La violencia, también por las minas y la madera

No toda la violencia es por narcotráfico. Entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Manzanillo, Colima, se extiende un territorio rico en mineral ferroso y madera, que la delincuencia organizada saquea y comercializa ilegalmente. Cansados de denunciar el régimen de terror al que los someten los cárteles y sus grupos paramilitares, los pobladores de esa región organizaron sus policías comunitarias. Pronto estuvieron entre dos fuegos: el del gobierno y el de los sicarios

michoacan-autodefensasAQUILA, MICH.- Tres años después de haber sido desplazados de su tierra, el sábado 8 de febrero varios ex-policías comunitarios de Santa María Ostula retornaron para recuperar esta población por segunda vez.

Esa semana realizaron tres asambleas y pidieron apoyo para tomar el jueves 13 el lugar conocido como La Placita e identificado como bastión del crimen organizado. Creen que ahí está Federico González, El Lico, uno de los principales mafiosos de la región.

A El Lico se le atribuye la mayoría de los asesinatos y desapariciones forzadas en la costa michoacana; por eso los desplazados entraron con el respaldo de alrededor de 50 camionetas de los grupos de autodefensa de Coalcomán, Chinicuila, de la cabecera municipal de Aquila y de otros pueblos aledaños.

Paralelamente, en la cabecera de Ostula se realizó una asamblea general en la que se determinó reorganizar a su Policía Comunitaria.

Ostula es relevante en la circunstancia actual de Michoacán, ya que el 14 de junio de 2009 el Congreso Nacional Indígena declaró aquí el derecho de los pueblos a la autodefensa.

Dos semanas después los nahuas recuperaron sus tierras ancestrales, que les disputaban pequeños propietarios de La Placita, y para protegerlas crearon su Policía Comunitaria y su Guardia Tradicional (ésta existía hasta los años ochenta, pero el gobierno estatal ordenó al municipio que la disolviera). Sin embargo, en mayo de 2010 el Ejército desarmó a estos grupos y se multiplicaron los asesinatos y las desapariciones forzadas.

El domingo 9 casi se repitió el episodio: al día siguiente de que regresaron a Ostula decenas de indígenas desplazados, los militares entraron al pueblo y tomaron la casa donde se resguardaban las armas de las autodefensas. Pero esta vez la población fue a impedir que se las llevaran. Después de meses de miedo y silencio, exigieron que se mantengan las guardias comunitarias.

Todavía está muy presente el 6 de diciembre de 2011, cuando cuatro sicarios emboscaron a un contingente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y separaron de él a Trinidad de la Cruz, de 73 años, uno de los líderes morales de Santa María Ostula. “¡Por qué volviste, viejo cabrón! ¡Te dijimos que no volvieras!”, le gritaba uno de los delincuentes. Algunos activistas escucharon o vieron cómo golpeaban al anciano. Al día siguiente apareció su cadáver.

Esos meses fueron de terror. Se reportaba un asesinato o una desaparición forzada cada 15 días, en promedio. Desde junio de 2009, cuando la comunidad nahua recuperó parte de su territorio ancestral y renombró Xayakalan a esa zona, 28 personas habían sido asesinadas y cuatro desaparecidas.

Los sicarios se ensañaron con los líderes viejos, con los más jóvenes, las autoridades comunales, los feligreses afines a la teología de la liberación, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y los excomandantes de la Policía Comunitaria y la Guardia Tradicional. Decenas de familias tuvieron que huir. Ostula, ubicada entre los puertos de Manzanillo (Colima) y Lázaro Cárdenas (Michoacán), se había convertido prácticamente en un laboratorio de contrainsurgencia.

Con escasa resistencia, empresas mineras comenzaron a presionar a las autoridades locales para que les dejaran extraer hierro de la sierra a su antojo. Lo que quedaba de la asamblea de Ostula negó los permisos. Pero la delincuencia organizada ya saqueaba el bosque y exportaba madera de granadillo o sangualica (especie en peligro de extinción) a China y Taiwán.

También durante 2012, en la sierra costera de Nayarit y Jalisco, grupos criminales comenzaron a robar granadillo y tampicirán (protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010).

Además, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, asentado en la sierra de Manantlán, en los límites de Jalisco y Colima, denunció formalmente que esos grupos han extraído y comercializado ilegalmente desde 2008 1 millón y medio de toneladas de mineral de hierro.

La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía tiene registradas en el municipio de Aquila 102 concesiones mineras; 12 de ellas operan en 7 mil 913 hectáreas de Ostula (41.6% de las 19 mil que constituyen su territorio) y siete están a nombre de la empresa Encinas. Ésta opera desde hace décadas en la cabecera municipal y, al igual que Peña Colorada, es propiedad de la trasnacional Ternium.

