El nombre de Berta Cáceres estaba en una lista negra de militares hondureños, dice ex soldado

compartimos nuestra traducción a la nota de The Guardian, aparecida el 21 de junio de 2016

Una unidad entrenada por fuerzas especiales estadounidenses fue enviada a asesinar a la activista ambiental que fuera ultimada en marzo, según un ex miembro que ahora teme por su vida.

justicia-para-berta-theguardianBerta Cáceres, la activista ambiental asesinada, apareció en una lista negra distribuida a las fuerzas especiales militares hondureñas entrenadas por fuerzas estadunidenses meses antes de su muerte, afirmó un ex soldado.

Se dan listas destacando los nombres y retratos de decenas de activistas sociales y ambientales a dos unidades élites, con órdenes de eliminar cada blanco, de acuerdo con lo expresado por el Sargento Primero Rodrigo Cruz, 20

El comandante de unidad de Cruz, un teniente de 24 años, abandonó su puesto en lugar de cumplir con el orden. Cruz –quien pidió ser mencionado bajo un pseudónimo por temor a represalias– siguió su ejemplo y se fugó a un país colindante. Varios otros miembros de la unidad han desaparecido y se teme que hayan muerto.

“Si voy a mi casa, me matarían. Diez de mis antiguos camaradas están desparecidos. Estoy 100% seguro Berta Cáceres fue asesinada por el ejército,” dijo Cruz a The Guardian.

Cáceres, una líder indígena Lenca quien ganó el prestigioso premio, Goldman Environmental Prize en 2015 por una compaña contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, fue asesinado en su casa en marzo de este año. Antes de su asesinato, ella había denunciado 33 amenazas ligadas a la campaña y había advertido a los delegados internacionales de derechos humanos que su nombre estaba en una lista negra.

Según Cruz, el nombre de Cáceres apareció en una lista dada a una unidad de policía militar en la Fuerza Interinstitucional de Seguridad (Fusina), que el verano pasado recibió entrenamiento de 300 marines y agentes del FBI.

Cinco hombres han sido detenidos por su asesinato, incluyendo el mayor Mariano Díaz Chávez, importante miembro activo del ejército de Honduras. Díaz había participado anteriormente en operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Honduras en Irak, y es mencionado en los medios locales como un graduado del curso de élite de operaciones especiales Tesón que se imparte por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Díaz era instructor de la policía militar cuando fue arrestado, pero desde entonces se le ha dado baja deshonrosa.

Annie Bird, directora del grupo Derechos y Ecología que cual documenta abusos de derechos humanos en Honduras, dijo: “el testimonio de Cruz sugiere que escuadrones de la muerte están apuntando a la oposición política, pero el sistema jurídico esta tan torcido y controlado directamente por las figuras implicadas en dicha corrupción, que no hay nadie [en Honduras] que puede investigar con credibilidad”.

El Guardian entrevisto Cruz varias veces por teléfono y video llamada, y hablo con varias personas—académicos, líderes comunitarios y activistas—quienes han entrevisto a Cruz y confirmado su identidad y antecedentes militares.

The Guardian entrevistó a Cruz varias veces por teléfono y videollamada, y habló con varias personas -académicos, líderes comunitarios y activistas- que han entrevistado a Cruz y confirmó su identidad y antecedentes militares.

Cruz se alistó en el ejército en diciembre de 2014, y después de tres meses de entrenamiento básico, se transfirió al 7º Batallón de la policía militar, que fue creada en 2013 para sustituir a una fuerza de policía civil inmersa entre acusaciones de corrupción y abuso.

Completó dos extenuantes entrenamientos de campo especializados, incluyendo el curso Tesón, donde recibió instrucción de asesores militares extranjeros, entre ellos estadounidenses, colombianos e instructores que hablaban un idioma extranjero, que Cruz no pudo identificar. El año pasado, el curso Tesón se convirtió en el objeto de una intensa controversia cuando surgieron imágenes que muestran a un aprendiz siendo obligado a comer la cabeza de un perro.

Durante su formación, Cruz fue hospitalizado dos veces por deshidratación, pero completó el curso y en octubre del año pasado él, junto a otros 15 hombres de su batallón fueron enviados a servir en el grupo de trabajo Xatruch -una de las dos fuerzas en Honduras que implementa operaciones especiales en antinarcóticos y en el combate contra las pandillas.

La fuerza Xatruch cubre la costa del Caribe, que se ha convertido en una importante estación de paso para los carteles de la droga y contrabando de cocaína desde Sudamérica a los EE.UU. El segundo grupo de trabajo, Fusina, opera a nivel nacional.

A mediados de diciembre, el comandante de Cruz reunió a sus subordinados después de un partido de fútbol en un martes por la noche y les mostró varias hojas de papel con los nombres, fotografías, direcciones y números de teléfono de cada objetivo. Una de esas listas fue asignada a su unidad; la otra, a una unidad similar en Fusina.

“El teniente dijo que no estaba dispuesto a seguir adelante porque los objetivos eran gente decente, que lucha por sus comunidades. Dijo que la orden vino de sus superiores [y] que estaba bajo presión del comandante de Xatruch para cumplir con ellas”, dijo Cruz.

Unos días más tarde, el teniente salió de la base y no ha sido visto desde entonces.

No era la primera vez que Cruz había visto listas de este tipo. Unas pocas semanas antes en Punta Piedra, una ciudad en la costa del Caribe, documentos similares habían caído del chaleco de su comandante en el jeep que conducía Cruz.

