Carta de la Sociedad Civil Mundial acerca de la agenda de la OMC en camino hacia la undécima Conferencia Ministerial

Estimados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC):

Nos dirigimos a ustedes en representación de 300 organizaciones integrantes de la sociedad civil mundial de más que 150 países, en nombre de decenas de millones de personas de todo el mundo, con motivo de las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio en camino hacia la undécima Conferencia Ministerial (MC11) a realizarse en Buenos Aires, del 10 al 13 de diciembre de 2017.

Nos preocupan enormemente las noticias en los medios de prensa que señalan que algunos de los miembros de las OMC están impulsando una nueva agenda peligrosa e inadecuada encubierta con el rótulo del “comercio electrónico”, aunque no hubo consenso para introducir este nuevo asunto, ni durante la Conferencia Ministerial de Nairobi ni tampoco después que esta concluyera. Además, son motivo de gran inquietud las noticias de que en el camino hacia la 11a Conferencia Ministerial se está obstaculizando crecientemente la necesidad urgente de cambiar las normas actuales de la OMC que restringen el margen de maniobra de los gobiernos en materia de políticas para la creación de empleo y el desarrollo, entre ellas para el logro de las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS).

Los ciudadanos en todo el mundo les han expresado claramente a sus gobiernos respectivos que las normas actuales de la economía mundial, entre ellas las normas mundiales del comercio, exacerban las desigualdades y han llevado al empobrecimiento de demasiadas personas. Por lo tanto, instamos a los miembros de la OMC a que reflexionen sobre esta dinámica y adopten decisiones que permitan que el sistema de comercio mundial contribuya a la prosperidad y el desarrollo compartidos, en lugar de limitarlos.

A continuación presentamos un esbozo de nuestras inquietudes respecto de los siguientes asuntos que se están discutiendo, o deberían discutirse en el marco de la OMC:

  • Las propuestas relativas al comercio electrónico y sus impactos en la legislación y las reglamentaciones nacionales;
  • Las propuestas que pretenden limitar el alcance y los efectos de la reglamentación de interés general;
  • Disciplinas aplicables a los subsidios para la pesca que desalienten la pesca excesiva por los países ricos pero que les permitan a los países pobres crecer;
  • Es hora de corregir las malas normas actuales de la OMC, no de ampliarlas;
  • Las normas agrícolas deben priorizar la seguridad y soberanía alimentaria;
  • Es necesaria mayor flexibilidad para las políticas de desarrollo.

 

Comercio electrónico: libreto equivocado

En la OMC se han hecho varias propuestas relativas al comercio electrónico en el último año. Sus promotores a menudo presentan sus propuestas rotuladas engañosamente de comercio electrónico como necesarias para desencadenar el desarrollo aprovechando la fuerza y la energía de las pequeñas y medianas empresas (PyME). Pero es muy poco probable que las PyME puedan competir con empresas transnacionales gigantes que gozan de los beneficios de sus economías de escala, subsidios históricos, avances tecnológicos, una infraestructura sólida auspiciada por los Estados, estrategias de evasión fiscal y un sistema de normas comerciales redactadas para ellas por sus propios abogados.

Entre las disposiciones clave de esas propuestas se encuentran prohibir el requisito de guardar los datos localmente en el país, y de tener presencia local en el país; prohibir los aranceles aduaneros sobre los productos digitales, y la reglamentación de las transferencias transfronterizas de datos; e incluso prohibir la exigencia de usar software libre en los contratos de compras gubernamentales y contratación pública. No hay ningún fundamento económico que justifique que los bienes comerciados digitalmente no deban contribuir al fisco nacional, cuando los bienes comerciados por vías tradicionales sí lo hacen por lo general. Los datos son hoy en día el recurso más valioso; además, la protección de los datos y la privacidad son derechos humanos fundamentales y no se puede renunciar a ellos en aras de intereses comerciales. Anclar y perpetuar normas en la OMC que les permitan a las empresas trasladar datos por todo el mundo sin restricciones privaría para siempre a los países y los ciudadanos del derecho a beneficiarse de sus propios datos e información en el futuro, y restringiría la capacidad de los países para implementar medidas adecuadas de protección de los consumidores y de la privacidad de los datos. Lo que los promotores del comercio electrónico denominan “requisitos de localización forzada” son en realidad las herramientas que los países utilizan para garantizar que puedan beneficiarse de la presencia de empresas transnacionales con el fin de hacer avanzar su propio desarrollo y los derechos económicos, sociales y políticos de sus ciudadanos.

