La judicialización de las demandas comunitarias es una respuesta antidemocrática por parte del Estado de Guatemala

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Como es de conocimiento público, la conflictividad social que se ha generado en las Naciones Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjob’al y Mestizo, es consecuencia de la imposición de licencias de proyectos extractivos, que han violado derechos fundamentales como la consulta previa a los pueblos originarios. También la judicialización de las la luchas comunitarias ha sido una estrategia equivocada impulsada por las empresas y el organismo judicial que ha profundizado la situación. Ante esta situación hace tiempos se planteo una agenda básica de dialogo de alto nivel con el ejecutivo, así como también se solicitó la evaluación del Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, el cual está bajo la Coordinación del Ministerio Público, El Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y la Defensa Pública Penal.

Sin embargo, el gobierno de Guatemala optó por anteponer los intereses de los inversionistas por encima de los derechos colectivos de las comunidades, llevando al fracaso la mesa de diálogo, evidenciado también la parcialización de la actuación de algunos operadores de justicia que ha desatado una serie de persecuciones legales en contra de líderes y lideresas.

El traslado de los juzgados y fiscales del Ministerio Público a la cabecera departamental de Huehuetenango es una muestra de la falta de voluntad del Sistema de Justicia por no aceptar la revisión de 15 años de actuación parcializada y excluyente en territorios indígenas, evidenciando también que sigue siendo ajeno al pluralismo jurídico y cooptado por poderes impunes. Para revertir esta realidad ahora hacen creer a la opinión pública que han sido objeto de intimidación y de limitación de su operación por parte de la sociedad civil.

Una nueva brecha de distracción lo constituye la instrumentalización de los alcaldes municipales para desviar las causas fundamentales de esta conflictividad, tratando de crear un escenario de confrontación a nivel local en un año electoral.

Ante esta crisis del Estado, las organizaciones sociales de nuestros pueblos debemos de abordar responsablemente esta situación procurando avanzar con la transformación estructural e histórica de este sistema impuesto desde de la colonización y no dejarnos llevar por la difamación y descalificación.

Luchar por la fiscalización de la institucionalidad pública y la promoción de los derechos fundamentales de nuestros pueblos, es una obligación de la ciudadanía y los defensores de Derechos Humanos.

Yichtenam, febrero de 2015