La REMA exige estado de derecho en el caso de Zacualpan

logo _rema

Al Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno
Al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín
Al Procurador Agrario, Cruz López Aguilar
Al Registro Agrario Nacional (RAN), Manuel Ignacio Acosta Gutierrez
Al Procurador de Justicia del Estado de Colima
Al Presidente Municipal de Comala, Colima, Braulio Arreguín Acevedo
A la Secretaría de la Función Pública
A la Jefa del Departamento de Atención a Defensores del Mecasnismo de Protección / Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Diana Díaz Montiel
Al Jefe de Oficina del Secretario de la Sedatu
A la Delegación Colima de la SEDATU
A Jesús Rodriguez García
A Rubén Treviño Castillo
A Rogelio Rueda Sánchez

El Gobierno del Estado de Colima aceptó que reprimió a niños, niñas, mujeres y ancianos con la fuerza pública en días pasados, incluso con una enorme tanqueta, y sin mostrar voluntad política de avances en la solución a las demandas justas, legítimas y legales de los comuneros indígenas de Zacualpan, Colima. También invitó a la minoría de comuneros que apoyan al depuesto Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, a que identifiquen a personas o agrupaciones que buscan generar conflictos para sacar beneficios particulares, con el fin de criminalizar a los defensores de los derechos humanos y mantener los intereses de un grupo minoritario de comuneros que pretende imponer el proyecto minero.

De la misma manera, la delegada agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, ha declarado falsas acusaciones, difamaciones y mentiras que han puesto en riesgo la vida de los defensores de los derechos humanos y quienes gozan ya del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Además, ha provocado divisiones e incluso la violencia que su propio hijo, el Lic. Carlos Soulé Díaz, Visitador Agrario, ha ejercido amenazado de muerte, hostigado y violentado física y verbalmente a miembros de la organización Bios Iguana, lo que ha sido registrado ampliamente por la prensa local y por lo cual se ha interpuesto una demanda ante el Ministerio Público.

La delgada con dolo ha mal asesorado y confundido el proceso del conflicto agrario, incluso con afirmaciones en la prensa y en la televisión local desde meses pasados, con el fin de que el ex comisariado de bienes comunales, depuesto de su cargo en Asamblea, siga empecinado en su interés por mantenerse en el cargo los dos meses que le quedan evidenciando intereses políticos y económicos. Todo esto ha sucedido frente a la opinión pública nacional e internacional.

Ante las denuncias hechas por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) a la Procuraduría Agraria, así como por más de 200 personas y organizaciones, la respuesta ha sido la misma para todos los demandantes, mostrando el interés de la Procuraduría Agraria de solapar y proteger a los funcionarios que evidentemente, no solo han violado la ley agraria y sus funciones públicas, sino que amenazan directamente a la población civil e indígena poniendo sus vidas en peligro. Prueba de ello, José Arturo González Flores, Director General de la Oficina del Procurador Agrario de la Dirección General de Quejas y Denuncias, comunicó a la REMA el 4 de marzo de 2014, como a todos los demandantes, el “Acuerdo” sobre la denuncia contra la Delegada María Elena Díaz Rivera y su hijo Visitador Carlos Soulé Díaz. Pese a las demandas ante el Ministerio Público por parte de miembros de Bios Iguana, pese a las pruebas, testimonios y notas periodísticas; y las mentiras, calumnias y difamaciones que externó la Lic. Díaz Rivera incluso en la televisión colimense que constan en registro, la SEDATU y la Procuraduría Agraria “acordaron” respondernos a la sociedad y a la opinión pública que se “determina la improcedencia de la queja por lo que a esta Procuraduría Agraria se refiere, en razón de que su competencia se limita a acciones u omisiones que presuman la violación de las leyes agrarias. Así mismo remite copia de todos los escritos a la Dirección General de Conciliación y Arbitraje y Servicios Periciales, para que determine en ejercicio de sus facultades, lo procedente en relación a la auditoría que se solicita al ex comisariado de bienes comunales sobre los recursos que distintas dependencias le canalizaron durante su gestión”.

En esta respuesta no se hace alusión al Órgano de Control Interno de la Procuraduría Agraria para su revisión, ni a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público, toda vez que las declaraciones y actuaciones sugieren delitos federales, ya que el Código Penal Federal, en relación con delitos de abuso de autoridad e intimidación por parte de servidores públicos se hace referencia en los siguientes artículos:

  • Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.
  • Capítulo VII. Intimidación. Artículo 219.– Comete el delito de intimidación: I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y II.- El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo. Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión, multa por un monto de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, destitución e inhabilitación de dos años a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Por tanto, la respuesta de la Procuraduría Agraria y de la SEDATU pretende proteger a la delegada Díaz Rivera, a su nepotismo y a su hijo quien agrede y amenaza de muerte. Ambos, como funcionarios públicos que exceden sus funciones. Por ello, los indígenas son rehenes de la burocracia y los intereses políticos del RAN, de la Delegada de la Procuraduría Agraria, del Gobernador, del empresario y del hijo de la delegada. Han desplegado toda artimaña jurídica y asesoría de la Procuraduría a favor del depuesto ex comisariado de Bienes Comunales quien ha actuado con dolo, ocultado actas, boicoteando asambleas, ocultando sellos, amenazando a los demás comuneros como a los miembros de la organización Bios Iguana; violando a todas luces la ley agraria en contubernio, asesoría y omisión de la Delegación de la Procuraduría Agraria de Colima quien ha optado por los intereses de un grupo minoritario, dividiendo a la población indígena y negando los derechos de la mayoría de los comuneros de Zacualpan.

Por eso demandamos:

  • Respeto a la decisión libre y soberana de los comuneros de destituir a sus autoridades cuando lo consideren conveniente, así como de sus usos y costumbres. El reconocimiento oficial de sus nuevas autoridades por parte del Registro Agrario Nacional (RAN).
  • Auditoría de los recursos públicos recibidos por el ex comisariado de bienes comunales a nombre de los comuneros. Así como deslindar responsabilidades por violación de la ley agraria por suspender unilateralmente asambleas, entorpecer su realización, ocultamiento de Actas de Asamblea y sello; y otras acciones asesoradas por la delegada de la Procuraduría Agraria.
  • Destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, y deslindar las presuntas responsabilidades penales y administrativas a la delega, y por nepotismo.
  • Deslindar las presuntas responsabilidades administrativas y penales al Visitador Agrario, hijo de la delegada, por sus amenazas.
  • Alto a la criminalización por parte del gobierno del estado de Colima contra los defensores de los derechos humanos de la organización Bios Iguana.
  • Retiro de las fuerzas policiacas de los territorios indígenas de Zacualpan y disculpas públicas a los niños, niñas, mujeres, y ancianos violentados en sus propios territorios por la fuerza pública.

Los miembros de la REMA, en caso de agotar las instancias legales en curso y sin solución, acudirán a las instancias internacionales de Derechos Humanos.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Descargar comunicado .pdf