México: 3 reportajes nos acercan a la realidad de los permisos, corrupción y daños a la salud que provoca la minería

Permisos de minas, un regalo de “oro”

En 15 años, el gobierno federal otorgó 10 mil títulos de explotación a particulares (56% del total de concesiones), quienes “revenden” las licencias a empresas extranjeras y nacionales, “lucran con un bien de la nación”: expertos

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Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, ha venido aumentado el número de títulos otorgados a particulares.

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Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mayor ganancia. “Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular”, asegura la especialista.

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El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en el terreno de las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que “las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas”.

Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.

Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe “lucrar con los bienes de la nación”, y un título de concesión minera es justo eso.

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Las megaminas del candidato de Morena en Coahuila

Armando Guadiana, candidato a la gubernatura de Coahuila, le compró a un ex perito minero tres concesiones equivalentes a un tercio del territorio de la CDMX

Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo bienes de la nación a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, le compró tres concesiones mineras: una en Zacatecas y dos en Sonora.

La Constitución mexicana establece que las concesiones mineras (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) deben otorgarse a empresas o particulares que las utilicen en beneficio de la nación. Pero los particulares, que muchas veces no tienen la capacidad económica para montar una mina, las están pidiendo —explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro El mineral o la vida— para después venderlas, en un sistema que funciona como una especie de apartado del subsuelo, para luego lucrar con él.

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Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión”.

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El perito vendedor

Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

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Saqueo y contaminación, daños que dejan “megaminas”

Pobladores de Coahuila cuentan que decenas de microempresas viven del millonario negocio de sacar carbón; denuncian daños ambientales

Las instalaciones de las grandes empresas mineras superan en infraestructura a las pequeñas poblaciones de la región; el tamaño de la maquinaria con la que remueven los minerales rebasa cualquier edificación del lugar. Dentro de las compañías hay comedores, hospitales, vías férreas, transporte para el personal y pozos de agua: servicios inexistentes en la mayoría de los pueblos cercanos.

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Otro negocio es el de la compra-venta de carbón para venderlo a la Comisión Federal de Electricidad o al gobierno del estado. En entrevista, Raúl Vera, obispo de Saltillo y defensor de los derechos humanos explica que el negocio de la minería está acaparado por empresarios locales: “Se tiene que estar ligado al PRI para entrar en el negocio del carbón”, dice.

En enero de este año, en Cloete, un grupo de empresarios mineros se hizo acompañar de militares para desalojar una manifestación pacífica y reiniciar las operaciones en una mina, pasando por alto una clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Poco antes de esta entrevista, pobladoras de Cloete enfrentaron a trabajadores que removían tierra en una mina colindante con una colonia habitacional, donde las casas están agrietadas por la remoción. Los habitantes poco pudieron hacer ante el ruido de la maquinaria y la prepotencia de un operador que informó: “somos de la Minera Los Compadres”. La excavación sólo se detuvo cuando la máquina perdió parte del tren motriz.

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En 2006 otro suceso marcó la historia de la región carbonífera, no sólo por la muerte de 65 mineros, sino porque la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México —que ocho años después ocasionó en Sonora el peor desastre ambiental de la historia del país—, evidenció cómo el gobierno mexicano encubre a empresas aunque éstas operen fuera de la ley. La minería ilegal no extraña a nadie en esta zona, donde se genera el 7% de la electricidad que se consume en el país. La organización Familia Pasta de Conchos tiene localizadas a más de 30 pequeñas empresas involucradas con la minería ilícita.

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Al negocio de la minería han entrado políticos, empresarios y grupos del crimen organizado. Una importante de célula del cártel de los Zetas se estableció en la zona y se dedicó a la explotación de carbón, según declaró el propio ex gobernador Humberto Moreira en 2012: “El carbón se convirtió en una fuente de financiamiento para los narcotraficantes”.

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