Documental: Territorio común

En la Sierra Norte de Puebla, montañas, cerros, árboles y ríos son algo más que paisaje. Son el motivo por el que maseualmej (nahuas), tutunakus (totonacos) y mestizos tejen, en común, una historia de resistencia que les ha permitido hacer frente al “desarrollo” que les quieren imponer y que busca llenar su horizonte de minas, hidroeléctricas y líneas de alta tensión

Cuando defender la tierra es defender la vida

Una niña de ocho años se emociona, toma aire y suelta el grito. Su voz no está sola. Es mediodía del sábado 17 de marzo y una multitud se escucha en la cancha de futbol de Santa María Sotoltepec: “No a la mina. Sí a la vida”.

Quienes hoy levantan la voz son pobladores de varios rincones de la Sierra Norte de Puebla. Llegaron en coches, camionetas de redilas, pick-up, motocicletas e, incluso, pedaleando una bicicleta durante más de dos horas.

Son casi una centena de vehículos los que dan forma a esta “Caravana por la vida”. No es una simple ocurrencia que esta peregrinación de automóviles se detenga en Santa María. Aquí la empresa canadiense Almaden Minerals instaló sus oficinas, después de que el gobierno mexicano le otorgó concesiones para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Uno de los cerros vecinos a esta comunidad, ese que está junto al que tiene forma de mesa, fue elegido para hacer ahí el tajo de la mina a cielo abierto.
Desde hace más de siete años, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla mantienen viva una resistencia en contra de minas, hidroeléctricas y otros proyectos que, tanto gobierno como empresas, han querido imponer en este territorio atiborrado de cerros, en donde los ríos nacen discretos, pero también llegan a ser caudalosos. Una región habitada por comunidades tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas. Tres voces distintas unidas en un mismo coro: “No a los proyectos de muerte.”

Y eso se mira este sábado de marzo. En la “Caravana por la Vida” hay gente de Olintla, Libres, Zautla, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Ocotepec, Chiconcuautla y otros municipios de Puebla. Muchos son campesinos; otros estudiantes, maestros, niños, amas de casa, comerciantes o migrantes que siempre regresan a la tierra donde nacieron.

La “Caravana por la vida” deja la cancha de futbol de Santa María. Los vehículos toman la carretera que lleva a San Francisco, cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán. Si se les mirara desde la cima de uno de estos cerros, parecerían hormigas que avanzan, una tras otra, hacia su objetivo.

La niña de ocho años viaja en una de las camionetas pick-up que van a la retaguardia de la caravana. Al llegar a San Francisco, sus gritos se avivan. Cuando ingresa a la cancha de basquetbol con techo de lámina —espacio que también funciona como plaza pública—, su voz retumba: “Zapata vive, vive. La lucha sigue, sigue”. Esa vieja consigna que la niña grita a todo pulmón ha tomado nuevos aires entre los cerros, los ríos y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

 

El espíritu del río

Entre algunos totonacos hay una creencia: al medio día, no se puede cruzar un río. No se hace porque a esa hora ahí está su espíritu. Cuando pasa el medio día, antes de cruzar, es necesario lavarse manos y cara, además de tomar un poco de esa agua que corre. Sólo entonces se puede pasar al otro lado de la corriente. Eso es lo que abuelos y padres enseñan a sus nietos e hijos: al río hay que respetarlo.

Los campesinos totonacos que tienen tierras a las orillas del río Ajajalpan —en la parte occidental de la Sierra— se preocuparon cuando el entonces presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo, los citó para convencerlos de que vendieran sus terrenos.

—Nos dijeron que iba a haber mucho dinero. —recuerda Miguel Sánchez Olvera, totonaco de la comunidad de Bibiano Hernández, municipio de Olintla— Nosotros sospechábamos, decíamos: “como que esto huele mal, como para qué tanto terreno”. Una compañera comentó que la Cooperativa Tosepan estaba muy organizada, que fuéramos con ellos a Cuetzalan para preguntar qué sabían de esto. Fue un grupo y cuando regresaron nos informaron que había planes de hacer una hidroeléctrica. Nosotros no sabíamos qué era eso. Empezamos a aprender, a saber, a conocer sobre eso de las hidroeléctricas.

En Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, aún se cuenta lo que sucedió el 5 de diciembre de 2012. Ese día, ocho mujeres se pararon frente al bulldozer para evitar que continuara abriendo camino, para impedir que se hiciera una carretera.

—La máquina no pasa —dijeron esas mujeres a las que, poco a poco, se les fueron uniendo otros pobladores de comunidades vecinas. Para ellos, permitir la carretera era abrir la puerta a la hidroeléctrica que Grupo México planeaba levantar en el río Ajajalpan.