Necesitamos normas del comercio que permitan la creación de empleos dignos y decentes, incluso en el sector de tecnología. Pero uno de los rasgos distintivos de las empresas como Amazon, Facebook, Google y Uber es el trastorno de las empresas y mercados laborales locales y la precarización creciente del empleo. Estas tendencias y rasgos se profundizarían y acelerarían si se aceptan las propuestas de comercio electrónico en el marco de la OMC. Las empresas gigantes de tecnología podrían consolidar aún más su poder monopólico. Su infame y tristemente célebre ‘optimización tributaria’ (que equivale a evasión fiscal) –que incluye la erosión artificial de la base impositiva y la transferencia artificial de beneficios de las empresas– se vería facilitada con un acuerdo internacional vinculante y sería casi imposible controlar la inestabilidad política generada por las consecuencias económicas y financieras de la concreción de un escenario con esas características.

Los miembros de la OMC no cuentan actualmente con mandato para negociar nuevas normas mundiales sobre “comercio electrónico”, y no deberían obtenerlo en Buenos Aires. Todos los asuntos propuestos para la agenda de comercio electrónico ya se han discutido y resuelto o se están discutiendo actualmente en otros foros, la mayoría de los cuales responden y rinden más cuentas que la OMC a las inquietudes de interés público. El comercio electrónico ya está en auge y las PyME ya pueden vender sus productos por internet o en línea sin que sean necesarias nuevas normas en el marco de la OMC. Sin lugar a dudas, el comercio electrónico puede ser una fuerza generadora de empleo y desarrollo y evidentemente puede impulsar la innovación, diversificar las opciones para los consumidores y conectar a los productores con consumidores remotos. Pero ser partidario del comercio electrónico no es lo mismo que establecer normas vinculantes a nivel mundial que benefician principalmente a las empresas de tecnología de punta con sede en Estados Unidos, a expensas de la reglamentación de interés público y general para proteger a los consumidores y promover el desarrollo. Si bien apoyamos los esfuerzos de los países en desarrollo para que se aborde el asunto de la brecha digital y la transferencia de tecnología y obtener fondos para infraestructura y tecnologías de la información y las comunicaciones, la OMC no es el foro adecuado para negociar estos asuntos; a semejanza de cómo se han tratado otros asuntos del desarrollo en el marco de la OMC, sus prioridades en estos asuntos no se transformarán en obligaciones vinculantes, mientras que la agenda de prioridades de las empresas de tecnología de punta sí será vinculante. No debe establecerse absolutamente ningún mandato nuevo en materia de comercio electrónico en la undécima Conferencia Ministerial.

 

Amenazas a la reglamentación de interés público

Las metas de desarrollo sostenible que fueron acordadas recientemente por todos los miembros de la OMC incluyen un foco de atención en mejorar la calidad y el acceso a muchos servicios públicos, así como a servicios clave a menudo suministrados por el sector privado tales como los servicios financieros y las telecomunicaciones. Desafortunadamente, muy a semejanza de lo que ocurre con la agenda del comercio electrónico, detrás de los esfuerzos por establecer nuevas normas que limiten la reglamentación nacional de los servicios hay una agenda similar de intereses empresariales ocultos. Las normas que se proponen respecto de la reglamentación nacional en las negociaciones sobre servicios en el marco de la OMC pretenden garantizar que tres tipos de reglamentaciones — las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las prescripciones y procedimientos en materia de licencias, y las normas técnicas— se ajusten con arreglo a criterios difusos e indefinidos que socavarían severamente la soberanía de los países en materia reglamentaria.

