El Quimbo: extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia

Introducción

La humanidad vive una encrucijada frente al inminente peligro de una catástrofe sin
precedentes ocasionada por la lógica productivista y mercantil del capitalismo industrial.

Investigaciones registran la contaminación del aire y fuentes hídricas subterráneas y superficiales, el agotamiento de los suelos fértiles, el calentamiento del planeta, la deforestación, la extinción de los picos nevados, el derretimiento de los casquetes polares, la multiplicación de los “desastres naturales”, la destrucción de la capa de ozono, la perdida de las selvas ecuatoriales y la erosión de la biodiversidad, la extinción de millares de especies, el aumento de la desertificación, la acumulación de residuos tóxicos, la contaminación de los alimentos por pesticidas o su alteración por manipulaciones genéticas, problemáticas que reclaman la necesidad de construir otra forma de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros como seres humanos.

El afán de acumulación de capital basado en la implacable competencia explica la destrucción de los equilibrios naturales y la intensificación de la disputa global por los Bienes Naturales y Culturales Comunes -BNCC- entre dos proyectos: uno que resiste por la autoafirmación, la soberanía, la autonomía y el poder territorial para el Buen Vivir y otro, por el control corporativo de nuestros territorios sustentado en el modelo extractivista, financiarista que despoja a las comunidades, destruye los territorios con potencialidad agroalimentaria, menoscaba la soberanía territorial, afecta las cuencas hídricas, deteriora los suelos fértiles y depreda la biodiversidad a manos de empresas transnacionales y multinacionales que exportan sus ganancias sin importar la destrucción de nuestros ecosistemas. Ha sido este modelo extractivista, el que ha perpetuado la opresión, el despojo y el ecocidio con el aval de los gobiernos, que expiden leyes para garantizar a las empresas el marco legal requerido para la extracción intensiva de nuestros BNCC y la explotación de la fuerza de trabajo.

Esa disputa global en Colombia se expresa, de una parte, en la imposición de “las locomotoras del desarrollo minero energéticas y los agronegocios” a nombre de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -Pines- mediante una legislación para el despojo de facto, la represión, judicialización de las protestas sociales y el asesinato de defensores de Derechos Humanos y el medio ambiente, generando múltiples conflictos económicos, socio ambiéntales y culturales. Y, de otra, las resistencias sociales, que como en el caso de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- son la expresión organizada y argumentada de “víctimas del desarrollo” contra la imposición del modelo neoliberal extractivista y por la Defensa del Territorio y la Vida.

En el contexto de la problemática económica, social, ambiental y cultural que afronta la comunidad de seis municipios en particular, del departamento del Huila por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ, producto del modelo extractivista, se desarrolla el trabajo de investigación “El Quimbo: Extractivismo, Despojo, Ecocidio y Resistencia” fundamentado en la Investigación Acción Participativa, como un aporte significativo al fortalecimiento del Movimiento Social en Defensa del Territorio, la Soberanía Hídrica y Alimentaria, el Patrimonio Nacional y los Proyectos de Vida de las Comunidades.

Asoquimbo con aportes significativos del Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! ha realizado diferentes estudios, que han sido fundamentales para orientar la resistencia social y todas las acciones organizativas, comunicativas, jurídicas, psicosociales que se han expresado en recursos jurídicos de restitución de derechos vulnerados ante la Corte Constitucional, de medidas cautelares ante el Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el acompañamiento del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” con incidencia en Informes Técnicos de la Contraloría General de la República -CGR-, construcción de agendas ecosociales con diversas organizaciones y la asesoría de estudios realizados por centros académicos y ONG a nivel nacional e internacional.

El impulso de modelos de extracción de nuestros BNCC hacen parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sur América -IIRSA- con el propósito de favorecer los intereses de las transnacionales, razón por la cual son pertinentes los trabajos de investigación participativa, de interacción de saberes desde la acción, que orienten la movilización social hacia la construcción de un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades según sus necesidades y el uso de otras fuentes de energía como la solar, la eólica, la geotérmica, las mareas oceánicas, entre otras, porque éstas permiten un aprovechamiento limpio y sin destrucción irracional de ecosistemas.

El presente estudio se construye desde las luchas de resistencia contra el extractivismo, por la defensa del territorio, la biodiversidad, la soberanía alimentaria y las comunidades que se oponen a la imposición de megaproyectos energéticos, mineros y agro-combustibles debido a los daños ambientales, sociales, económicos y culturales como en el caso de El Quimbo.

(…)

Destaca cómo las “víctimas del desarrollo” se transforman en actores de la resistencia y el conjunto de acciones que desde lo local hasta lo global se van tejiendo para transformar un conflicto de intereses antagónicos, entre los actores de la resistencia y los del Estado corporativo, donde la única posibilidad de defender el territorio y la vida es el fortalecimiento permanente de la movilización social y su articulación con los procesos de resistencia contra el extractivismo a nivel nacional e internacional. Desde un principio se descartó cualquier posibilidad de negociación con las transnacionales, sin importar las condiciones asimétricas, debido a que de hacerlo sería legitimar el modelo de despojo, ecocidio, represión, judicialización y asesinatos de defensores del territorio para la acumulación de capital y el consumismo, responsables de la destrucción de la vida en el planeta.

