Alerta Minera Canadá interpone demanda en contra de la detención arbitraria de su empleada en Perú

(Ottawa) Martes, la representación legal en Perú de Alerta Minera Canadá interpuso un habeas corpus preventivo e innovador en respuesta a la detención ilegal e arbitraria de su Coordinadora del programa con América Latina, Jen Moore, y del periodista estadounidense John Dougherty el 21 de abril en Cusco, después de la presentación de una película sobre las operaciones de la empresa Hudbay Minerals en las Américas. La demanda contra el Ministerio del Interior, la policía y las autoridades de migración en Perú busca poner un alto a la criminalización de la empleada de MiningWatch y prevenir futuros riesgos de persecución, hostigamiento, detención arbitraria y criminalización en su contra o la de otros periodistas, investigadores, conferencistas y defensores de los derechos humanos.

Las organizaciones peruanas, Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras, Cooperacción y Aporvidha, están representando a Alerta Minera Canadá en el proceso de hábeas corpus.

Incluso antes su detención arbitraria e ilegal, Moore y Dougherty fueron asediados y sometidos a la vigilancia constante de la policía. A pocas horas de su detención, el Ministerio del Interior emitió un comunicado público declarándolos culpables de haber incitado a la violencia y manifestando que cabría la expulsión del país, y al mismo tiempo expresando su respaldo explícito por las operaciones de Hudbay.

El hábeas corpus argumenta que la detención, durante la cual Moore y Dougherty fueron sometidos a más hostigamiento, fue ilegal y arbitraria. También busca dejar sin efecto la investigación en curso, que no lleva ninguna garantía de debido proceso legal, sobre la supuesta violación de la ley migratoria del país.

El hábeas corpus indica que la subsidiaria peruana de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals tiene un convenio con la Policía Nacional, lo que la somete a la empresa y a sus necesidades de seguridad, generando un conflicto de interés con su función de servicio público. Alega que la detención arbitraria de Moore y Dougherty es el resultado de la privatización de los servicios policiales, que facilita la criminalización de la protesta en Perú.

La demanda también argumenta que este proceso de criminalización constituye un acto de violación al derecho a la libre expresión, un derecho individual y colectivo, que es fundamental para el intercambio de información y comunicaciones, tanto para las comunidades alrededor de la mina Constancia de Hudbay como para el público en las ciudades de Cusco y Lima.

“En su esencia, este proceso de criminalización pretende limitar que las comunidades que viven alrededor de la mina de cobre de Hudbay en Cusco tengan acceso a información independiente y actividades de solidaridad internacional en la actualidad y a futuro,” constató Jen Moore para Alerta Minera Canadá.

“Es un precedente terrible para todos aquellos que están haciendo esfuerzos para compartir sus investigaciones, su periodismo, y su experiencia técnica o personal con las comunidades afectadas por la minería en Perú y la población en general. No podemos pasarlo por alto.”

Lo que se busca con la demanda de hábeas corpus es que la policía y autoridades migratorias se abstengan en el futuro de detener, perseguir, hostigar, criminalizar o realizar cualquier otro acto, que atente contra la libertad personal, la libertad de opinión y expresión y otros derechos conexos, de la empleada de Alerta Minera Canadá. También se solicita, se ponga en conocimiento de la procuraduría competente para que investigue la comisión de ilícitos penales en perjuicio de Moore, como consecuencia de los abusos que ha sufrido. Finalmente, se pide al juez exhorte a las autoridades adoptar las medidas necesarias e idóneas para que no vuelvan a cometerse las mismas arbitrariedades contra comunicadores, investigadores, periodistas, conferencistas, extranjeros y defensores y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente.

En los últimos años, la persecución legal, las amenazas y la violencia en contra de las personas que trabajan para defender la tierra, el medioambiente y su bienestar de los impactos negativos de los proyectos extractivos se ha ido intensificando en muchas partes de América Latina. Un informe del 2016 del Proyecto para la Rendición de Cuentas y la Justicia de la facultad de derecho de la Universidad de York en Toronto encontró más de 700 casos de criminalización en 28 incidentes relacionados con las operaciones de las empresas mineras canadienses en solo América Latina.

Contacto:
Jen Moore, Coordinadora del programa de América Latina, Alerta Minera Canadá, (613) 569 -3439, jen(at)miningwatch.ca

Fuente: Alerta Minera Canadá

 

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