La oposición a la hidroeléctrica se mantuvo. No importó que el 26 de enero de 2013, se prendieran grandes fogatas para impedir que salieran de Ignacio Zaragoza las personas que llegaron para apoyar a los que se oponían a los planes de Grupo México. Mucho menos funcionó que el presidente municipal dijera que todos aquellos que no permitían la hidroeléctrica eran “indios” que no entendían que ese proyecto llevaría el desarrollo a sus tierras.

—Fue una lucha a ras de suelo —recuerda Miguel Sánchez.

En octubre de 2013, Grupo México anunció la cancelación de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan.

—No lo celebramos. Para qué celebrábamos si esto apenas empezaba. —dice Miguel—

Y así fue.

Resistencia con raíces

Cuando se recorren los caminos de la Sierra Norte de Puebla no es extraño escuchar a su gente hablar de su larga historia de resistencia, contar esos relatos que se transmiten, de generación en generación, cuando se trabaja en la milpa o cuando se toma café frente a un fogón.

En el siglo XIX, en estas tierras se venció y se hizo retroceder a los invasores franceses. Entre las lomas aún hay vestigios de los fuertes que se hicieron entonces.

A principios del siglo XX, estos cerros fueron testigos de batallas en la Revolución y varios aún recuerdan los nombres de quienes se enrolaron en las filas de Emiliano Zapata.

En la década de los 70, los nahuas de la sierra baja utilizaron la organización comunitaria para hacer frente a los caciques, para resolver aquellas necesidades que ninguna autoridad gubernamental atendía y para abrir caminos a los proyectos autogestivos. Así, en 1977, nació la Unión de Cooperativas Tosepan —hoy agrupa a dos grupos originarios maseualmej y tutunakus de 430 comunidades y 25 municipios de la sierra y 4 de Veracruz— la cual trabaja en la producción orgánica y comercialización de café, miel, bambú y pimienta, el ecoturismo, la salud y la vivienda sustentable.

En los últimos 40 años, la Sierra Norte de Puebla ha visto nacer y florecer proyectos productivos, educativos y sociales; iniciativas que surgieron como un camino alternativo ante el abandono estatal.

A partir de 2008, la presencia del Estado comenzó a notarse con más fuerza en este territorio. En ese año, los gobiernos federal y estatal intentaron instalar, sin éxito, un proyecto turístico de gran escala en Cuetzalan.

En 2011, cuando el panista Rafael Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla se insistió en esos “grandes proyectos” para la Sierra Norte. En el pueblo de San Miguel, en el municipio de Zautla, se quiso construir la primera “Ciudad rural”, proyecto en el que también participaba la iniciativa privada y con el que se buscó sacar a la población de sus territorios originales y concentrarlos en espacios urbanos. Así, se dijo, se evitaría la existencia de las pequeñas localidades dispersas por la sierra.

Estos proyectos —los grandes hoteles y las “Ciudades rurales”— se toparon con la oposición de la gente y no prosperaron. Pero fueron el anuncio de lo que vendría para la Sierra.

Mapeos realizados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) —el cual realiza trabajo en la sierra desde 2009—, la Tosepan y otras organizaciones no gubernamentales muestran que poco más de la mitad del territorio de la Sierra Norte de Puebla ha sido concesionado y se han otorgado permisos para instalar mineras, hidroeléctricas e, incluso, realizar extracción de hidrocarburos utilizando la técnica conocida como fracking.

Hasta ahora, sólo una hidroeléctrica, la llamada Atexcaco, ha sido inaugurada. Eso sucedió a finales de 2011, en el cauce del río Apulco que corre por los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán. Es una hidroeléctrica construida por una empresa minera: Grupo Ferrominero.

Ninguna autoridad informó a los habitantes de la sierra sobre los planes que gobierno y empresas tenían para su territorio. Tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizos se enteraron cuando ingenieros, trabajadores, “gente de afuera” comenzaron a recorrer sus campos, perforar sus terrenos, atravesar sus ríos y subir a sus cerros.

La defensa de Tlamanca

Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:

—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.

Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.

Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.

—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.

Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.

El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.

—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.

Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.

—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.

El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.

—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.

—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.

Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.

Cuidar lo de todos

En las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, las asambleas son algo serio.  Son la herencia de una forma de organización indígena-campesina. Son el espacio donde se informa, donde se reparten las tareas. Las asambleas han sido una de las principales herramientas de resistencia que se tienen en la Sierra Norte de Puebla.

