Cinturón occidental ambiental confronta la fiebre minera en Antioquia

Por Fernanda Sánchez (*)

El paisaje ha cambiado en el Suroeste Antioqueño. En algunas zonas, la biodiversidad y los cafetales han sido cambiados por la uniformidad de los pinos y, el trino de los pájaros, por el ruido de las plataformas de exploración. Pero sus habitantes se oponen a que cambie más. Por eso, comunidades campesinas e indígenas han sumado fuerzas para defender su patrimonio natural y cultural.

COA-ColombiaSi pudieran, abrazarían sus montañas, sus bosques y se tenderían sobre el lecho de los ríos para impedir que empresas extranjeras, y colombianas, atenten contra ellos.

Como es físicamente imposible, resisten pacíficamente –agrupados en el Cinturón Occidental Ambiental– las ambiciones extractivistas que amenazan con socavar las entrañas de su tierra.

Son jóvenes, indígenas, campesinas, mujeres y hombres provenientes de todos los rincones del Suroeste de Antioquia, y diferentes organizaciones con un objetivo común: la defensa de su cultura, ligada a la tierra, y sus formas de relacionarse con ella desde tiempos ancestrales.

Juntos se han atrevido a confrontar a aquellos actores públicos y privados que favorecen los intereses empresariales, nacionales y/o extranjeros y no a las comunidades.

 

Código del despojo

De esta confrontación, no ha escapado la academia. El pasado 20 de noviembre aproximadamente 90 campesinos se reunieron para rechazar la presencia del Servicio Geológico Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, quienes han querido extraer muestras del territorio sin consultar a sus pobladores.

El mensaje fue claro y contundente: rechazan la presencia de instituciones estatales, privadas y académicas que no han asumido una posición política clara en la defensa del territorio antioqueño.

Resistir no es tarea fácil. Aproximadamente el 90 por ciento de este territorio, municipios y resguardos, fue solicitado y titulado para exploración minera por empresas transnacionales, entre ellas Anglo Gold Ashanti, AGA, (Sudáfrica), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá) con su proyecto Quebradona compartido con AGA, que están en su fase de exploración, algunas desde el año 2005.

En opinión de este colectivo, la ley 685 de 2001, Código Minero, es la norma de despojo que fomenta la expropiación y disfraza sus pretensiones con la idea de “utilidad pública e interés social”, que en realidad favorece al capital extranjero.

“El código minero, impone el modelo extractivista en un territorio tradicionalmente agrícola y pecuario. Además, limita la autonomía de los entes territoriales, para regular los usos del suelo de los municipios. Obliga a los concejos municipales y alcaldías a no oponerse, mediante los Esquemas de Ordenamiento Territorial o Acuerdos municipales, a las actividades mineras y atenta contra la autoderminación comunitaria –soberanía de los pueblos- para definir sus proyectos de vida”, afirman los integrantes del colectivo.

 

Activan las alarmas

Tan solo en la fase exploratoria, esta verde y generosa tierra ha sido herida. Se han roto algunos acuíferos, ha sufrido deforestación y se han construido helipuertos.

Además, se han hecho concesiones de aguas, apertura de caminos, y aprovechamientos de cauces de zonas de reservas naturales que han dejado cicatrices en el paisaje.

La ambición de las multinacionales es voraz. Según el colectivo pretenden extraer minerales en Distritos de Manejo Integral (DMI), zonas donde nacen fuentes hídricas.

Tristemente, las huellas del extractivismo, no solo se evidencian en el paisaje y las montañas. La presencia del ejército, que protege a las empresas mineras, genera ansiedad pues limita la libre movilización y, su armamento intimida a la comunidad.

De igual manera, el debate polarizado y la estigmatización de quienes se oponen a la minería impiden que la comunidad genere autónomos proyectos de vida.