Se hace referencia a términos difusos pensados para minimizar la reglamentación y maximizar el poder de cabildeo de las empresas transnacionales por sobre los gobiernos soberanos. Darle a la OMC jurisdicción para juzgar si una reglamentación es “razonable”, “objetiva”, “transparente” y “no es más gravosa que lo necesario para garantizar la calidad del servicio”, y además para que determine si una norma técnica fue formulada en un “proceso abierto y transparente”, significaría anteponer los intereses de los proveedores extranjeros de servicios por encima de la obligación de los gobiernos de garantizar que los servicios se presten con arreglo al interés público y el bienestar general. No debe ser la OMC quien decida si la administración de las leyes laborales, tributarias, ambientales o de seguridad que afectan a las empresas extranjeras de servicios es “razonable”. No se debería facultar a la OMC para que determine si la decisión de una comisión local de ordenamiento territorial que está de acuerdo con las objeciones que se oponen a la construcción de un hipermercado cerca de un sitio histórico es “objetiva”. Si las autoridades estaduales, departamentales o provinciales deciden aceptar la recomendación de un estudio de impacto ambiental y prohíben la fractura hidráulica como método de extracción de gas, un panel o grupo especial de arbitraje de la OMC no debería tener jurisdicción para decidir si eso es “demasiado gravoso”. Los gobiernos locales — no los grupos especiales de arbitraje comercial—deben ser quienes están facultados en última instancia para decidir sobre asuntos de la comunidad que son inherentemente subjetivos ya que implican importantes juicios de valor. Y a las empresas extranjeras no se les debería dar “derecho” de comentar o formular observaciones a las medidas propuestas por autoridades locales o nacionales antes de que sean aprobadas con arreglo a los procedimientos soberanos del país.

Los miembros de la OMC si acordaron hace años desarrollar las disciplinas que fueran necesarias respecto de estas medidas, pero nunca se acordó si tales disciplinas son “necesarias”, lo cual evidentemente no lo son. Por lo tanto, en Buenos Aires no se deben acordar ningunas disciplinas aplicables a la reglamentación nacional.

 

Pesca: ¿subsidiar a los pobres o a los ricos?

La otra gran “meta alcanzable” por la que se está presionando de cara a la Conferencia Ministerial en Buenos Aires es negociar topes o límites a los subsidios que los gobiernos le otorgan a la industria pesquera, para enfrentar de ese modo el problema de la pesca excesiva. El mandato es claro para que se llegue a un resultado favorable al desarrollo y favorable al medioambiente; pero este no puede diluirse ni perderse de vista por la insistencia de los países pesqueros industrializados que exigen normas que socavan las aspiraciones futuras de desarrollo de los países en desarrollo. A pesar de haber usado y seguir usando subsidios para fortalecer su capacidad industrial pesquera, estos mismos países están tratando ahora de impedir que otros países en desarrollo también aumenten su propia capacidad nacional de pesca, socavando así las aspiraciones de desarrollo y haciendo poco o nada para impedir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, o IUU por su sigla en inglés), así como la pesca excesiva. Para muchos países en desarrollo, la pesca es un vector central de sus aspiraciones económicas y de desarrollo. Proteger el margen de maniobra de los países en desarrollo en materia de políticas públicas y su capacidad de apoyar la pesca a pequeña escala y artesanal deben ser elementos centrales de cualquier resultado en este punto, además de prohibiciones a los subsidios efectivas y vinculantes. Se debe preservar el margen de maniobra de los países en desarrollo en materia de política económica y de desarrollo, a la vez que los países con mayor cuota de responsabilidad por el problema de la pesca INDNR y la pesca excesiva deben avenirse a la eliminación de los subsidios perjudiciales. La gestión de los recursos pesqueros debe seguir manejándose por fuera de la OMC.

 

¿Qué está a la orden del día? – ¡Corregir las malas normas existentes, no ampliarlas!

Tanto las normas de comercio electrónico como las disciplinas a la reglamentación nacional representarían una expansión de la OMC. Pero la amplia mayoría de los miembros de la OMC han argumentado que las normas injustas y perjudiciales existentes deben corregirse antes que se le permita a la OMC expandirse. Esta disputa fue eje central de la pasada Conferencia Ministerial en Nairobi, que concluyó con un texto ambiguo en el que se reconoce que algunos países quieren incluir nuevos asuntos, mientras que otros (la gran mayoría) quieren continuar con la agenda de desarrollo aún sin concluir que fue el motivo por el cual dieron su consentimiento a la Ronda de Doha.