—Para nosotros las asambleas son un órgano de gobierno. —dice Miriam Bautista, habitante de la comunidad de Talcozamán, municipio de Tetela de Ocampo— Son un espacio en donde se toman decisiones que tienen que ser respetadas.

En asambleas se decidió formar la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad. En Cuetzalan, mediante asambleas comunitarias, se formó el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). La primera organización nació ante el rechazo comunitario a los planes de gran turismo en la zona; la segunda surgió para que las comunidades participaran en normar los usos de suelo.

El COTIC se parió con la asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres (CUPREDER), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y se consolidó con las organizaciones existentes en Cuetzalan desde hace 40 años, sobre todo, retomando la experiencia que se tenía con los comités comunitarios del agua. Esta organización se integró de tal forma que la participación comunitaria es mayoritaria y sus decisiones deben ser respetadas por las autoridades. Su primera acción fue hacer un Ordenamiento Territorial que prohíbe cualquier tipo de megaproyecto en el municipio.

Cuando las noticias sobre las mineras e hidroeléctricas llegaron a la región, el COTIC no se quedó callado:

—Lo que hicimos, como parte del ordenamiento territorial, fue informar a la gente de los barrios sobre estos proyectos. Que sepan qué son, hasta qué grado son riesgosos para nuestra vida, nuestra salud, nuestra naturaleza y también para nuestra cultura. —recuerda Rufina Villa, indígena náhuatl, originaria de Cuetzalan y miembro del órgano ejecutivo del COTIC.

—Nos dimos cuenta que necesitábamos estudiar y entender en qué consisten esos proyectos. Cuando tuvimos esos datos, hicimos todo un proceso de información en las comunidades, porque sin información no podemos tomar decisiones, no podemos actuar y es nuestro derecho. Es un derecho que se nos niega, porque las empresas ocultan información. Nosotros dijimos: es un derecho que tenemos, lo vamos a reclamar y a ejercer —dice Leonardo Durán, asesor y miembro de la Tosepan y del órgano técnico del COTIC.

En asambleas, las comunidades totonacas dispersas a lo largo de las cuencas de los ríos Ajajalpan y Zempoala comenzaron a hablar de cómo defender la tierra y el agua. Después de que detuvieron la hidroeléctrica que buscaba levantar Grupo México, decidieron formar la organización Tutunakú, en la cual hoy participan pueblos de seis municipios. Su defensa del territorio también va de la mano con el fortalecimiento de su identidad indígena.

En asambleas, diferentes organizaciones impulsaron la formación del Consejo Tiyat Tlali para coordinar las acciones en defensa del territorio. El consejo se integra por organizaciones  tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas de la sierra, entre ellas Imdec, el Cesder, la Tosepan, la Unidad Indígena Nahuatl Totonaca, entre otras.

—Somos tres pueblos trabajando juntos: el pueblo maseual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. —explica Aldegundo González, director del centro de formación Kaltaixpetaniloyan de la Tosepan, actual presidente del COTIC y miembro del Consejo Tiyat Tlali— Caminamos juntos porque si algo afecta a un pueblo, nos va a afectar a todos. Los que habitamos acá estamos interconectados con nuestro entorno. De acuerdo con nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea tiene un sentido y está relacionado: las plantas, el aire, el agua, el subsuelo.

En asambleas decidieron aliarse con organizaciones no gubernamentales para hacer estudios y contar con información técnica.

En asamblea, los comités de defensa del agua determinaron crear el Consejo Maseual para la gestión municipal del agua en Cuetzalan. Además, se acordó exigir a los alcaldes que declaren a su municipio “libre de megaproyectos”. Hasta ahora, esta declaratoria se ha realizado en, por lo menos, seis lugares de la sierra: Zacapoaxtla, Xochiapulco, Cuetzalan, Zoquiapan, Tuzamapan y Ayotoxco.

En una asamblea —aquella que se realizó el 7 de septiembre de 2014 y en donde participaron poco más de tres mil personas— se integró el Consejo Maseual Altepetajpianij (“Guardianes del Territorio”) con representantes de 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonahuac y Tlatlauquitepec. A sus reuniones han llegado a participar hasta 223 pueblos, de 19 municipios.

En marzo de 2015, este consejo presentó una demanda de amparo en contra de tres concesiones mineras que se otorgaron a empresas del Grupo Ferrominero: Minera Autlán y Minas de Santa Martha. Gracias a ese amparo se ha logrado, hasta ahora, que no se realicen trabajos de exploración y explotación.

En este proceso legal, las comunidades son acompañadas por el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), organización que con este litigio quiere prevenir que se instalen minas en la parte alta de esta cuenca hidrológica, zona vital para la conservación ecológica de toda la región, explica el abogado Xavier Martínez.

