Acción Urgente: Exigimos la destitución de la Procuradora Agraria de Colima

Finalizado. La acción recibió el apoyo de 134 personas y organizaciones. Gracias!

 

María Elena Díaz Rivera, Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, nuevamente excede sus atribuciones por lo que exigimos el respeto a los derechos humanos del pueblo indígena de Zacualpan; el respeto a sus decisiones y su estructura de gobernanza; además de dejar de hostigar a los defensores de los derechos humanos, en especial a las y los integrantes de la organización Bios Iguana

 

Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Cruz López Aguilar, Titular de la Procuraduría Agraria
Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Titular de la Secretaría de la Función Pública
Arq. Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Dialogo con los Pueblos Indígenas
Maria Alejandra Arias Villegas y Lic. Santiago Ramírez Hernández, Secretaría de la Función Pública
Ricardo J. Sepulveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la SEGOB
PRESENTES

procuraduria-agrariaMaría Elena Díaz Rivera, Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, nuevamente excede sus atribuciones y pierde totalmente sus funciones públicas, al apoyar a un pequeño grupo y fiel a sus intereses, de la comunidad indígenas de Zacualpan, para que a través de anomalías recurrentes, este grupo asuma el poder del comisariado de bienes comunales y con lo cual, lo único que continúa generando es la promoción de acciones que provocan más división comunitaria.

De manera ilegal, sin exista motivo y razón, de una manera burda y por demás intransigente, se quiere entrometer en los asuntos internos de la comunidad y convoca a una Asamblea de Comuneros para este próximo domingo 6 de septiembre con el objetivo de elegir Comisariado de Bienes Comunales, siendo que el mandato del actual comisariado fue electo en noviembre del 2014, en Asamblea convocada por la misma Procuradora, en acatamiento a un fallo del Tribunal Agrario. La elección del comisariado había restituido la gobernanza desde los propios comuneros, de manera periódica se llevaron a cabo asambleas comunales, se manejaron manera trasparente los recursos comunales, incluso se presentó un amparo contra las concesiones mineras impuestas en el territorio indígena. Las acciones y defensa territorial de los comuneros es contraria a los intereses de la señora procuradora Díaz Rivera y el pequeño grupo de comuneros que la siguen. No obstante, nuevamente pretende hacer otro intento de imposición a los comuneros e intentar fijar sus condiciones e intereses para sacar adelante un proyecto minero en la zona.

Hace dos meses la fracción minoritaria de comuneros, que fueron apoyados, asesorados, financiados y protegidos impunemente en sus actos ilícitos por la Sra. Díaz Rivera, además de otros integrantes del gobierno del Estado de Colima, finalmente llegaron a un acuerdo con el Comisariado y el Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan, con el fin de solucionar el conflicto interno que provocaron los intereses mineros. Durante ese proceso, afortunadamente, los comuneros del grupo mayoritario nunca cayeron en la provocación, ni respondieron las agresiones y violencia con la cual siempre ha operado el grupo minoritario, mismos hechos que fueron constatados por la Misión Internacional que para el caso se presentó en Zacualpan entre el 1 y el 4 de marzo del presente año y por el contrario, siempre realizaron acciones en el marco de la ley. De hecho se presentaron acciones y demandas penales por las agresiones sufridas por el grupo minioritario, así como se realizaron las denuncias pertinentes contra dicha Delegada de la Procuraduría, entre otras la presentada en la Secretaría de la Función Pública, ya que no es la primera vez que la Delegada pretende, por los medios que sean necesarios, imponer como representante agrario algún integrante del grupo minoritario, que además está a favor del proyecto minero, con lo cual excede de sus funciones como procuradora e invade y viola los derechos colectivos de pueblo indígena de Zacualpan, a la vez que violenta los propios acuerdos a la que ella se había sumado con anterioridad, con lo cual abona a la división social y comunitaria y retroalimenta por medio de calumnias y desprestigio, la criminalización de las y los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, en especial contra la organización ambientalista Bios Iguana, a tal grado que le atribuye a esta organización la formación de grupos terroristas, la siembra de estupefacientes, el despojo intentar apoderarse de terrenos comunales, además de según ella, tiene intereses mineros y son familiares de políticos locales, mismas calumnias que nunca presentó por la vía judicial, porque no habría podido sostener su dicho a ser todas ellas totalmente falsas.

El proceso de violencia, persecución, represión, intimidaciones, agresiones verbales y físicas contra las autoridades legalmente elegidas; así como solapar la malversación de fondos del depuesto comisariado y su corrupción, y proteger la violencia iracunda del grupo minoritario, son parte de las acciones recurrentes que aplica como modus la Procuradora Agraria de Colima, usando medios de comunicación y movilizándose bajo la impunidad y protección que le brinda el gobierno de Colima. De todo ello han quedado registradas y documentadas ampliamente sus acciones en la prensa local, nacional e internacional, sin olvidar las agresiones que le sucedieron a las y los integrantes de la Misión de Observación Nacional e Internacional que arribó al estado de Colima.

Por todo lo anterior, no es casual que la violencia generada en Zacualpan haya ameritado la presencia del personal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a quienes el mismo grupo minoritario, también ejercioó hostigamiento y agresión a los representantes de la Secretaría de Gobernación.

El gobierno del Estado, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Congreso del Estado de Colima, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, entre otras instituciones del estado y federales, han sido evidenciadas de su apoyo irrestricto a la falta de procuración de justicia, la ilegalidad y la violación de los derechos humanos y colectivos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, al generar violencia para detonar el conflicto y azuzar la intervención policiaca y militar, por lo tanto, están totalmente desprestigiadas y sin credibilidad ni moral ante la ciudadanía para resolver las problemáticas locales.

Los comuneros del pueblo indígena de Zacualpan en busca de justicia han luchado contra todo el aparato del estado y por ello siempre están en una situación de vulnerabilidad por estar en total indefensión ante la falta del Estado de Derecho.

Es por ello que exigimos el respeto a los derechos humanos del pueblo indígena de Zacualpan; el respeto a sus decisiones y su estructura de gobernanza; además de dejar de hostigar a los defensores de los derechos humanos, en especial a las y los integrantes de la organización Bios Iguana. También exigimos que de manera inmediata se destituya a la Sra María Elena Díaz Rivera como delegada de la Procuraduría Agraria del estado de Colima y se le deslinden responsabilidades en el estricto marco del derecho incluyendo lo dictado en la ley que regula a los servidores públicos, porque mientras ellas siga al frente, continuará moviéndose en total impunidad creando división y confrontación, y la responsabilizamos de cualquier violencia que pueda suscitarse en la comunidad, así como de la seguridad físicia y psicológica de las autoridades e integrantes del Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan.

Atentamente,

*la presente se dirige con copia al conductor David Campos de Meganoticias respecto a las informaciones vertidas en noticiero de Colima el día 1 de septiembre de 2015 (desde minuto 16:40 en adelante)