“Sólo los tuve en la mano durante 20 o 30 segundos, pero reconocí algunas caras de líderes [de la región] del Bajo Aguán. No he dicho nada”, dijo Cruz.

La región del Bajo Aguán -en el que se basa el grupo de trabajo Xatruch- ha sido escenario de una serie de violentas disputas por la tierra entre los poderosos magnates de aceite de palma y los agricultores locales. Más de 100 personas, principalmente campesinos y activistas han sido asesinados, muchos a manos de las fuerzas de seguridad estatales o privadas.

Entre los nombres que figuran en la lista negra que vio Cruz figuraba el de Juan Galindo, un activista que había huido de la región después de recibir amenazas, pero que fue asesinado en noviembre de 2014 cuando regresó a su casa casa desde el exilio para visitar a su madre enferma.

Cruz también reconoció a Johnny Rivas y Vitalino Álvarez, miembros con alto perfil en el Movimiento Campesino Unificado (Muca). Ambas personas estaban entre los 123 activistas del Bajo Aguán, identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014 para recibir urgentes medidas de cautelares.

Álvarez, de 52 años, quien ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato desde 2010, dijo: “Hay una estrategia sistemática para eliminar a los líderes sociales más beligerantes. Desde que mataron a Berta, los rumores son ahora que soy el que sigue en esa lista”.

Grupos de derechos humanos han condenado el apoyo estadounidense a las fuerzas de seguridad de Honduras en medio de las crecientes pruebas que implican a la policía y militares en esos abusos sistemáticos. En abril, los activistas advirtieron al Congreso que escuadrones de la muerte van tras activistas, al igual que lo hicieron durante la “guerra sucia” en la década de 1980.

Desde 2010 EE.UU. ha otorgado a Honduras un estimado de $200 millones en ayudas para policía y militares como parte de sus esfuerzos para detener el crimen organizado y la migración de indocumentados, según cifras del Departamento de Defensa y Estado. Además, Honduras comparte el fondo de $750 millones de la Alianza para el Progreso para la violenta región del triángulo norte de América Central, aprobado por el Congreso el año pasado.

Ambos paquetes de ayudas incluyen las cláusulas sobre derechos humanos, pero tampoco se restringen por este tema, aún cuando el más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado dice que “los homicidios ilegítimos y arbitrarios y otras actividades delictivas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad” siguen siendo uno de los problemas más graves del país.

Ni el Ministerio de Defensa de Honduras ni el Departamento de Estado de Estados Unidos respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios sobre esto por The Guardian.

Después de que el lugarteniente de Cruz abandonara su puesto a mediados de diciembre, otros miembros de su unidad fueron redistribuidos separadamente. Cruz trabajó durante unos 10 días con el comandante del grupo de trabajo Xatruch.

Durante este breve despliegue, Cruz dijo haberse despertado en medio de la noche para transportar de bolsas de plástico negras al río Tocoa, en el Bajo Aguán, donde sus colegas vaciaron restos humanos desde el puente.

También describió haber visto una “sala de tortura” cerca de una instalación militar en la ciudad de Bonito Oriental. “Yo no vi a nadie, pero en la habitación había sangre fresca, un martillo, clavos, una cadena y pinzas”.

Poco después, Cruz y sus colegas fueron todos puesto en licencia prolongada. Ahora cada vez más ansiosos por su propia seguridad, Cruz huyó, cruzando ilegalmente la frontera porque sus documentos de identificación estaban todavía con el ejército. Ahora está en la clandestinidad y sus familiares informaron que la policía militar ha estado interrogando a sus vecinos sobre su paradero.

Lauren Carasik, directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en el Western New England University, dijo que los EE.UU. deben dejar de hacer la vista gorda a tanta ilegalidad.

“Esto estas evidencias refuerzan las llamadas a que los EE.UU. debe retirar la ayuda militar a Honduras, donde ha habido un baño de sangre desde el golpe de Estado de 2009”.

La violencia en Honduras aumentó dramáticamente después de un golpe de Estado apoyado por los militares en julio de 2009 que obligó al entonces presidente Manuel Zelaya a abandonar el poder. Defensores del medio ambiente llevaron la peor parte de la represión después de que el nuevo gobierno de derecha otorgara licencias para cientos de mega-proyectos, incluidos minas y presas hidroeléctricas en zonas ambientalmente sensibles. Al menos 109 activistas fueron asesinados entre 2010 y 2015, por lo que Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.

Un número creciente de políticos estadounidenses han expresado su preocupación por esta situación.

En agosto de 2015, 21 miembros del Congreso escribieron al Secretaria de Estado, John Kerry, expresando preocupaciones específicas sobre el apoyo estadunidense a Fusina, que en repetidas ocasiones ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos.

La semana pasada, la Ley Berta Cáceres por los derechos humanos en Honduras -que suspende la ayuda estadunidense en seguridad hasta que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad se detengan- se introdujo al Congreso de los Estados Unidos por el representante Hank Johnson.

“Proporcionamos millones de dólares en asistencia de seguridad a Honduras pero se ha encontrado que estas mismas fuerzas se utilizan para atacar y matar a activistas ambientales, laborales y de derechos humanos, como Cáceres, sin que haya ninguna respuesta efectiva de parte de las autoridades”, dijo Johnson.

La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, dijo que el testimonio de Cruz reforzó las llamadas de la familia para conseguir un investigación internacional independiente que ayude a encontrar a los autores intelectuales del crimen.

“Esto nos muestra que escuadrones de la muerte están operando en las fuerzas armadas, que están siendo utilizados para deshacerse quienes se oponen a los planes del gobierno. Nos muestra que las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado en Honduras“.