Declaratoria Final del Encuentro de Pueblos en Resistencia Contra el Modelo Extractivo

Tlamanca, Zautla, Puebla,
16 de marzo del 2014

Nos reunimos comunidades en resistencia y en defensa del agua, la tierra y la vida de la Sierra Norte de Puebla de los municipios con concesiones mineras de Zautla, Ixtacamaxtitlán, Tlatlauqui y Tetela; y con proyectos hidroeléctricos como Olintla y San Juan Tahitic. También estuvimos presentes, delegadas y delegados de los estados de Chiapas, Guerrero, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Veracruz; y de los países de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia. Contamos con la participación de diferentes organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.

Con el objetivo de fortalecer las luchas de las diferentes comunidades, nos encontramos en un espacio de hermandad y solidaridad pues nos descubrimos en los mismos procesos de resistencia y compartiendo las mismas esperanzas. Además de conocer nuestras experiencias, discutimos alrededor de cuáles ha sido nuestras estrategias organizativo-políticas para la defensa del territorio; revisamos el proceso de minería a cielo abierto y su impacto en la salud y medio ambiente; también reflexionamos alrededor de acciones jurídicas que hemos emprendido; el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, la reforma energética y las consecuencias del modelo extractivo minero en la vida de las mujeres, reconociendo su participación activa y sus derechos. La población infantil y juvenil reflexionó y contribuyó a estos debates.

En nuestras experiencias e historias hay desconfianza ante la ley y la autoridad. Esto porque por un lado, los distintos niveles de gobierno han negado, ocultado o tergiversado información y promovido con engaños los proyectos mineros; y por otro, porque han violentado los propios marcos legales ambientales, derechos constitucionales y tratados internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos y la protección al territorio y la riqueza de los pueblos que ahí viven.

Los diferentes niveles de gobierno son partícipes en la promoción y ejecución de proyectos mineros. El gobierno federal ha concesionado más de la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, las empresas dañan el tejido social por medio del poder económico y político construido con los gobiernos, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y estructurales. Finalmente, el estado ha hecho uso de las policías estatales y federales para avalar la entrada de las empresas y actúa como guardián de intereses privados, al mismo tiempo que criminaliza y reprime al pueblo y sus luchas.

En este contexto, se ha hecho necesario en nuestras localidades, informarnos sobre esta nueva forma de explotación que es la minería a cielo abierto. Hemos buscado información y llevado a cabo diferentes acciones, algunas han sido formales y dentro del marco del estado, pero otras son cotidianas y fortalecen nuestra resistencia como pueblos indígenas y campesinos, pues implican la construcción de alternativas desde lo local y comunitario.

En este proceso, las luchas de las mujeres destacan porque nuestro papel ha sido preponderante en defender la tierra pues es nuestra casa, sustento, medicina y dadora de vida. Esta resistencia se la logrado por medio del fortalecimiento de los espacios de decisión como la asamblea, el saber propio, la lengua, la cultura e identidad y va más allá de las alianzas con las que empresas, autoridades y partidos políticos intentan dañar las decisiones colectivas.

En este sentido, recordamos con rabia a quienes han luchado y han sido asesinados. Retomando su fuerza para continuar en la resistencia y en la lucha, exigimos justicia y nos comprometemos a seguir el ejemplo de Noé Vázquez de Veracruz, Bernardo Méndez Vázquez y Bernardo Velázquez Sánchez de Oaxaca, Mariano Abarca del estado de Chiapas.

Denunciamos lo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, del Estado de Colima, que fue desalojada por fuerzas estatales el día jueves 13 de marzo mientras llevaba a cabo una acción en defensa de sus manantiales en contra de una concesión minera. Durante la agresión, fueron violentadas mujeres, niñas y niños. Así mismo, en el estado de Oaxaca, fue desalojada por caciques regionales, apoyados por la policía estatal, la comunidad de playa Cacalotiyo, municipio de San Pedro Tututepec el pasado 11 de marzo. En este acto fueron detenidos seis habitantes, amenazadas de violación sexual mujeres y niñas, y saqueadas y destruidas sus viviendas.

Estos hechos violentos no son aislados, son una muestra de lo que vivimos cotidianamente quienes estamos defendiendo el agua, la tierra y la vida. En este contexto, los gobiernos criminalizan la protesta social y particularmente a las mujeres, violentando nuestros cuerpos y territorios como estrategia constante de represión.

Por lo tanto exigimos:

  • Que las autoridades respeten las decisiones de las comunidades que en este encuentro y en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un No rotundo a los proyectos mineros.
  • Que las autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen para respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y seguro, libres de minería y de proyectos de muerte.

Nos solidarizamos con el pueblo de Zacualpan Colima. Exigimos el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Responsabilizamos al gobernador del estado Mario Anguiano Moreno, al Secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez y a la delegada de la Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera de cualquier hecho o agresión que pueda sufrir la localidad de Zacualpan y los integrantes de la organización Bios Iguana.

También nos solidarizamos con la comunidad de playa Cacalotiyo, San Pedro Tututepec, Oaxaca, y exigimos que el gobernador del estado Gabino Cue Montiagudo y el Secretario de Seguridad Pública Alberto Esteba Salinas, garanticen las condiciones necesarias para que las familias desalojadas puedan retornar y permanecer en su localidad.

Nos pronunciamos en contra de las reformas energéticas que continúan favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas.

Alto a la discriminación y racismo contra las comunidades campesinas e indígenas de México y de América Latina.

Finalmente, invitamos a todo el país a decretar territorios libres de minería y proyectos de muerte; a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida construidas desde la vida comunitaria de los propios pueblos.

Firmamos las y los más de 500 asistentes a este encuentro pertenecientes a las comunidades y a las organizaciones y hacemos un llamado a la sociedad en general a sumarse a esta lucha, que es por la vida, que sea de todos y no solo de los campesinos e indígenas.

¡No permitiremos que nos despojen de nuestro territorio!
¡Queremos el agua limpia para todos!
¡Amamos la vida, que defendemos con nuestra propia vida!
¡Luchamos por un mundo sin racismo y discriminación!

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Repercusiones en prensa: