A 3 años de Crucitas: Costa Rica exige sentar responsabilidades penales

foro-crucitas-costaricaA tres años del cierre del caso Crucitas el país se encuentra en incertidumbre en cuanto a la demanda económica, que Industrias Infinito interpuso contra Costa Rica por más de 1000 millones de dólares y la finalización de procesos penales que existen contra funcionarios del Gobierno, como Roberto Dobles y el expresidente, Óscar Arias.

Cuando la Sala Primera anula el contrato y el Decreto de interés público sobre la minería se da la culminación de 20 años de lucha ciudadana contra la explotación minera, comentó la gestora ambiental de la Universidad de Costa Rica, Yamileth Astorga. Se comprueba que habían sido violentados principios de legalidad ambiental y administrativa, y se dio una “orquestación de voluntades entre funcionarios del gobierno y la empresa”.

Bernal Gamboa, uno de los integrantes del equipo de abogados ambientalistas y miembro de APREFOFAS, compartió la perspectiva sobre el juicio que podría enfrentar nuestro país en un arbitraje internacional, instancia donde Crucitas anunció llevaría el caso para cobrar la demanda millonaria, por el incumplimiento del contrato, al valerse del capítulo de protección a las inversiones del Tratado bilateral entre Canadá y Costa Rica.

Para presentar el caso ante esta instancia debía ser antes de 6 meses de la última resolución; eso plazo se venció en octubre y el país no ha sido notificado al respecto; la medida que lo anula no debería haber sido presentada en otras instancias de previo, pero Infinito presentó acciones en el Contencioso y en la Sala IV, y el acto de anulación no debe provenir de un tribunal, en este caso proviene del Tribunal Contencioso administrativo.

“Si intentara presentar el caso tiene varios aspectos que anularían el proceso antes de iniciar”, destacó Gamboa, basado en información recabada por su persona y en la brindada por el experto en procesos de arbitraje internacional, Juan José Obando.

Aunado a lo anterior, el camino se le dificultaría más a la Empresa minera por el hecho de que se induce a error a la administración por el intento de eliminar el camino público y por la descripción falsa de las características de la laguna de relaves, para burlar las restricciones de la Dirección de Geología y Minas, y eso es un tema de fondo del caso, otra limitante.

Para el vicepresidente de Unión por la Vida y uno de los abogados del caso, Edgardo Araya, San Carlos ha enfrentado diversas luchas ambientales, por su riqueza en yacimientos minerales y el abandono de estas zonas limítrofes por parte del Estado. A pesar de ello, los sancarleños defienden su “modo de vivir” que pone en primer lugar la preservación de los recursos naturales, acotó.

Cuando Industrias Infinito adquiere la concesión, a pesar de existir una moratoria a la actividad minera, se frenan por la necesidad del cambio de uso de suelo, al ser una zona boscosa. Y casualmente el 17 de octubre del 2008 cuando entra a regir el Decreto de conveniencia nacional para la actividad minera, en la zona ya se encontraban 75 operadores de sierras preparados para comenzar la tala, la cual generó una pérdida de 62 hectáreas de bosque.

Álvaro Sagot, abogado ambientalista, compartió como la empresa “hizo incurrir en error a la administración”, ya que en el inventario de especies que se iban a talar la Empresa presentó información errónea en cuanto a los tipos de árboles y la extensión, ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) un registro de 227 hectáreas y a la Dirección de Geología y Minas uno de 1000 hectáreas.

Sagot rescató el valiente papel de los jueces del Contencioso Administrativo en cuanto a la resolución y además la fuerte movilización ciudadana, donde hasta pastores y medios como el Eco católico pedían la anulación del proyecto minero.

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz recriminó como este proceso con el caso Crucitas, siguió un camino de omisiones, imprecisiones y malas intenciones para acondicionar un “clima de negocios” y como los tratados de libre comercio indiscutiblemente tienen un cliente especial, “el inversor” y ese tratamiento jurídico diferenciado condiciona que haya unos ciudadanos menos iguales que otros.

Para finalizar, Álvaro Sagot envío un mensaje de reflexión para que a funcionarios públicos no se les vaya la memoria con respecto a lo ocurrido con Crucitas, él mismo ha sido testigo de cómo el proceso de la reciente audiencia pública para APM Terminals no propició una verdadera participación ciudadana y como se le ha negado a uno de las abogadas de SETENA el acceso al expediente de este caso ni asistir a las giras de campo.

 

Fuente: El País