Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera.
El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Artículo publicado en Boletín de Especuladores de la Guerra de War Resister’s
International (WRI-IRG), Abril 2014
http://www.wri-irg.org/node/23010
Tomàs Gisbert Caselli y Maria Jesús Pinto

[Fragmento]

colombia-militarizacionLas fuerzas armadas colombianas, con 281.400 efectivos son el segundo ejército más grande de toda Latinoamérica sólo superado por Brasil. A ellas hay sumar los 159.000 miembros de la Policía Nacional, policía militarizada que depende orgánicamente del Ministerio de Defensa. En Colombia hay 6,2 soldados por cada mil habitantes, ratio que casi cuatriplica el de Brasil.

El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector para la implementación de la política neoliberal extractivista: la denominada “locomotora minero-energética”. Si a inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21 los batallones minero-energéticos.

Los Batallones Minero-Energéticos están formados por 80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército de Tierra en el que están encuadrados, y representan casi un 30% de las fuerzas armadas.

La fuerte militarización de las zonas extractivas no ha significado una mayor seguridad de las poblaciones afectadas. Censat Agua Viva y Mining Wacht Canadá advertían de que “las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y 83% de los asesinatos de líderes sindicales”.1 La función de estas unidades, contra lo que pudiera parecer razonable, no es proveer seguridad pública sino asegurar las inversiones extranjeras y la extracción minero-energética.

Varios de estos batallones están radicados en el interior mismo de las instalaciones de las empresas o minas, como es el caso del Batallón Militar 15, localizado desde octubre de 2011 dentro de los campos petroleros de la multinacional Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, donde la empresa además les aporta vehículos y combustible. O el Batallón Energético Vial no 8 radicado en los terrenos e instalaciones de la minera Frontino Gold Mines, en el municipio de Segovia, tal como indica la misma página web del Ministerio de Defensa.

La colaboración entre ejército e inversionistas es fluida. Como indica el director de operaciones del Ejército, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco,2 el ejército analiza los proyectos que elaboran las propias empresas inversoras y los deriva a la división militar correspondiente para su protección.

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