—Con todas las sustancias químicas que ellos ocupan para lavar sus metales dañan el agua, la tierra, el aire y eso provoca enfermedades, provoca muerte. Todo eso no lo queremos en nuestra comunidad, con nuestra gente. Nosotros nos alimentamos de los quelites, ocupamos las plantas medicinales que se dan en los lugares donde vivimos y los podemos ocupar porque sabemos que están limpios, que no están contaminados, pero con este tipo de proyectos ya no podríamos ocupar ni las plantas medicinales ni consumir los quelites. —dice Rufina Villa, integrante del COTIC.

—Queremos que respeten nuestra forma de vida y la relación que tenemos con el bosque, el agua, los ríos. Para nosotros, la montaña no es un montón de tierra con oro. Estamos ante la defensa de un modo de vida, de una cultura, y eso implica defender el medio en el que se desarrolla esa cultura. —explica Alejandro Marreros, asesor del Cesder.

Entubar la vida

Como si se tratara de un tesoro que está bajo su resguardo, el profesor Alfredo Hernández Pineda coloca en la mesa cada una de las hojas que poco más de 500 pobladores de la comunidad de Zoquiapan firmaron el 28 de marzo de 2013. Ese día, a las 13:22 horas, se reunieron en el auditorio para exigirle al presidente municipal, Esteban Pérez Rivera, que respetara la decisión de la mayoría y no se permitiera ningún megaproyecto en su municipio.

Semanas antes, lo pobladores habían visto a ingenieros llegar a su comunidad y tomar medidas en algunos terrenos cercanos al río que conocen desde que nacieron; se enteraron que existían planes para construir y operar durante 60 años el Proyecto Hidroeléctrico San Antonio en el Zempoala, afluente que pasa por varias comunidades de la sierra y desemboca en el Golfo de México.

Los pobladores nahuas de Zoquiapan no fueron los únicos que se movilizaron en contra de esta hidroeléctrica que entubaría parte de su río, hasta canalizarlo a la central de turbinas para generar electricidad. Comunidades de cuatro municipios más también se opusieron. Para asesorarse, sus representantes fueron a Olintla a preguntar cómo le habían hecho para sacar a Grupo México.

—Acá ni siquiera tenían los permisos necesarios y ya estaban con sus máquinas queriendo entrar. Pero toda la gente se opuso y no se permitió. —recuerda el profesor Alfredo— Nosotros, en las comunidades, nunca somos consultados. Nada más nos dicen: “ahí va esto, recíbelo, te guste o no”.

Como muchos de sus vecinos, el profesor Alfredo tiene plantíos de café. Sus cultivos —explica— se vendrían abajo si se entuban los ríos que propician la niebla que, todas las tardes, cubre los cerros y las comunidades en la sierra baja.

El proyecto de la hidroeléctrica en el río Zempoala se detuvo, pero no se canceló. En 2017, Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. presentó una Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, la cual aún está en evaluación. Además, la empresa —con ayuda de quienes en algún momento ocuparon cargos públicos en el municipio— ha tratado de convencer a los campesinos de que vendan las tierras que están en la ribera del Zempoala.

—Nosotros —explica el profesor Alfredo— siempre hemos estado con el agua, con la naturaleza, por eso hemos luchando para conservar todo lo que tenemos, porque nosotros somos los que custodiamos lo que hay aquí. Si fuéramos destructores ya no hubiera vegetación. Nosotros vivimos del campo, sembramos maíz, frijol, café, plátanos… La tierra nos da de comer. Si no tenemos tierra, ¿a dónde vamos a ir a parar? Con los 12 mil pesos que están ofreciendo por los terrenos, ¿a dónde vamos a ir a dar?

—Estas empresas buscan dividir a las comunidades. Lo primero que hacen es buscar a un grupo de personas dentro de la comunidad, a través de las cuales puedan operar. Les ofrecen apoyos, becas y trabajo. —comenta Silvia Villaseñor, del Imdec, organización de la sociedad civil presente en la sierra norte de Puebla a partir de 2009.

En Ahuacatlán y San Felipe, comunidades que conviven con la parte alta del río Ajajalpan, también se enteraron que la empresa Deselec 1—del grupo Comexhidro—planeaba entubar parte del afluente para dar forma al proyecto hidroeléctrico Puebla I.

Este proyecto contempla una cortina de 60 metros de altura y entubar el río en un tramo de, por lo menos, cuatro kilómetros. El gobierno ya le entregó a la empresa una concesión para el uso de 11 mil litros de agua por segundo, durante 15 años. La electricidad que se generaría con este proyecto es sólo para el uso de empresas privadas —WalMart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips, Suburbia, Colchas México y una persona llamada Ileana Jinich Mekler—, de acuerdo con el permiso E71067/AUT/2013 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.