“Han cooptado a algunos medios de comunicación, alcaldes y concejales para lograr “legitimar” su invasión en el territorio. En Jericó, se hace referencia a la realización de un ‘falso Cabildo Abierto’ realizado en el 2010, para incluir la palabra ‘Minería’ en el actual ‘Esquema de Ordenamiento Territorial’ (EOT)”, señala el colectivo.

“Además, con el decreto 0934 de 2013, se pretende cambiar la vocación agrícola para imponer la actividad minera en los Esquemas de Ordenamiento Territorial próximos a ser actualizados en algunos municipios”, añade el colectivo.

La fecha de este proceso de actualización no es conocida aún, pero tendrá el acompañamiento de la Autoridad ambiental departamental, en este caso, Corantioquia cuyo accionar está enmarcado, e influenciado, por el decreto 934 de 2013 emitido por el ministerio de Minas y que no favorece a las comunidades.

 

Acciones directas

Pese a las dificultades, el Cinturón Occidental Ambiental utiliza variadas formas de resistencia: las movilizaciones masivas, en Támesis, Pueblorrico, Caramanta, Jericó, Ciudad Bolívar, Jardín, es una de ellas.

También han realizado recorridos por el territorio -para identificar conflictos socio-ambientales– como Un abrazo a La Montaña, en Valparaíso, Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblorico, Andes, Resguardo Indígena Karmata Rua y Jardín; han realizado foros y cabildos abiertos, en Jericó, Jardín, Támesis.

La acogida a sus propuestas ha sido excelente. Ya realizaron un Consejo de Concejales en el municipio de Pueblorrico y se llevará a cabo el próximo encuentro, el cuarto, en Támesis.

Gracias a la acción, denuncia y socialización de ideas sobre los conflictos que causa la minería en la región, por parte de este colectivo, se han obtenido algunos avances.

Los campesinos de Caramanta denunciaron que durante el proceso de exploración, la empresa canadiense Caramanta Conde Mine usó el caudal del río, construyó una vía para el transporte, un helipuerto y usó árboles nativos, sin consultar a la autoridad ambiental.

Por esta razón, el 18 de mayo de 2012 la Corporación Autónoma del Departamento (Corantioquia), ordenó a esta empresa canadiense suspender sus actividades en el Distrito Ambiental Cuchilla-Jardín-Támesis.

Sin duda, un importante avance. Sin embargo, dos de los obstáculos que enfrenta la comunidad: la falta de independencia de las corporaciones “autónomas”, que trabajan desde la normatividad que favorece el saqueo, y la capacidad que tienen las multinacionales para “mimetizarse”, cambiando de nombres, dificultan su resistencia.

Por ello, el colectivo considera más efectiva la acción directa y pacífica de la comunidad. Es decir, retirar – literalmente- a las empresas que desean realizar prospecciones y reconocimientos del territorio.

En Palermo, corregimiento de Támesis, y en Támesis, sacaron literalmente a la empresa canadiense Solvista Gold cuando pretendía “socializar” su proyecto.

En Jericó, los campesinos de Palocabildo bloquearon una vía para impedir el ingreso de la Anglo Gold Ashanti, a una zona de especial importancia para el acueducto comunitario.

De igual manera, en Pueblorrico se ha impedido que las instituciones del Estado realicen estudios y obtengan muestras para identificar las riquezas minerales.

“Las acciones pacíficas, de hecho, y las expresiones político-culturales son nuestras herramientas políticas para que el gobierno y las organizaciones internacionales entiendan que no estamos pidiendo oro, ni desarrollo, solo estamos pidiendo respeto por nuestra dignidad”, afirma el colectivo.

“Nuestra riqueza no es el oro, no estamos pidiendo limosna, nuestra riqueza tampoco depende del ‘desarrollo’ (…). Sólo pedimos respeto, que nos dejen construir nuestros proyectos de vida y decidir libremente lo que queremos como comunidades: ese sería nuestro mayor tesoro”, concluyen. La resistencia continúa…

Fernanda Sánchez (*) es periodista colombiana, magíster en relaciones internacionales y sindicalista.

Fuente: AIM Digital