¿Constreñimiento electoral a la consulta popular de Granada?

“Colombia no necesita petróleo sucio y de baja calidad a costa de acabar y arriesgar la salud, los cultivos, la fertilidad de la tierra y la pureza del agua”

Después de la suspensión temporal de la consulta popular de Granada del pasado 22 de octubre, esta tampoco se realizará en la fecha estipulada por el alcalde de Granada ahora en noviembre.

Sea cual sea la fecha u otra fecha para no dejar morir la consulta, pues la consulta popular vive, la cita es salvar el río Ariari, que es parte vital de la estrella del componente hídrico de la Orinoquia.

El Bloque CPO16 estima la extracción de bituminosas en los lechos de varios ríos y caños del Meta, como también comprende la extracción de bitumen desde 300 pies cúbicos debajo del lecho del río Guejar para convertir en vertedero una zona significativa del municipio de Granada.

En el Ariari proyectan sacar cantidades de volumen de agua para elevarla a altas temperaturas y al convertirla en vapor buscar extraer del material pétreo el bitumen para convertirlo en petróleo sintético.

El sistema de extracción requiere además de grandes cantidades de agua: por cada barril de petróleo producido se necesitan entre 2 y 4,5 barriles de agua. La mayor parte procede del río contaminado como muchas aguas de la zona.

Dicho proyecto tendrá graves efectos sobre la tierra porque se requiere la tala de árboles y quitar la capa vegetal; sobre el agua, en el proceso de separación y con el drenaje de los ríos; y sobre el aire por la emanación de ácido sulfhídrico generado en forma natural por el petróleo crudo y en este caso el bitumen y materiales alquitranados, es el mismo que sale del  gas natural, los gases volcánicos como también se produce por la descomposición de materia orgánica como pasa con las represas, como por las basuras humanas y la mortandad de animales.

El petróleo sintético derivado del bitumen es el hidrocarburo de más baja calidad, cuyos componentes contienen un alto grado de agentes contaminantes partiendo del azufre y otros metales altamente tóxicos que cambian el estado natural del medio ambiente que nos rodea;  cuya extracción demanda gran cantidad de energía (de ahí la constitución de la  Sociedad Ecopetrol Energía por la empresa Ecopetrol) buscando no solo reducir los costos de la energía eléctrica sino crear el Plan energético autónomo de acuerdo a los intereses particulares de los nuevos dueños mayoritarios  de Ecopetrol poniendo en riesgo más cuerpos de agua: ríos, cascadas, quebradas etc … para, a través de futuras microcentrales a filo de agua e hidrorepresas dañando los ríos y pudriendo miles de hectáreas a su alrededor, producir energía sin que haya un control directo por parte de la sociedad ni del Estado pudiendo así adelantar los proyectos extractivos en la regiones como la  del Ariari.

Este proyecto implica que se le haga fluir hacia pozos, por medio de técnicas in situ que reducen la viscosidad del bitumen por medio de vapor y /o solventes, el material extraído bajo el Guejar a cientos de metros  para luego llevarlo a Granada y utilizar las aguas del Ariari y elevarlas a altas temperaturas para procesar dicho material y refinar el petróleo sintético.

Poco a poco se va conformando el megapolio extractivo más irresponsable y delincuencial en el país; porque disponen, bajo la cohonestidad y la aquiescencia de los entes estatales de control y la ineficiencia de los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda e Interior, de recursos que son propiedad de todos y no para un interés particular empresarial de ninguna índole sea colectivo o individual.

La explotación del bitumen no solo representa una amenaza directa para el Cambio Climático ya que es uno de los mayores emisores de carbono del planeta sino ineluctablemente para la producción de alimentos sanos y de carnes ya sea de pescado o de ganadería, al igual que la pervivencia de los árboles y de los animales en general especialmente los batracios, anfibios, insectos y sobre todo los pájaros.

Por otro lado dicha extracción, fuera de necesitar mucha electricidad, es intensiva a nivel de que requiere grandes cantidades de agua como ya se ha expresado con anterioridad, siendo destructiva y altamente contaminante independientemente del tipo de método que se desarrolle para extraerlo o procesarlo, estos químicos se liberan en el medio ambiente, envenenando el aire y la tierra de una forma u otra, una vez se haya sacado el material o hidrocarburo no convencional aumentando la alta carga contaminante  asociada al extraer el petróleo.