En su página de internet, la Secretaría de Energía difunde documentos sobre una “Consulta a comunidades nahuas y totonacas sobre Proyecto Hidroeléctrico (Puebla)”. Silvia Villaseñor, del Imdec, explica que se trata de una “simulación de consulta”, ya que sólo se trata de reuniones que no cumplen con los lineamientos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, el cual marca que no se pueden realizar estos proyectos en los territorios indígenas sin una consulta previa, libre e informada.

Fue por ello que pobladores de las comunidades de los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán —representadas por el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar— presentaron una demanda de amparo en contra del Puebla I por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y otros derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y al territorio, entre otros.

En abril de 2016, las comunidades logaron que se ordenara la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Puebla I, hasta que se resuelva el litigio. La empresa no se quedó con los brazos cruzados. Convenció a varias personas de la comunidad a ir ante el juez, como terceros interesados, para presentar un documento en el que solicitaron la cancelación de la suspensión porque ellos sí querían que se realizara el proyecto. El juez sólo levantó la suspensión para el municipio de San Felipe; pero mantuvo la que corresponde al municipio de Ahuacatlán, donde se pretende construir la cortina de la hidroeléctrica.

Cuando los habitantes que se oponen a la hidroeléctrica revisaron el documento de quienes se supone están a favor del proyecto, encontraron que se habían falsificado las firmas de varios pobladores.

—Existe una presión de los gobiernos y de las empresas muy fuerte para que estos megaproyectos se realicen, no les importa si están violando derechos humanos o no. —señala Itzel Silva, abogada de Fundar.

Por ahora, el proyecto Puebla I está suspendido.

Sembrar el Apulco con hidroeléctricas

mentCuando los totonacas de Olintla y los nahuas de Tlamapa defendían sus ríos y sus cerros, los mestizos de Tetela de Ocampo también se organizaban para evitar que la Minera Frisco abriera el cerro Las Espejeras para extraer oro. Esta empresa, propiedad de Carlos Slim, tiene una concesión por 50 años para la explotación de 10 mil hectáreas en Tetela de Ocampo.

Marchas, caravanas, foros y una fuerte oposición —que llevó a la creación de la organización Tetela hacia el Futuro— llevaron a que no se entregaran los permisos de cambio de uso de suelo y los planes de abrir la mina quedaran en el limbo.

La oposición a la mina dejó la luz de alarma encendida en las comunidades de la sierra baja. Así que cuando los trabajadores de la Hidroelécticas GAYA llegaron al pueblo de San Juan Tahitic, municipio de Zacapoaxtla, ni siquiera tuvieron tiempo para instalarse: la comunidad los corrió.

La otra empresa que han intentado sembrar con hidroeléctricas el río Apulco es ICA, compañía que proyecta hacer cuatro represas (Ana, Boca, Conde y Diego) a lo largo de 26.5 kilómetros del cauce del “gran río”, como le llaman las comunidades nahuas.

A lo largo de la cuenca del Apulco, diez comunidades se organizaron en Comités de Defensa del Río y se integraron al Consejo Tiyat Tlali. Hicieron solicitudes de información, estudiaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que presentaron las empresas a la Semarnat y encontraron varias inconsistencias. ICA suspendió, por ahora, su proyecto.

—No vamos a bajar la guardia. Sabemos que en cualquier momento ICA o cualquier otra empresa puede aparecer —dice Miriam Bautista, integrante de la organización Apolat Talpan Tajpiani y habitante de Talcozamán, municipio de Tetela de Ocampo.

En Talcozamán todo mundo se conoce. Los niños, abuelos, mujeres y hombres saben cómo se llaman sus vecinos. Por eso, cuando llega un forastero se le identifica de inmediato. Y no hay forma de pasar desapercibido en esta comunidad que no tiene más de diez calles.

En tiempo de lluvias, si se pone atención, es posible escuchar el paso del agua que corre tierras debajo de Talcozamán. Eso que se oye es el río Apulco.

—Este río nace en Ixtacamaxtitlán —explica Miriam Bautista— y resulta que ahí hay una concesión minera que se le dio a una empresa canadiense; la presa de jales la proyectan muy cerca de donde nace el río. Nosotros peleamos contra las hidroeléctrica acá en la sierra baja; mientras que en la parte alta están dando la batalla contra la mina. A nosotros las divisiones territoriales nos valen; somos un solo pueblo los que habitamos la sierra. Nahuas, totonacos, mestizos, todos estamos enlazados y no sólo defendemos nuestra forma de vida, sino también los otros tipos de vida que hay en la región. ¡Escucha los pájaros! ¡Mira esos árboles! Eso también es vida para nosotros.