La reorganización

Pedro y Juan, dos de los habitantes de Ostula que el sábado 8 regresaron con las autodefensas, fantasearon durante cuatro años qué harían al llegar a su tierra: beberse un coco frente al mar, visitar las tumbas de don Trinidad de la Cruz y otros caídos… Hasta que, a principios de enero, comenzó a reagruparse un comando de la que fuera su Policía Comunitaria.

Semanas antes, describieron en entrevista cómo se desató la violencia contra su comunidad, que ha dejado 30 muertos, cinco desaparecidos y decenas de desplazados, como ellos.

Todo empezó con un acuerdo para dejar a los partidos fuera de la vida comunal. Querían recuperar el paraje costero La Canahuancera, en manos de pequeños propietarios, y comprendieron la necesidad de unirse: siglas y banderas “nos tienen divididos y esto se trata de la lucha social, aquí somos un solo bloque y vamos sobre la misma defensa”, comenta Juan.

El 29 de junio de 2009, centenares de comuneros bajaron de Ostula a la costa y fueron recibidos a balazos. La Policía Comunitaria repelió la agresión. Finalmente retomaron su tierra y la renombraron Xayakalan.

El primer año se respetó el pacto de continuar sin partidos, por lo que en la elección de 2009 no se permitió que se colocaran casillas, pero en 2010 las cosas cambiaron. Mario Álvarez López (hoy delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Michoacán), originario de Aquila, se lanzó como candidato del PRI para diputado local del distrito XXI. Juan recuerda que Álvarez López “se jaló a unos 20 habitantes de Ostula y les pegó una calca que decía: Yo soy PRI”.

“Tal vez por temor lo permitieron ellos. Yo lo vi, pero no dije nada, aunque soy de los que más ladraba en asambleas. Ahora pienso que de ahí vino el descontrol; vio que no reaccionamos y dijo ‘ah, por aquí es’”.

A partir de entonces los líderes locales del PRI “agarraron a los adictos, desempleados y a gente que con mil pesos la traen como quieren. Dicen que al hambriento dale un taco y ya con eso lo tienes contento, y con la droga ellos están felices; ahí fue cuando algunos dieron la espalda a la comunidad. En algún momento les llamaremos la atención, a ver de a cómo les toca”.

De pronto, el gobierno y la delincuencia organizada se enteraban de los acuerdos de la asamblea, de lo que decía cada uno.

Juan y Pedro señalan a Álvarez López como uno de los principales interesados en que Ostula no recupere su tierra, pues en el conflicto agrario él argumenta que es propietario de más de 500 hectáreas en Xayakalan.

Después vinieron las amenazas y los atentados. En mayo de 2010 un convoy de la Armada desarmó a la Policía Comunitaria (que llegó a tener alrededor de 400 integrantes). Al día siguiente, dicen los entrevistados, entró a la comunidad el “jefe de la plaza” del narco y repartió volantes donde afirmaba que él era amigo de Ostula. Ese mismo día intentaron “levantar” a uno de los comandantes de la recuperación de tierras de 2009.

En agosto siguiente, un grupo de militares, marinos, policías federales e individuos que portaban chalecos antibalas que ostentaban las siglas DEA irrumpió en Ostula a casa de otro comandante que participó en la acción de 2009. Según los entrevistados, los marinos pretextaron que buscaban al presunto líder de un cártel local, denunciado en una llamada anónima.

El 20 de enero de 2011 Juan y otros comuneros jugaban futbol cuando llegó un comando y le disparó a su camioneta. Él consiguió escapar por el cerro.

A Pedro no le fue mejor: “Como había fiesta, primero oímos lo que, pensamos, eran cohetes. Estábamos bien tranquilos tomando una chela cuando vi que sacaron los cuernos. Nos tiramos de panza, no sabía uno ni qué”.

Juan acusa: “Yo le echo la culpa al gobierno. Le interesan las tierras y quiere intimidar a la gente para que no se siga moviendo”, afirma Juan.

–¿Pero cuál es el interés del gobierno?

–Los caciques quieren bajarse a vivir a la costa, nuestras playas son tan hermosas que todos las quisieran tener. Además está la minería. Cuando el Tribunal Agrario sacó su resolución sobre Ostula, en 2008, curiosamente le quitaba a la comunidad toda la franja de tierras que llegaba hasta la mina de Aquila (operada por Las Encinas). Existe el fuerte rumor de que se pretende hacer un puerto minero justo donde la comunidad recuperó las tierras, en Xayakalan. En Ostula hay fierro y otras cosas. También se están llevando la madera.