La reconstrucción del proceso histórico de la resistencia contra el extractivismo y, específicamente, contra el PHEQ parte de reconocer las visiones de resistencia desde sus actores y los imaginarios que pretenden ser destruidos y /o silenciados a través de todo el proceso de disputa por el control territorial, donde, en una interacción de conocimientos, saberes, experiencias de organización y acción se van formando otros referentes de identidad individual/colectiva, contra la explotación, exclusión, discriminación, despojo, desplazamiento, ecocidio y destrucción del Patrimonio Cultural Común y al mismo tiempo, construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos, actores ecosociales plurales, que se oponen a la imposición de megaproyectos minero energéticos de las corporaciones transnacionales para la acumulación de capital.

El proceso se resumió en cinco momentos que dan cuenta de las formas organizativas, comunicativas, educativas y jurídicas, tejidas desde lo local hasta lo global, que fueron orientando las acciones de movilización social contra todo el poder corporativo enraizado en las instituciones del Estado. Estos momentos se refieren a las tensiones ante la imposición del Proyecto, las contradicciones al interior de instituciones estatales, la incidencia política y jurídica, la expansión organizativa y movilización social contra el Plan de Privatización del Río Magdalena y los procesos de autonomía y poder territorial.

Reconstruir lo vivido hace visible y comprensible los aprendizajes y retos para avanzar en la construcción de otra alternativa al capitalismo. El proceso de investigación desde la acción permitió rescatar la dimensión histórica de la resistencia desde el colonialismo hasta el neocolonialismo.

La resistencia lleva implícita una alternativa de poder. Es decir, es fuente de nuevo derecho y de nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos desde una perspectiva colectivista, entendiendo que las diferencias individuales, también son producto de la forma como interactuamos: de “cada quien según su capacidad a cada quien según su necesidad” (Marx). La resistencia desde lo local contra el PHEQ hace parte de la lucha global contra el modelo extractivista de reprimarización de la economía y sus proyectos megamineros e infraestructurales y la necesidad de construir un nuevo Sujeto Ecosocial Plural y el Poder Territorial.

Desde la resistencia nos apropiamos del paradigma ecocéntrico de las relaciones naturaleza humanidad contra los discursos de “desarrollo sostenible” que hacen parte del pensamiento ambientalista de mercado para el fortalecimiento del capitalismo verde corporativo. El argumento central es que el “crecimiento” infinito, sustentado en el valor de cambio, se soporta, de una parte, en la extracción intensiva de los BNCC, es decir, el ecocidio y, de otra, la explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación por despojo que tiene por objetivo mantener el sistema actual, trasladando a los sectores empobrecidos la crisis de sobreacumulación del capital, razón por la cual hablar de responsabilidad social empresarial desde la perspectiva del mercado es otra forma de alienación. La comprensión de estos fenómenos es fundamental para rechazar las propuestas que desde muchas ONG plantean como estrategia la “negociación con las transnacionales” que equivale a la subordinación (asimetría) de “las víctimas del desarrollo” (objetos de mercado) a las corporaciones, donde el Estado, que formalmente se reconoce como garantista de derechos, asume su función real de Estado Corporativo que legisla para la acumulación por desposesión.

La deslocalización del capital intensifica la disputa por el control territorial entre las corporaciones transnacionales para hacer negocios y los actores sociales que habitan sus territorios y defienden su permanencia en los mismos donde construyen sus proyectos de vida. Esa disputa conduce a la territorialización de las resistencias y su articulación a nivel glocal donde se construye el nuevo sujeto político (indígenas, afros, campesinos, obreros, etc) y su poder popular territorial donde se plantea una ruptura radical con la concepción de partidos de vanguardia y de movimientos sociales sectoriales (fraccionados) donde las nuevas relaciones de poder se construyen desde movimientos ecosociales que buscan liberarse de la ideología productivista del desarrollo y el progreso y se oponen a la expansión infinita del modo de producción y consumo capitalista y/o burocrático que destruye la naturaleza.

El reconocimiento del trabajo de Asoquimbo obedece fundamentalmente a la visión de resistencia que recupera el conocimiento estrechamente ligado a la transformación de las condiciones materiales y simbólicas de la vida, donde se supera la epistemología centrada en la razón instrumental, por las epistemologías que desde el sur construyen y se apropian de los sabereres ancestrales y de los conocimientos que otorgan validez a las prácticas cognitivas de las clases sociales y de los pueblos que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y el neocolonismo. Además, por sus aportes a la construcción de una Agenda Común y de un movimiento nacional de resistencia articulado a nivel internacional que confronta el modelo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza y propone la sustitución progresiva de la cultura fósil y otro modelo de producción, distribución y gestión de la energía y de definición de prioridades, soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, que no afecten los derechos fundamentales individuales y
colectivos y, especialmente, el ambiente sano.

Implica la moratoria de la política minero energética, la suspensión de cualquier explotación en áreas protectoras de la Amazonía, Páramos, Macizos y de gran biodiversidad natural y priorizar la conservación de las selvas como única garantía de la diversidad cultural y ambiental, la protección de las altas montañas, donde surgen las aguas para la pervivencia de los pueblos, la garantía de la Seguridad Alimentaria basada en las economías campesinas, indígena, afrodescendientes como la agroecología y la autonomía de las comunidades para decidir en sus territorios. En tal sentido, se han logrado avances significativos en la jurisprudencia con las Sentencias de la Corte Constitucional T-135/13, T-445/16 y T-622/16 que hacen parte de la lucha por una legislación socio ambiental alternativa a la mercantilización de los bienes comunes, surgida desde la organización y la resistencia social de las comunidades y fundamentada en una nueva relación entre la naturaleza humana y no humana, en un nuevo sistema donde impere la justicia social y ecológica.