalías a pagar al Estado. De ese acuerdo, tanto el gobierno como las mineras hicieron alarde propagandístico con el objetivo de invisibilizar la conflictividad en varios territorios derivada de la presencia de varios proyectos mineros sin consultar previamente a las comunidades y el rechazo de éstas a las actividades extractivas. Se pretendió mostrar a las empresas como responsables y con buena voluntad para contribuir al fisco y al desarrollo.

Más tarde, alrededor del último trimestre de 2012, el gobierno presentó ante el Legislativo una propuesta para una nueva Ley de Minería que, entre otros aspectos, propuso la creación de un fondo minero al estilo de la Ley del FONPETROL vigente desde el año 2010. A decir de las autoridades del MEM, el criterio que fundamentaría este fondo es que en la actual Ley de Minería sólo el municipio en donde directamente se lleva a cabo la actividad minera sale beneficiado con los pagos en regalías que hacen las mineras, y se buscaría beneficiar al resto de municipios del departamento. En esa propuesta gubernamental también se contemplan los cierres técnicos de las minas de manera permanente.

Esta propuesta gubernamental se sumó a por lo menos otras 9 iniciativas que se encuentran en el Congreso de la República, que ya sea proponen reformas a la actual Ley de Minería existente desde 1997, o aprobar otra totalmente nueva. Esas iniciativas ya tienen varios años de estar engavetadas en ese poder del Estado y no se avizora que sea una prioridad para los diputados su discusión, menos su aprobación. Se entiende que es porque los legisladores en su mayoría responden a los intereses del sector privado organizado; en este caso las empresas extractivas y los capitales vinculados.

Un elemento que vino a profundizar esa percepción fue la decisión del 28 de febrero de la Corte de Constitucionalidad (CC) –casi un año después- que dejó vigente la actual Ley de Minería, tras declarar sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) había interpuesto en marzo de 2012 ante la máxima instancia jurídica del país, argumentando violación al derecho de Consulta Previa e Informada contenido en el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales.

Como fuese, lo cierto es que la moratoria propuesta por el mandatario no tuvo mayor resonancia en el Congreso de la República -que la mantiene congelada hasta la fecha-, pese a que dijo que la bancada del PP así como otras estaban dispuestas a apoyar la moratoria; y fue duramente fustigada, tanto por la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) como por el sector privado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Ciertamente, esa propuesta gubernamental se percibió como contradictoria, no sólo porque el actual mandatario se ha convertido en el principal operador político de los intereses empresariales, sean éstos mineros, petroleros, hidroeléctricos, palmeros, etc., sino porque en lo general, iba en contra de las orientaciones fundamentales que ha mostrado su gobierno en estos 21 meses de gestión, de apoyo a las inversiones claves que integran el modelo de acumulación en boga.

Es por ello que la iniciativa gubernamental tuvo varias interpretaciones:

  • El gobierno la lanzó como una forma de ganar imagen de conciliador, ante el acelerado desgaste de su gestión, dado su marcado sesgo hacia las empresas que están causando conflictividad en los territorios, frente a la criminalización y militarización de la demanda social y comunitaria.
  • La propuesta coincidió con los rumores de que el proyecto minero Cerro Blanco, de la empresa Entre Mares, subsidiaria de Goldcorp Inc., necesitaba dos años más para iniciar operaciones de explotación, en un contexto de conflictos con las comunidades y de inviabilidad del mismo.
  • Se ha especulado de intereses de funcionarios públicos del sector para, con la moratoria, desplazar a algunas mineras y favorecer a otras con las cuales están vinculados.

 

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