La estrategia de desplazamiento y terror funcionó: muchos habitantes se fueron. Los asesinatos se atribuían a pleitos entre cárteles. La unidad sin partidos que se consiguió en 2009 se rompió.

Tras el asesinato de Trinidad de la Cruz, comenzaron las extorsiones. Continuaron los asesinatos y desplazamientos. A quien se quedaba, si tenía un negocio, los narcos le cobraban derecho de plaza o se lo quitaban, y cuando mataban a alguien se repartían sus bienes.

–¿Y ahora cómo ven el panorama?

–Hace un año le platiqué a un amigo: “Mejor voy a regresar al rancho, miro que la gente no se quiere defender”. Y me decía: “Ya apacíguate mejor”. Pero cuando vi que las guardias comunitarias andaban por otros lados, me convencí. Los que somos entrones estamos afuera de Ostula y ellos (los delincuentes) tienen miedo del día que estemos juntos. Yo sé que mi gente me está esperando, oigo rumores –responde Juan.

El 21 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que el gobierno de México adoptara medidas cautelares e informara sobre el paradero de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, éste presidente de Bienes Comunales de Ostula. Ya iban 12 asesinatos, incluidos los dos de la comunidad de Coire.

La medida de seguridad que otorgó el Estado fue brindarles el número telefónico de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el de la Secretaría de Marina, como se lee en la solicitud de ampliación de las medidas cautelares a favor de la comunidad de Ostula que se entregó a la CIDH el 15 de julio de 2011.

En este documento se detalló la lista de torturas y asesinatos contra los integrantes y simpatizantes de la resistencia indígena, así como sus familias. Todo esto a pesar de que el Ejército y la Marina tienen bases muy cercanas.

Madera y hierro, a China

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en sus boletines sobre decomisos correspondientes a 2012 y 2013, describe la de sangualica como una madera dura y pesada, de color castaño a rojizo y morado, con vetas negruzcas. Para el entrevistado Juan es “la más hermosa que puede haber. No ocupan lijarla, al cortarla tiene una transparencia que… ¡ah, chulada!”. Es la especie que están arrasando los talamontes armados.

Los pobladores afirman que el despojo comenzó en Pómaro y Coire, comunidades nahuas más cercanas al puerto de Lázaro Cárdenas. “De ahí se fueron pa’rriba”: hacia el puerto de Manzanillo, pasando por Ostula.

Pedro señala que el actual alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, prestó maquinaria para abrirle camino a los talamontes. “Ya lo juzgaremos y le cobraremos lo que nos robó”, añade.

Un activista de la sierra de Nayarit, quien pide no publicar su nombre, igual que casi todas las fuentes locales, relata que un decomiso de la Profepa fue interceptado por el crimen organizado: “Tú traes algo que me pertenece”, le advirtió un mafioso al inspector federal.

Y denuncia: “En la playa Lo de Marcos están los aserraderos clandestinos. Los ejidos que se habían mantenido al margen de la tala, como Úrsulo Galván, están aprovechando porque saben que la mafia tiene marginada a la autoridad federal. Así que están sacando otras especies como el tepemezquite (…) Están descremando los montes y los riesgos ecológicos son incalculables, no sabemos el impacto de que desaparezcan todas estas especies. Se están llevando árboles de 200 o 300 años. Ni tú ni yo veremos de esa talla en nuestra vida”.

El terror se desató también contra el pueblo nahua de Ayotitlán, en la costa sur de Jalisco, cuando se resistió al saqueo de estas especies: el 23 de octubre de 2012 fue desaparecido Celedonio Monroy, uno de los principales defensores del territorio.

Igual que Ostula, Ayotitlán está cerca de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Los decomisos de la Profepa se registran principalmente en Colima, aunque investigaciones periodísticas han documentado que por Manzanillo salen hacia China los minerales y la madera que explota el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y por Lázaro Cárdenas los que saquean Los Caballeros Templarios.

En 2012 la dependencia federal reportó cinco decomisos de estas maderas tropicales. El siguiente año se hicieron públicos por lo menos 10 aseguramientos en Manzanillo. En todos los casos sus destinos eran China y Taiwán.

El saqueo del mineral de hierro ya tiene décadas tanto en Aquila como en Ayotitlán. Los grupos paramilitares aparecieron en 2010 y desde entonces no hay día que los pobladores no vean a hombres armados en camiones cargados de pedacera de cerro con vetas de fierro, oro y otros minerales.

 

Guillén A., Torres R. (2014). La violencia, también por las minas y la madera. Revista Proceso, Seminario de Información y Análisis, Nº1946, 17-19.