 

Pensar en las abejas

Además de las mineras e hidroeléctricas, en la Sierra Norte de Puebla también se busca construir una subestación eléctrica y llenar el cielo de la región con líneas de alta tensión. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) argumenta que su proyecto es necesario para atender a la población de Cuetzalan; en septiembre de 2016, las autoridades municipales dieron luz verde a este proyecto.

—Cuando les pedimos el estudio técnico que muestre cuánta luz se consume en Cuetzalan, cuál es el promedio de consumo de una familia en el municipio, no lo muestran, no lo tienen. —explica Aldegundo González Álvarez.

Quienes se oponen a la subestación eléctrica resaltan que es un proyecto que se enlaza con las concesiones mineras e hidroeléctricas que se buscan instalar en la Sierra Norte de Puebla.
Las líneas de alta tensión —que irían de Ayotoxco a Cuetzalan— pasarían por las comunidades de la sierra baja, las cuales se distinguen por conservar el “cafetal biodiverso”, llamado así porque en él conviven decenas de plantas diferentes: café, chalahüite, platanares, pimienta gorda, cítricos… Estos cafetales son el refugio de una abeja exclusiva de esta región. Por ello, el municipio de Cuetzalan es considerado como santuario de la abeja melipona, la cual no tiene aguijón y, a diferencia de otras, pueden formar sus colmenas dentro de ollas de barro.

—Las líneas de alta tensión afectaría a este tipo de abejas; si nos dañan a nosotros, a los seres humanos, con más razón a este tipo de seres que están ahí y son importantes para nosotros, porque con su miel nos curamos. —explica Rufina Villa, indígena náhuatl.

El 19 de noviembre de 2016, en una asamblea se decidió hacer una “clausura popular” del lugar donde se planeaba construir la subestación eléctrica en Cuetzalan. Esa clausura se transformó en un campamento de protesta, el cual se mantuvo hasta octubre de 2017, cuando las autoridades municipales informaron que no se renovarían los permisos de uso de suelo a la CFE para construir su proyecto.

En enero de 2018, la CFE presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra cuatro miembros del COTIC, entre ellos Rufina Villa, por oponerse a la construcción de la subestación.

—La CFE quiere que cedamos ante esta intención que ellos tienen de poner su subestación, pero este proyecto es contrario a lo que nosotros necesitamos acá, en nuestras comunidades. No queremos que dañen lo que tenemos, por eso es que nos oponemos. —explica Rufina Villa.

No es la primera vez que los habitantes de la sierra norte, aquellos que se organizan para decir “no” a los proyectos que se pretenden imponer en sus tierras, son amenazados o demandados por las empresas y gobierno.

—Ha habido toda una reforma a la infraestructura institucional del estado mexicano que le abre las puertas a las empresas, que favorece el despojo y que reprime cuando las comunidades se defienden. —resalta Alejandro Marreros—Ese es uno de los retos: ¿cómo vamos a continuar la defensa en este contexto en donde se han hecho un conjunto de reformas para dar todas las facilidades a mineras y otras empresas?

—Nosotros no hablamos de desarrollo —insiste Aldegundo González— Hablamos de un proyecto de vida buena. Vemos que los proyectos extractivos son proyectos de muerte contra proyectos de vida buena que se han trabajado desde hace mucho tiempo. Nos ha costado mucho levantarnos y tener estos proyectos como para que ahora, el Estado venga con sus leyes, con sus concesiones, a destruir lo que hemos construido y conservado.

Uno de los golpes más fuertes contra quienes se han opuesto a los proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla sucedió el 14 de mayo de 2018. Ese día fue asesinado Manuel Gaspar Rodríguez, integrante de la comisión de desarrollo sustentable del Comité de Derechos Humanos Antonio Esteban y del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular; así como de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MIOCUP-CNPA MN).

Manuel Gaspar Rodríguez fue una voz constante en contra de los proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla; en especial, en contra de la minería a cielo abierto y a la instalación de las torres de alta tensión en el municipio de Cuetzalan.

Ante el asesinato de Manuel Gaspar, las organizaciones que integran el Consejo Tiyat Tlali exigieron a las autoridades estatales y federales intervenir para detener la creciente ola de hostigamiento y agresiones a defensores de derechos humanos y del territorio.