Por cada barril de petróleo producido se necesitan entre 2 y 4,5 barriles de agua in situ y con el otro método como el del Guejar se requiere mucho más. La mayor parte de esta agua procederá de los ríos contaminando muchas aguas de la zona.

No es cierto que el agua en la explotación petrolera se pueda volver a sanear. Pues no es posible la técnica del “agua retorno”. Y totalmente imposible en donde se aplica el Fracking o la extracción de este otro tipo hidrocarburos de aceites sintéticos como lo es el bitumen.

El bosque boreal que era una especie de Amazonia en el Ártico y que albergaba la zona de extracción a cielo abierto para extraer este recurso, hoy por hoy totalmente envenenada y desolada, se transformó en un gigantesco cráter o cárcava de varios kilómetros de extensión y unos cien metros de profundidad.

No podemos darle opción a una segunda Guajira en Colombia a empresas que desconocen el territorio y no reconocen el bios (la vida) que habita en él, que llegan con intereses inmediatos y pasajeros de acumulación por despojo y solo dejan desastres, desiertos y ríos resecos a la  muerte perpetua.

La pregunta es: ¿cómo quedarán el Cubarral, el río la Vieja y sobre todo el Guejar (300 pies debajo del lecho) y el Ariari?

Basta decir que el vertedero que proyecta HOCOL realizar va a ser un botadero con residuos altamente tóxicos totalmente azufrados, además de contener otros materiales pesados como níquel, vanadio, cromo, mercurio, arsénico y seleno, cuyos componentes al tener contacto con el aire sufren un proceso inmediato de oxidación, contaminando los flujos subterráneos bajo la tierra, alterando el agua de los aljibes, poniendo en grave riesgo la salud de los campesinos y de la gente que habita los cascos urbanos. Sin contar con que supedita a la gente a sufrir alteraciones histológicas o de las células que degradarán la capacidad de desarrollo y del crecimiento normal a las niños y a las nuevas generaciones por venir,  y arriesgando a todas las comunidades, en general, a enfermedades respiratorias y pulmonares al contaminarse el aire, a la vez que las cardiovasculares, esclerosis múltiple daños en los riñones, malformaciones para los niños que vayan a nacer y por lo tanto condenando a la población en general a registrar todo tipo de cáncer debido a que los desechos tóxicos que se filtran a la vía fluvial desde estanques de relaves penetran los flujos de agua subterráneos.

Colombia no necesita petróleo sucio y de baja calidad a costa de acabar y arriesgar la salud, los cultivos, la fertilidad de la tierra y la pureza del agua, y todas las especies vivas que habitan junto con las comunidades en nuestros territorios.

Es más, sale más barato importarlo. Pues el negocio redondo que tienen las compañías petroleras en el país permite fácilmente darnos cuenta de que en realidad ni Colombia es petrolera ni la extracción de hidrocarburos es negocio.

Recordemos que los derechos empresariales nunca están por encima de los colectivos y de los de la naturaleza.

Hay que tener una mirada integral del territorio para poder entender lo nefasto y depredador del proyecto del contrato CPO16 que abarca no solo a Granada, sino que inicia operaciones sobre tres ríos fundamentales  como lo son el río La Vieja, El Cubarral, El Guejar que rodea y recorre gran parte de la Sierra de la Macarena como también el Ariari en la zona del municipio de Granada.  (Recordemos que PROFITEC posee títulos sobre la Uribe y la Macarena… la pregunta es: ¿Por qué tanto silencio?

¿Qué es lo que se está agendando detrás de bambalinas en torno a este proyecto, que de una manera cínica el Registrador Nacional constriñe junto con el Ministerio de Hacienda la Consulta Popular de Granada al prevaricar por omisión con la anuencia del registrador departamental y local? ¿Por qué no enviaron ese día ningún pronunciamiento a la Registraduría Nacional, a la Procuraduría, ni mucho menos a la Contraloría, ya que se supone que la Registraduría tiene como función garantizar los derechos de participación ciudadana y del sufragio? ¿Cómo permiten que solo faltando 5 días (3 días hábiles) le llegara al despacho del alcalde de Granada un oficio en donde se le pedía que suspendiera la consulta popular aseverando que no se contaba con los recursos debido a que el Ministerio de Hacienda no había girado el dinero? Solo digo que “El Registrador no es la autoridad competente para suspender una Consulta Popular”…

Posteriormente, el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vacha expresó ante los medios de comunicación que no existían normas que obligaran al Estado nacional a financiar las consultas populares. Lo anterior, desconociendo que estas pertenecen al constituyente primario de la Constitución Nacional porque es la decisión del pueblo soberano. Ellas son un instrumento en donde las comunidades se empoderan del derecho consultivo para defender el buen uso del suelo, entre otros, en donde se garantiza y apuntala de una manera vinculante la seguridad alimentaria e hídrica y la soberanía de ambas.

