Sobre el rechazo del gobierno del Ecuador al comunicado de prensa de un grupo de relatores de la ONU sobre medidas represivas contra organizaciones de DDHH

Acción Ecológica opina

Sobre el rechazo del gobierno del Ecuador al comunicado de prensa de un grupo de relatores de la ONU sobre medidas represivas contra organizaciones de DDHH

Cinco Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaban de pronunciarse sobre el inicio del procedimiento de disolución al que ha sido sometida –nuevamente- nuestra organización y el gobierno nacional ha reaccionado de forma virulenta afirmando que esta declaración “contiene aseveraciones tendenciosas y afirmaciones que tergiversan” la situación en el territorio Shuar, “al publicar información que no ha sido contrastada, inobservando los principios de imparcialidad y objetividad” y dando un “uso tendencioso del lenguaje” sobre nuestra situación administrativa, en contravención con su Código de conducta.

Según el gobierno nacional es inaceptable aseverar que “está disolviendo sistemáticamente las organizaciones, señalar que se desarrolla una “estrategia de asfixiar a la sociedad civil” y calificar la legislación ecuatoriana vigente como “restrictiva”, información que lo afecta políticamente, al tiempo que deslegitima, según él, los mandatos mismos de los Relatores.

Debemos comprender quiénes son los Relatores, qué hacen y cuál es la importancia de sus declaraciones, luego deben recordarse las obligaciones internacionales de los Estados y, finalmente, evaluar si han actuado o no por fuera de sus atribuciones.

Los Relatores junto con los Expertos y los Grupos de Trabajo, son parte de los denominados “Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Surgieron al final de la década de los sesenta para investigar la terrible situación de Derechos Humanos en Sudáfrica y fueron determinantes en la comprensión del fenómeno de las desapariciones durante la dictadura militar en Chile. Hoy en día abordan los más diversos temas y sus observaciones son relevantes para cualquier país democrático (incluido el Ecuador), así como fundamentales a la hora de concretar las obligaciones de los Estados frente a un derecho o a un grupo poblacional determinado.

Son elegidos en un proceso público en razón a sus conocimientos especializados, experiencia e imparcialidad, no reciben ninguna remuneración por su trabajo y están encargados de consolidar una interpretación adecuada de los estándares de derechos humanos, realizar visitas a los países para estudiar determinadas situaciones y formular recomendaciones. A menudo solicitan “con urgencia, aclaraciones por parte de los Gobiernos sobre presuntas violaciones y, llegado el caso, [ruegan] que apliquen medidas de protección para velar por o restaurar el disfrute de los derechos humanos”. Ante determinados eventos y si lo consideran necesario, exponen “los motivos de su preocupación a la opinión pública a través de los medios de comunicación o de otras declaraciones públicas”.

No se alejan de su mandato cuando llaman la atención a un gobierno sobre una situación que les preocupa: de hecho, esa es su razón de ser, pues al manifestarse públicamente advierten sobre la puesta en riesgo de un derecho humano y con ello salvan vidas y promueven el ejercicio democrático del poder de los Estados.

En el caso de Acción Ecológica, se juntaron cinco Procedimientos en cumplimiento de su deber de promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos, entre los que se cuenta el mismo derecho a “dirigirse sin trabas a los organismos internacionales” cuando quiera que consideren que un derecho ha sido vulnerado o puesto en riesgo.

La reacción del Estado ante un llamamiento de los Procedimientos, debería ser la de disponer lo necesario para iniciar una investigación rápida e imparcial que determine la dimensión de los hechos denunciados (artículo 9 de la Declaración sobre defensores) y así pronunciarse -con las formas propias y adecuadas de la diplomacia internacional-, sobre las medidas que adoptó para corregir o mitigar la situación, o para aclarar información que no es exacta.

En cambio, una reacción basada en acusaciones contra los peticionarios o el descrédito de los Procedimientos, es del todo inconveniente y contraría las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, específicamente la que lo convoca a cooperar con ellos en el desempeño de sus tareas, respondiendo, según el Código de Conducta de los titulares e mandatos “sin dilación indebida a las comunicaciones que éstos les transmitan”.

No deja de causar estupor que el Estado exija airadamente que los Procedimientos esperen los 60 días para hacer públicas sus preocupaciones, cuando sólo otorgaron a Acción Ecológica 24 horas para responder al escrito de disolución. Exigir el cumplimiento de la ley requiere de saber cumplirla, más aún cuando se está en representación internacional de todas y todos los ecuatorianos.

Instamos a que desde el primer día de este nuevo año, se envíen mensajes respetuosos a los organismos internacionales que no hacen más que fortalecer el ejercicio de la democracia y, abierto el debate, proponemos aprovechar la coyuntura, para que las autoridades correspondientes den a conocer a las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos el nivel de cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones realizadas por los Procedimientos que ya han visitado el país (el de derechos de los migrantes en 2001, el de la independencia de jueces y abogados en 2005, el de pueblos indígenas en 2006 y 2009, el de la salud en 2007, el de la extrema pobreza en 2008, el de la deuda externa en 2009, el de la descendencia africana en 2009, el de las ejecuciones extrajudiciales en 2011 y, el del derecho a la educación en 2012), teniendo en cuenta el mandato constitucional que nos faculta como ciudadanos a hacer cumplir sus recomendaciones inclusive por la vía de la acción de incumplimiento (artículo 93 de la Constitución de Montecristi).

Así mismo, creemos importante que se aclare públicamente la razón por la cual no se han hecho efectivas las invitaciones y visitas de los Procedimientos que lo han solicitado, es decir, los relativos a personas desplazadas, a la independencia de jueces y abogados, a los pueblos indígenas, de libre expresión, de derechos culturales y del derecho a la asociación y reunión. Temas de relevancia particular en los actuales momentos.

Estamos convencidos de que una apertura a estos Procedimientos enviaría una señal positiva sobre la voluntad de someterse al examen internacional como una forma de mejorar la democracia, y como una prueba real de que los funcionarios públicos creen y respetan el mandato constitucional que “reconoce al derecho internacional como norma de conducta” (art. 416, numeral 9).

ACCIÓN ECOLÓGICA
2 de enero de 2017