Evitar que la tierra se envenene

Las historias de Olintla, Tlamanca y Tetela de Ocampo inspiran y alientan a quienes forman parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, de la Tierra y la Vida. Organización que se formó con representantes de los pueblos de la parte alta de la sierra que desde hace cinco años luchan por sacar a la Minera Gavilán —que depende de la canadiense Almaden Minerals— y evitar que comience los trabajos de explotación de oro y plata en una mina a cielo abierto, en las tierras del municipio de Ixtacamaxtitlán, muy cerca del lugar donde nace el río Apulco.

Para conocer cómo funciona una mina a cielo abierto, como la que Almaden Minerals busca hacer en los cerros que están frente al poblado de Santa María Soltoltepec, los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades formaron una comisión que viajó a la comunidad de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Ahí, desde 2006, opera la minera canadiense Goldcorp.

Los integrantes de la comisión regresaron con fotos y videos que muestran cómo un cerro pierde su forma para transformarse en una especie de gran olla vacía. Esas imágenes y los testimonios de la gente que vive alrededor de esa mina de Carrizalillo se presentaron en asambleas.

—Da lástima ver a los señores. Cómo está su cerro, cómo está la gente enferma, cómo hay niños enfermos. Por eso nosotros dijimos que no queremos eso aquí. —explica Víctor Martínez, campesino e indígena nahua, comisariado ejidal de la comunidad de Tecoltémic.

—Antes yo decía: qué bueno que van a hacer la mina, porque van a generar trabajos para la gente, pero ellos nunca nos dijeron que era una mina a cielo abierto, en donde se usan químicos para sacar el metal, en donde acaban el cerro, en donde usan el agua de nuestros manantiales. Ellos (la empresa) siempre han mentido en todo; cuando iniciaron con la exploración ni siquiera hicieron una consulta con las comunidades. Han hecho perforaciones sin tener permiso. —comenta Francisca Zamora Morales, originaria de Santa María Zotoltepec.

—Si nosotros permitimos que hagan la mina, la tierra se va a envenenar… Ellos dicen que vienen a generar riqueza, no creemos eso. Ellos vienen a generar pobreza: pobreza social, pobreza de la tierra, pobreza ecológica. Nosotros somos personas originarias, nuestros ancestros nos han enseñado que las cosas que ellos ven como una mercancía, como una ganancia, para nosotros son vida. —dice Jacinto Martínez, campesino de la comunidad de Tlacotepec.

Además de hacer marchas, foros informativos, “caravanas por la vida”, asambleas e imponer amparos para detener el proyecto de Almaden, los integrantes del Consejo Tiyat Tlali y de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, de la Tierra y la Vida decidieron utilizar una nueva herramienta en su lucha por la defensa de su territorio. Con la asesoría de la organización Poder, utilizando información científica y técnica, las comunidades realizaron una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos.

La metodología para realizar esta evaluación fue diseñada, hace algunos años, por una organización canadiense que cerró sus puertas antes de poderla implementar. La Federación Internacional de Derechos Humanos en Francia, Oxfam y Poder decidieron revivirla, actualizarla y utilizarla para hacer Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos en Colombia, Estados Unidos, el Congo y México.

En el caso de México, se decidió evaluar el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.

Una de las características de estas evaluaciones —explica Benjamin Cokelet, director de Poder— es que las propias comunidades son las que realizan la investigación, con asesoría de científicos y técnicos.

Las comunidades realizaron mapeos del territorio concesionado a la minera e identificaron que dentro de esa concesión se encuentran sus manantiales, los sitios a los que llevan a comer a sus animales, algunos de sus plantíos, los lugares que consideran sagrados, las áreas en donde recolectan hierbas para alimentarse o curarse y una zona de anidación de gavilanes que sobrevuelan sus comunidades.

Se identificó también que el lugar donde se planea tener el tajo abierto está a menos de tres kilómetros de la comunidad de Santa María.

—Se mostró —resalta Benjamín Cokelet— que el territorio concesionado tiene mucho uso por las comunidades, tiene valor ambiental y cultural.

Un territorio que no es, para nada, esa zona “despejada” que la empresa describió en los informes que entregó a sus inversionistas.

En la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos en Ixtacamaxtitlán documentó, entre otras cosas, que la empresa inició trabajos de exploración, sin contar con permiso. Cuando ya contaba con ese permiso, violó la normatividad ambiental al realizar 236 barrenos que no estaban autorizados.

Al revisar la información que Almaden Minerals entregó a sus inversionistas, se encontró que reportó la perforación de barrenos de hasta 701 metros de profundidad, cuando sólo podía hacerlos hasta los 150 metros. Además, la empresa hizo pozos de agua (en una zona semi-árida) sin contar con la autorización de Conagua.