“Violaron el principio de planeación art 25 de la Ley 80 de 1993 (economía) y el derecho fundamental de participación del Art. 103 regulado por la Ley Estatuaria 1767 del 2015”.

En medio de la discusión y el debate quedó claro para la Comisión de Garantías Electorales que Granada no va a asumir los costos de procesos contravenientes a la lucha. De hecho, el Consejo de Estado y la Corte han dicho antes que las consultas populares las debe realizar el Gobierno nacional y no los departamentos ni los municipios, es decir, ellos deben destinar los recursos para que estas se realicen.

“En Granada está el trabajo que se creció y no vamos a renunciar a ese compromiso” dice la gente.

Lo curioso es que el Ministerio de Hacienda giró 700.000 millones de pesos para las consultas, fuera de que el Ministerio del Interior cuenta con unos millonarios rubros la pregunta es:

¿Por qué tanto silencio si solo se requerían $ 180 millones? Y no como intentaron algunos medios de confundir al decir que faltaban más de 2.300 millones para la consulta sin especificar que es para la cifra redonda incluyendo elecciones atípicas a alcaldías y revocatorias destinados para los ejercicios electorales directos.

¿Por qué el registrador se retracta en las declaraciones ante un canal de TV diciendo que es que el Ministerio de Hacienda no ha girado el dinero y luego Mauricio Cárdenas ratifica que él nunca ha dicho que no van a financiar las consultas populares, ya que se han girado 700 mil millones de pesos?

El registrador departamental, de una manera cohonesta, manifestó la imposibilidad de realizar la consulta popular porque no hay dinero en la reunión que se realizó en Granada con el Comité de Garantías Electorales el viernes 20 de octubre.

Subsiguientemente pidió al alcalde que expidiera un acto administrativo anulando la consulta popular.

El Procurador Regional envía un documento en donde exhorta al Ministro de Hacienda, arrancando así el seguimiento efectivo con vinculación jurídica y sanciones disciplinarias.

Hay que tener la claridad que la zona del Ariari es hídrica y agroalimentaria. Y que proyectos como la extracción del bitumen, valga la redundancia, no constituyen en ningún momento un verdadero progreso para las comunidades y para la economía del país y que frente al debacle fiscal que aún no se ha destapado causado por el endeudamiento ilícito externo en ningún momento llega a ser una solución.

Es como si alguien vendiese los órganos de su propio cuerpo o de alguien que ama, uno a uno, para poder comer…

Ese tipo de economía necrobnubilante conforma un círculo vicioso de muerte para el futuro de las reservas naturales y activos públicos para el país.

Vale la pena recordar la sísmica efectuada en 4 veredas de Granada. ¿Quién paga los daños? Como el daño del Proyecto Trogón 1 en Guamal, el municipio vecino de Granada.

El presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros del petróleo ACIPECT  Julio Cesar Vera en un programa habla de que las consultas populares ponen en “riesgo” la explotación de 200 B/d (barriles diarios) aduciendo que ello “afectaría” a los consumidores de una manera cínica sin traer a colación que en Colombia y Brasil se venden las gasolinas más caras del continente, hecho que contradice lo que expresa al decir que buscan la mejor “información” para las comunidades y que la industria petrolera siempre ha mantenido una “compromiso” con la “defensa” del agua aseverando de una manera tozuda sobre la experiencia y la alta “responsabilidad” empresarial de la industria petrolera.

Hecho y resultados evidentes que muestran que estas declaraciones están lejos de la realidad.

Recordemos la tragedia de Paz de Ariporo, lo que causo la sísmica en Yopal cuyo acueducto carece de agua y para no ir lejos vayamos a Puerto Gaitán en cuyas veredas el agua presenta un sabor enrarecido y ni siquiera el Acueducto sirve.

