Honduras: Incumplimiento en consulta previa de proyectos mineros genera violencia

honduras-no-mineria-1Una carta llegó a la comunidad de Nueva Esperanza y otras comunidades del sector Florida en Tela, Atlántida. Procedía de la Honduras Mining Company, pidiendo el derecho de paso de servidumbre para un proyecto minero que pretenden instalar en la aldea Carmen colindante con Nueva Esperanza. La comunidad encendió las alertas de nuevo, hace apenas un año un proyecto minero les había quitado la paz montaña arriba.

El derecho a la consulta previa, libre e informada es muy poco conocido en las comunidades del interior del país. Procesos organizativos en el departamento de Atlántida (uno de los más ricos en minerales y agua) han intentado luchar por el mismo y antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale, están exigiendo toda la información necesaria para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo.

Ese día en que el empresario Gustavo Urrutia, minero conocido en el sector por instalar proyectos mineros sin consultar, la comunidad de Nueva Esperanza montó vigilancia y colocó una pancarta en la entrada de la aldea que decía: el agua y los territorios son de los pueblos.

Doña Evangelina y don Enrique recuerdan que no hace mucho, el proyecto minero de otra empresa llamada La Victoria, les causó muchos problemas. La policía confabulada con el empresario los intimidaba, llegó a disparar en la tranca que ellos habían colocado para evitar el paso de los camiones, y varias personas tuvieron que huir de la comunidad para sobrevivir ante amenazas a muerte. A manos de empleados del empresario de la zona, en Nueva Esperanza se dio la privación de libertad de 5 extranjeros observadores de derechos humanos que apoyaban la lucha contra la minera en ese entonces.

Ayer se llevó a cabo el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” organizado por la Convergencia por los derechos humanos zona noroccidental, en la que especialistas explicaban la normativa nacional e internacional para el desarrollo de un proyecto extractivo y los derechos de las comunidades. Doña Evangelina estuvo allí escuchando atentamente junto a otras mujeres y jóvenes del sector.

El expositor Pedro Landa, miembro de la Coalición de Redes ambientalistas de Honduras explicó la nueva Ley de Minería y en su análisis concluyó que según esta normativa, la consulta ya no tiene que ser tan previa. “si la consulta no se realiza en plazo (60 días), la solicitud está aprobada directamente. Y si el resultado de la consulta es negativo, se puede volver a realizar dentro de 3 años. ¿Pero por qué no se aplica lo mismo para el caso que se acepte, que cada tres años se pueda volver a realizar?”, dijo Landa. Todo esto contradiciendo tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

“Existen mecanismos de protección internacional ante los organismos de Naciones Unidas que exigen la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos cuando se ven afectados, y hacen énfasis en los proyectos de explotación de bienes naturales. Esta exigencia va incluso cuando se llevan a cabo medidas legislativas (nuevas leyes), incluso del rango constitucional”, explicó la abogada Ivania Galeano de la Convergencia por los derechos humanos.

 

Falta de consulta previa provoca violencia

honduras-no-mineriaSan Juan Pueblo del municipio de La Masica, Atlántida es una comunidad muy conocida a nivel nacional, especialmente por la crisis de temblores que sufrió el año pasado. Por esta comunidad pasa una falla geológica que atraviesa la cordillera Nombre de Dios donde además hay múltiples áreas protegidas por ser productoras de agua. Aun así las comunidades han sido alertadas por solicitudes de concesión para explotación minera e hidroeléctrica.

El padre Marco Ayala, párroco de San Juan Pueblo, Atlántida, también participó en el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” y concluyó que es necesario que estos talleres lleguen a las bases, a los líderes comunitarios.

Ayala escuchó atentamente a Landa quien explicaba que la nueva Ley de Minería en la que los minerales son catalogados como bienes mercantiles y no naturales presenta muchas trampas para beneficiar la explotación minera. Por ejemplo, explicó Landa, el artículo 48 dice que en ningún caso se otorgarán permisos mineros en las áreas protegidas declaradas e inscritas pero de las 117 áreas protegidas declaradas, solo el 8% están inscritas. Lo mismo con las zonas productoras de agua, tienen que estar inscritas, y el ICF les cobra a las comunidades por hacerlo (aunque debería ser gratis).

 

La Masica es un municipio rico en fuentes de agua, vida silvestre y tierra productiva.