Desafortunadamente, algunos miembros de la OMC se están negando obstinadamente a avanzar en lo que debería constituir el núcleo central de la agenda: corregir las normas injustas que obstaculizan los esfuerzos mundiales tendientes a garantizar seguridad alimentaria verdadera, desarrollo sustentable, acceso a atención médica y medicamentos asequibles, y estabilidad financiera mundial, descritos en la declaración de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS) titulada Darle Vuelta a la OMC, apoyada por cientos de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. Como mínimo, en Buenos Aires, los miembros de la OMC deberían abocarse a cambiar las normas agrícolas mundiales que restringen la capacidad de los países en desarrollo para garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones a la vez que le aseguran al gran agronegocio subsidios públicos prácticamente ilimitados; y a aumentar las flexibilidades disponibles para los países en desarrollo para que puedan usar el comercio para su propio desarrollo.

 

Las normas agrícolas deben priorizar la seguridad y soberanía alimentaria

La prioridad principal de una agenda de desarrollo genuina sería transformar las normas actuales en materia de agricultura. Increíblemente, son los países ricos, no los pobres, a los que se les permite subsidiar la agricultura en el marco de las normas de la OMC, incluso a través de medios que distorsionan el comercio y perjudican a los productores nacionales de otros países. Las decenas de miles de millones de dólares por año con que se les permite a los países desarrollados subsidiar a sus agricultores estimulan la sobreproducción y reducen artificialmente los precios mundiales, lo que destruye los medios de sustento de los agricultores en los países que deberían beneficiarse del comercio agrícola mundial o de la producción agropecuaria para el consumo nacional. Por lo tanto, uno de los resultados principales de Buenos Aires debe ser reducir el monto de subsidios permitidos en el marco de las negociaciones sobre las “ayudas internas”, incluidas las subvenciones de la llamada “Caja Verde” o compartimento verde que realmente distorsionen el comercio.

Dado el nivel y monto actual de los subsidios, los países en desarrollo también deberían estar habilitados a aumentar los aranceles con el fin de proteger la producción nacional cuando enfrenten incrementos bruscos de las importaciones. Desafortunadamente, algunos países se oponen a las negociaciones en pos de un “Mecanismo de Salvaguardia Especial” (MSE) para los países en desarrollo. Llegar a un resultado sobre el MSE -no condicionado a nuevas reducciones de aranceles- en la próxima Conferencia Ministerial, aumentaría enormemente la capacidad de los países en desarrollo de lograr la seguridad alimentaria, promover el desarrollo rural y salvaguardar los medios de sustento de los agricultores –y sería un paso en pos de la eliminación de las restricciones de la OMC a la soberanía alimentaria.

En comparación, a la mayoría de los países en desarrollo sólo se les permite otorgar subsidios minúsculos. Pero las metas de desarrollo sostenible exhortan a los países a aumentar la inversión en agricultura sostenible. Además, cada vez se acepta más el “derecho a la alimentación” como derecho humano. Una de las mejores prácticas internacionales para apoyar los medios de sustento de los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural son las “reservas públicas de alimentos”, mediante las cuales los gobiernos compran productos de sus agricultores a un precio mínimo garantizado para luego distribuir esos alimentos a la gente que padece hambre dentro de sus propias fronteras. Pero estos programas, que se aplican en decenas de países en desarrollo, a menudo infringen las normas de la OMC –aunque la producción agropecuaria que así se apoya no se comercie en los mercados mundiales.

La mayoría de los miembros de la OMC están de acuerdo en que los programas de reservas públicas de alimentos no deberían verse limitados por normas anticuadas de la OMC. Pero los cambios a las normas de la OMC que restringen esos programas han sido bloqueados sistemática y categóricamente por Estados Unidos, la UE, Australia y otros grandes exportadores de agronegocios. Y ahora incluso quieren darle vuelta a la tortilla argumentando que China e India son en realidad quienes más subsidian hoy en día a sus agricultores, aunque la verdad es que las subvenciones que las subvenciones que le entregan a cada agricultor son minúsculas –sólo unos pocos cientos de dólares en promedio por agricultor, a diferencia de las decenas de miles que entrega Estados Unidos en promedio a cada agricultor.

Los miembros de la OMC acordaron encontrar una solución permanente para los programas de reservas públicas de alimentos antes que finalice diciembre de este año. Desafortunadamente, la posición de los países que representan a los grandes exportadores del agronegocio sigue siendo inamovible. En Buenos Aires, los miembros de la OMC deben lograr una resolución positiva del asunto de las reservas públicas de alimentos que les permita a todos los países en desarrollo aplicar programas de seguridad alimentaria sin restricciones gravosas que no se le exigen ni siquiera a los países desarrollados que otorgan subsidios que si distorsionan el comercio.

