Celebramos la resolución de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca a favor de los pueblos

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El pasado viernes 27 de mayo el Consejo de Pueblos de Occidente -CPO- de Guatemala dio a conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca en relación los amparos presentados para hacer valer el derecho fundamental a la consulta de los pueblos indígenas.

Desde 2010 CPO mantiene una lucha jurídica para hacer valer la decisión de las comunidades. Así, la semana pasada la Corte resolvió 6 amparos a favor de los pueblos, lo que obliga la anulación de 6 licencias mineras en el occidente de Guatemala; específicamente alrededor de la mina Marlin.

“Consideramos este paso como importante, porque sienta jurisprudencia y ayuda al debate nacional e internacional sobre el derecho fundamental de la consulta. Estamos conscientes que al leer las resoluciones hay algunos puntos que debemos analizar, pero en general es un triunfo a favor de los pueblos”, declararon.

La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental que debe ser promovido y respetado. Por eso desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- celebramos que el proceso legal iniciado por el Consejo de Pueblos de Occidente haya conseguido esta victoria al hacer valer la autodeterminación de las comunidades organizadas que rechazan el modelo extractivo insostenible que nos quieren imponer.

¡Por más territorios libres de minería!
¡De Panamá a Canadá la minería no va!

 

Materiales relacionados:

Para descargar las sentencias, ver en cada uno de los enlaces

  1. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad – Licencia minera “CENTAURO II”
  2. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad – Licencia minera “ELUVIA”
  3. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad – Licencia minera “LOS CHOCOYOS”
  4. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad – Licencia minera “LOS CIMIENTOS”
  5. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad – Licencia minera “SAN JOSE III”
  6. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad – Licencia minera “TAJUMULCO II”

 

Interpretación de la Corte de Constitucionalidad sobre el derecho de
Consulta en las Sentencias

La consulta previa, es un derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación cuyo reconocimiento surgió como resultado de la conciencia internacional de la necesidad de abogar, de manera especial, por la salvaguardia de los intereses de los pueblos indígenas que por factores ligados a su identidad cultural, se han visto históricamente relegados de los procesos de decisión del poder público y del funcionamiento de las estructuras estatales en general; erigiéndose así en garantía de igualdad o de equiparación, en cuanto a la aptitud real de pronunciarse e influir sobre aquellas disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida.

El objeto de protección de la consulta no se circunscribe, ni se refiere principalmente, a la esfera patrimonial –en la connotación civilista de la expresión-, sino aglutina elementos de naturaleza heterogénea enraizados en la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en el fenómeno de marginación que han padecido, respecto a los procesos de decisión del poder público y del acceso a servicios básicos, aun cuando se registren algunos avances en el orden político y social.

El derecho de consulta forma parte del bloque constitucional, en consecuencia se fundamenta en:

  1. Convenio 169 de la OIT
  2. Convención Americana sobre Derechos Humanos
  3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
  5. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.