El sacerdote cuenta que en San Juan Pueblo, la falta de consulta previa ha generado tal violencia que por el conflicto minero ya hay 8 personas asesinadas. La comunidad de Betania, montaña arriba ha sido codiciada por dos empresas mineras que han puesto en confrontación a la comunidad y alrededor de 30 familias han sido desplazadas por el conflicto. Los proyectos aún no se desarrollan.

“Las normas sobre la consulta previa son violadas en estos proyectos, se meten a la brava y cuando supuestamente socializan el proyecto continúan haciendo las mismas cosas que antes invitando solo a los que están de acuerdo dándoles regalitos y eso es contrario a las leyes. El proyecto actual es de extracción de piedra de hierro, primero un señor apellido Rojas se introdujo a la montaña, sin tener el consentimiento de la municipalidad ni del pueblo pero tenía documentos de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales). Se introdujo a la brava, cercó el camino, y generó violencia”.

En su participación en el seminario, Landa explicaba que a partir de la nueva Ley de Minería se han dado 19 conflictos mineros de esta envergadura. Y que la llamada “narco minería” está agarrando fuerza, junto con el sicariato y crímenes de terror, para paralizar a la comunidad. Al plantearle la situación al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Landa dijo que la respuesta fue que era algo normal en los proyectos mineros.

La ley establece que una persona podrá tener 10 concesiones. Estos mineros de San Juan Pueblo ya son conocidos por solicitar varias concesiones en el sector. Landa explicó que el 45% de las solicitantes de concesiones son hondureños, luego buscan los socios en el extranjero. Los empresarios extranjeros son los dueños, pero piden a un hondureño que solicite la concesión a cambio de regalías: velo corporativo para evadir las responsabilidades jurídicas.

Y es que en la práctica, el Estado parece favorecer a los concesionarios por encima de los derechos de las comunidades.

“Como iglesia nosotros nos sentimos involucrados, hemos convocado a caminatas por la paz rechazando este tipo de violencia y responsabilizando a los entes involucrados en el conflicto. Eso nos ha traído amenazas. Yo no tengo miedo porque no hago nada malo lo que hago es defender y darle la información necesaria a la gente.”

Comunidades indígenas también han sido afectadas por la falta de consulta previa y los conflictos que se generan a raíz de esto. Un ejemplo es el caso de Locomapa, Yoro en el que indígenas Tolupanes han sido asesinados y amenazados por su defensa del territorio ante proyectos mineros que se quieren establecer en sus montañas.

La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; María Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones en defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.

Después de estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó medidas para proteger a 38 personas de la comunidad, sin embargo el Estado no responde y la comunidad plantea la posibilidad de recurrir nuevamente ante estas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.

Desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

 

Municipios libres de explotación minera

El padre Ayala es de la idea de que al tener toda la información de las contrapartes, las decisiones que el pueblo tome serán en beneficio de todos y todas. Con experiencias cercanas como la de Balfate en Colón, o la de El Negrito en el departamento de Yoro, que han sido declarados municipios libres de explotación minera. La Masica quiere seguir un camino y al hablar con el alcalde actual, la comunidad corroboró que hay apertura para que el pueblo decida.

“El alcalde actual del municipio de La Masica nos ha dicho que está disponible a apoyar la lucha y si las comunidades quieren declarar el municipio libre de minería lo va a hacer. Para eso hay que darle una información amplia a la gente, en las dos partes, en los desastres que ocasiona la explotación minera y los beneficios que podría generar también”, dijo Ayala.

Sin embargo, Landa explicó que las leyes de Honduras no están hechas para este tipo de iniciativas. “No pueden establecerse zonas del territorio que quedan excluidas de la minería, sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente, dice la ley ¿Pero cuál es el procedimiento correspondiente? No se sabe. ¿Y cómo quedan las declaratorias de municipios libre de minería? La ley se lo pasa por encima. Los abogados de las empresas mineras se agarran de este artículo para todo”.

Si las leyes nacionales no contemplan la consulta previa, las organizaciones exigen que se cumplan las leyes y tratados internacionales y han llevado el tema de consulta previa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También pretenden presentarlo dentro del Examen Periódico Universal y aprovechar los mandatos de Naciones Unidas. Han solicitado al Consejo de derechos humanos de la ONU que brinde una opinión sobre el no cumplimiento de los Convenios a partir de esta ley de minería, esto puede tener impacto.

“Es importante hacer todas las acciones legales para demostrar que el sistema interno no funciona”, concluyó Landa.

Fuente: Radio Progreso