Luego enfatiza que el fracking “no es nuevo en Colombia” omitiendo que es causante de temblores y de sismos como también pasando por alto el derecho inalienable que si es parte de los derechos fundamentales a la defensa de los ecosistemas y de los circuitos andinorinocoamazónicos por parte de sus comunidades.

Preguntémonos cuál es el tipo de responsabilidad por parte del ANLA, y lo que aqueja a Cormacarena que están totalmente ajenos a las incidencias reales de todo tipo de proyectos hidrocarburíferos en el territorio.

¿Quién va a pagar los daños que van a causar a corto y a mediano plazo las 30.000 exploraciones que han efectuado en los Llanos?

Como también es bueno apuntalar que Ecopetrol no es de los colombianos y que solo responde a los intereses de los accionistas y NO a los de la nación ni al país. Pues desde el 2006-2007 y 2012 se ha venido emitiendo Acciones para venderlas a inversores privados y en el 2009 se vendió gran parte de las acciones estatales de esta empresa a extranjeros.

Es curiosa la puerta giratoria que se establece entre esta empresa supuestamente del Estado con intereses privados, y un ente internacional como lo es el Banco Mundial que entre otras cosas…la salida de Juan Carlos Echeverry y la entrada directa al Banco Mundial es mucha coincidencia

Banco que de una u otra manera se ha prestado, sin cumplir las normas jurídicas internacionales, junto con el BID y el FMI, a otorgar préstamos al Estado colombiano sin consenso del sus ciudadanos  a lo largo de estas décadas, en medio del marco imperial de la desertificación que ha conllevado a apuntalar jurídicamente bajo la famosa “seguridad inversionista” el expolio y el saqueo disimulado mediáticamente, bajo una cultura de alta confiabilidad que se caracteriza por:

  • Falta de transparencia
  • Cinismo
  • Negación implícita y explicita al derecho natural y fundamental de las comunidades por un simple sentido de conservación y pervivencia defender el territorio

En donde la sombra de las empresas está en todas partes. Engañando por omisión e información veraz, puntual y oportuna algo tan elemental como en este caso  el de que los residuos tóxicos penetran la tierra y contaminan parte de los circuitos hídricos locales.

Creando además una crisis ecológica, estructural, política y transpolitica:

Ecológica porque cambia el ordenamiento natural biogeomorfológico es decir transforma la conformación del suelo y de los cuerpos hídricos como nacimientos, quebradas, ríos  y toda la cadena alimentaria de la biodiversidad etc.

Estructural porque cambian las dinámicas económicas del territorio. Llegan prometiendo trabajo y después paulatinamente los van reduciendo quedando solo los operarios que por lo general vienen de otros lugares.

Y con el tiempo al desertizarse la tierra y acidificarse las aguas al contaminarse, la capacidad agrícola productiva se reduce. Se elevan los precios de los predios urbanos y rurales, se infla la inversión en la construcción de viviendas y además de que inicialmente saca a los campesinos jóvenes del campo y atrae gente de otras ciudades a lo último solo queda una población flotante a la deriva, intensificando el alza de los precios a nivel especulativo promoviendo proyectos insustentables por el deterioro de la capacidad hídrica y de cultivo de los territorios colapsando la capacidad de pago de los deudores.

Política porque supeditan al gobernante de turno a crear planes de Desarrollo acordes a los intereses de las empresas y no de las comunidades. Infiriendo además en el libre ejercicio electoral.

Transpolítica porque potencializa el tánatos en los espacios donde están aumentando los bares, y zonas de acaparamiento y distribución de alimentos , mercancías y bienes de servicios al ser punto de atracción de los oportunistas de otras regiones o del mismo municipio, prostitución, alcoholismo cambio de hábitos y costumbres y comportamientos (transculturalizaciòn) como también generando la  violencia en el interior de las familias al darse la deserción escolar y otras cosas  al traer consigo otros modelos culturales externos a las comunidades.

Es preciso recordar que mientras entraron grandes accionistas a adquirir gran parte de la empresa, ofertaron y vendieron empresas estatales con activos saludables.

 

(…)

¡Todos somos Granada! ¡Todos somos Meta, Arauca y la Orinoquia!
¡Todos somos poder soberano a través de la consultas populares!

Fuente: Las 2 orillas