Capítulo 6. Honduras: Ley de consulta como control social

El Estado de Honduras después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT comenzó, desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI).

La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de desarrollo (ONU-REDD+). La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la negociación de acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa de la Unión Europea para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEFT). O sea, para a implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño.

El interés del Programa ONU-REDD+ por Honduras no es un acaso. Aproximadamente 5.4 millones de hectáreas del territorio nacional están cubiertas de bosques. Son 70 ecosistemas vegetales con una biodiversidad forestal que representa el 2.5% de la flora mundial.

Además, en los territorios indígenas es donde se encuentran la mayoría de los 714 proyectos extractivos, generalmente viabilizados por financiamiento de organismos internacionales, que se están pretendiendo ejecutar en el país. Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA), ya se han otorgado 537 concesiones mineras en Honduras.

 

Lo que ha desencadenado la necesidad de la consulta

Desde que el gobierno se vio obligado a crear un marco jurídico en relación a la consulta previa, de modo que Honduras cumpla las salvaguardas y reciba el Proyecto ONU-REDD+, el PNUD asumió la promoción de la creación de tal ley, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah). Posteriormente la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh) creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y “definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”, según sostiene OFRANEH, organización integrante del Observatorio. Los tres borradores fueron enviados al Legislativo.

“Intempestivamente el PNUD y la CONPAH abjuraron de la versión de ley que trabajaron para plegarse a una versión elaborada por el Estado, en la cual la consulta previa se convierte en una simple socialización”, sostiene OFRANEH. O sea, el Estado, según el documento, tiene el poder efectivo para decidir sobre la implementación de un proyecto en territorio indígena.

La DINAFROH y la CONPAH no han emitido ninguna explicación sobre el abandono de las versiones del anteproyecto de Ley de Consulta que elaboraron al inicio, señala OFRANEH, y “el cual misteriosamente abandonaron en aras de la nociva versión estatal, la que aplauden y defienden de forma servil”, dice la OFRANEH en un informe.

Proceso manipulado

De acuerdo con informe de la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, los participantes indígenas no tuvieron un papel protagónico con respecto a la definición de los contenidos y la metodología de los talleres realizados con el apoyo del PNUD, los espacios y tiempos para los mismos, ni sobre la modalidad de la votación para validar la versión final del anteproyecto antes de ser enviado a los poderes ejecutivo y legislativo.

“Desde un principio, los participantes indígenas en estos talleres tuvieron que trabajar sobre un texto pre elaborado como marco único para sus comentarios. Ello ha impedido la discusión conceptual sobre cómo implementar y regular la consulta previa y ha limitado el contenido de las aportaciones de los participantes indígenas”, dice el informe.

En las distintas actas de las reuniones, proporcionadas por el Pnud a la relatora de la ONU, puede constatarse que la gran mayoría de los representantes indígenas que participaron en los talleres no estaban preparados para tratar el tema específico del anteproyecto y su contenido.

Por otro lado, la Relatora Especial también recibió información indicando cierto nivel de presión ejercida sobre participantes indígenas para que participaran en las reuniones de acuerdo a la metodología seguida por el Gobierno y el PNUD, incluso con respecto a la elección de los representantes que asistirían a las reuniones a nivel nacional.

Otro tema apuntado por la relatora es que la participación indígena en estos talleres estuvo limitada a ciertas organizaciones indígenas, lo que resultó en la exclusión de varias organizaciones, especialmente las vinculadas al Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La Relatora Especial es consciente de que existen divisiones entre las distintas organizaciones indígenas del país y que organizaciones como OFRANEH y COPINH han rechazado el proceso relacionado con el anteproyecto. No obstante, es importante subrayar que una decisión de tal calado exige los mayores esfuerzos para garantizar la inclusión de todas las organizaciones e instituciones indígenas del país, de modo que el resultado goce de la máxima legitimidad entre todos los pueblos indígenas del país”.

Las diferentes administraciones gubernamentales a partir de la ratificación del Convenio 169 han eludido su aplicación utilizando una variada gama de estratagemas, que incluye la creación de espacios indígenas más al servicio del  Estado que de los intereses de los pueblos, sostiene OFRANEH. “Tanto DINAFROH como la CONPAH han sido acompañantes del Estado en una serie de violaciones al derecho a la consulta, tales como la aprobación de Ley de Aguas, Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) suplantada posteriormente por la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Ley de Minería, entrega de plataforma continental a BG-SHELL, entre otras”.

La primera consulta para la obtención de un consentimiento en Honduras se remonta al año 2003, cuando la OFRANEH realizó una consulta comunitaria en San Juan Tela, en relación a la Ley de Propiedad, promovida por el Banco Mundial. La asamblea comunitaria rechazó las dos versiones de ley presentadas por los agentes estatales. A pesar de las observaciones presentadas, para el 2004 la Ley de Propiedad, que pone en una situación de vulnerabilidad la posesión de tierras comunales, fue aprobada, desconociendo los señalamientos efectuados por los asambleístas.

 

Nada pasa

En los últimos 10 años más de 111 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras por asumir su papel de defensa de las comunidades indígenas y garífunas. Berta Cáceres, indígena lenca asesinada en marzo del 2016 por su lucha contra la represa de Agua Zarca, fue parte del proceso de construcción del proyecto de ley por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras. “Es increíble ver cómo, a un año de su asesinato, aún no se han capturado los autores intelectuales del crimen, no se ha cerrado la empresa DESA (Desarrollos Energéticos SA) y su proyecto de muerte “Agua Zarca” y no se está respondiendo a las demandas del COPINH y de la familia de Berta”, manifestó Miriam Miranda, de la OFRANEH.

En Audiencia Temática sobre los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada diciembre de 2016 en Panamá, la delegación del estado hondureño sostuvo que no existe en el país una ofensiva para desposeer a los pueblos indígenas de su territorio, “desconociendo de esta forma la entrega de la costa norte al crimen organizado, y los cientos de proyectos extractivos y de generación de energía considerada limpia, como las hidroeléctricas, que han sido concedidos sin consulta alguna con las comunidades indígenas”, sostiene Ofraneh en un comunicado.

En el caso de la muerte de Cáceres, el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim calificó como “incidente” la muerte de la indígena. “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes”, respondió Jim Yong Kim (en el minuto 1:01) frente al cuestionamiento de las numerosas familias desplazadas y la muerte de Berta Cáceres producto de la intervención de megaproyectos orquestados por el Banco Mundial, pese a que en sus políticas el organismo multilateral tiene como lineamiento la protección de los derechos humanos.

Capítulo 5 del reportaje: Consulta Indígena legaliza el despojo de los pueblos