 

Mayor flexibilidad para las políticas de desarrollo

A la par de los cambios que reclaman en las normas mundiales que rigen el comercio agrícola, los países en desarrollo abogan desde hace tiempo por otros cambios en la normativa actual de la OMC que redunden en aumentar las flexibilidades a su disposición para que puedan promulgar políticas que promuevan su propio desarrollo. El grupo de 90 países en desarrollo (G90) ha presentado propuestas concretas de cambios a las normas actuales de la OMC, que eliminarían algunas de las restricciones que les impone la OMC a las políticas nacionales a favor del desarrollo. Muchas de esas propuestas son versiones actualizadas de la “agenda de implementación” que son parte fundamental de las críticas de los países en desarrollo a las normas vigentes en la OMC desde su fundación. Sus propuestas incluyen, por ejemplo, cambios que habiliten a los países en desarrollo a fomentar su industrialización, estimular la transferencia de tecnología, promover el acceso a medicamentos asequibles y salvaguardar sus procesos de integración regional. Muchas de estas propuestas son equiparables a las demandas de la sociedad civil formuladas en la declaración de OWINFS titulada Darle Vuelta a la OMC. La Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires debe aprobar las propuestas del G90 sin modificaciones –y sin condicionarlas a nuevas concesiones de los países en desarrollo en materia de acceso al mercado.

Ni siquiera se ha logrado consenso en un área en que todos los miembros de la OMC deberían poder ponerse de acuerdo –garantizar beneficios para los Países Menos Adelantados (PMA). Aunque era un mandato prioritario, el pequeño paquete para los PMA que se acordó en la Conferencia Ministerial de la OMC en Bali, Indonesia, en 2013 aún no se ha puesto en práctica. Dicho paquete incluye garantizarles a las exportaciones de los PMA acceso al mercado sin ningún tipo de aranceles y sin contingentes o cupos de importación que las limiten; simplificar las normas de origen que definen cuánto del valor de un producto debe producirse en el país para que dicho producto pueda acogerse a beneficios de reducción de aranceles; y establecer compromisos vinculantes reales en materia de exenciones aplicables al comercio de servicios con los PMA (que habilitarían a los países desarrollados a brindarles a los PMA acceso a sus mercados de servicios sin tener que ofrecerle a los demás países acceso recíproco –que es una “flexibilidad” ya acordada pero que ha sido prácticamente imposible aplicar). También incluye el mandato de reducir los subsidios que reciben los cultivadores de algodón de Estados Unidos y la UE, que enriquecen a unos pocos miles de agricultores en esos países pero que han diezmado injustamente la producción de cientos de miles de agricultores de algodón en África. Este modesto paquete para los PMA debe fortalecerse y ponerse en práctica antes de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires.

Hay mucho en juego este diciembre en Buenos Aires. Creemos en un sistema de comercio multilateral democrático, transparente y sustentable, y nos oponemos a que la OMC se aparte aún más de este ideal. El secretismo y la práctica antidemocrática de negociar tras puertas cerradas con sólo unos pocos miembros poderosos para luego presionar inmensamente a los países en desarrollo a que acepten otro mal acuerdo –que han caracterizado a la OMC desde sus orígenes, pero que se han tornado aún más virulentos en las últimas dos conferencias ministeriales– deben abandonarse definitivamente a favor de un proceso transparente y conducido por los miembros que genere resultados compatibles con las Metas de Desarrollo Sostenible acordadas a nivel multilateral.

¿Aprobarán los miembros un nuevo mandato pernicioso relativo al comercio electrónico, y nuevas normas que limitan la supervisión democrática de las reglamentaciones aplicables a los servicios? ¿Y nuevas normas relativas a los subsidios a la pesca que a la postre perjudiquen a los pescadores pobres? ¿O actuarán los miembros en defensa de los intereses de sus ciudadanos y cambiarán entonces el curso de la OMC eliminando las restricciones que le impone la OMC a las políticas nacionales que promueven la seguridad alimentaria y el desarrollo, y apoyando a los PMA en sus esfuerzos e iniciativas para aumentar su cuota parte del comercio mundial?

¡Les instamos a que tomen la decisión correcta a favor de un resultado positivo en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires!

Atentamente,

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