Los resultados de la evaluación se presentaron a Semarnat, Profepa, Conagua y otras autoridades mexicanas. En diciembre de 2017, la organización Poder, junto con representantes de la Unión de Ejidos y Comunidades, viajó a Canadá para presentar los resultados de la evaluación a la sociedad civil, medios de comunicación e inversionistas de Almaden Minerals, empresa que cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.  Justo después de la presentación de los resultados, las acciones de la compañía minera registraron una de sus peores caídas en los últimos cinco años.

 

La lucha desde los ejidos

En algún tiempo, los cerros que resguardan al Ejido de Tecoltémic estaban pelones, secos, sin árboles que regalaran su sombra. Fue en los años 90, cuando los hombres comenzaron a sembrar los primeros alcanfores. También probaron con los ocotes; esos pinos fueron los que se adaptaron mejor. Lo que antes era tierra yerma hoy es un bosque que pinta de verde la parte alta de este rincón de la Sierra Norte de Puebla.

Cuando la gente de Tecoltémic habla de su “monte”, como le dicen por estos rumbos a las zonas boscosas, lo hace con orgullo:

—Antes ya no teníamos árboles, pero nos organizamos y logramos que haya monte —cuenta Víctor Martínez, comisariado ejidal de Tecoltémic—. Seguimos sembrando árbol. Antes la lluvia caía tan fuerte en la tierra que hacía barrancones. Ahora ya no. Con los bosques, la lluvia ya no se lleva el terreno… Nosotros estamos creando el ambiente, el monte, el oxígeno. Si ellos (los mineros) llegan, menos tendremos agua. Ellos van a ocupar nuestros manantiales. Nosotros tenemos que traer el agua de manantiales que están a ocho kilómetros. Tenemos horarios para tener agua, porque la tenemos por bombeo y cuesta mucho traerla. Si ellos abren su mina, ya ni esa agua tendremos.

El monte no es lo único que distingue a esta comunidad náhuatl con poco más de 150 habitantes, y a la que sólo se llega por un camino de terracería, después de dejar los valles y de subir poco más de 2 mil 500 metros de altitud.

En abril de 2015, los pobladores de Tecoltémic —acompañados legalmente de Fundar y el Consejo Tiyat Tlali— presentaron un juicio de amparo contra dos de las concesiones que el gobierno federal entregó a Almaden Minerals. Al ser Tecoltémic una comunidad indígena náhuatl, el gobierno tendría que haber realizado una consulta antes de otorgar esas concesiones.

El ejido de Tecoltémic logró que una jueza otorgara una suspensión para cualquier acto que se derive de las concesiones, por lo que no se pueden realizar actividades de exploración ni extracción. Como respuesta, la empresa canadiense decidió ya no incluir en su proyecto minero la concesión que incluye las tierras ejidales de Tecoltémic. Con ello, la minera trata que se cierre el expediente sin que exista una sentencia.

Las abogadas que llevan el caso y representan a los habitantes de Tecoltémic —Itzel Silva y Diana Pérez— buscan que el juicio llegue hasta una sentencia, para que el juez señale si se violaron derechos de esta comunidad náhuatl y revise si la Ley Minera viola los derechos de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, ejidales y comunales.

Para cerrar los caminos a los proyectos mineros, para blindarse de las concesiones que el gobierno federal otorga desde la Ciudad de México, quienes forman parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, de la Tierra y la Vida —entre ellos Tecoltémic— decidieron realizar un proceso legal inédito en México.

Este sábado de febrero de 2018, los habitantes de Tecoltémic firman el acta de la asamblea ejidal en donde se acordó que ellos declaran su territorio libre de minería o de cualquier proyecto extractivo. Esa acta la llevarán al Registro Agrario Nacional. Su objetivo es que su declaratoria se inscriba en ese registro, para que quede una constancia legal de su decisión. Con esa declaratoria ya no será necesario que las autoridades realicen una consulta popular para saber si los pobladores aprueban algún proyecto minero. Ellos se adelantan y dicen no.

— Las consultas se han convertido en una trampa para las comunidades; antes de realizaras no se informa a la gente sobre las consecuencias de los proyectos o se hacen sin que se explique que es una consulta. —resalta la abogada Itzel Silva, de Fundar.

Hasta mediados de febrero de 2018, 16 ejidos y cuatro comunidades de la Sierra Norte de Puebla se organizaban para formalizar su declaratoria como territorios libres de minería.

—Hay que presionar desde los ejidos para evitar que las mineras avancen —comenta uno de los ejidatarios en la asamblea que se realiza en el patio de la escuela de Tecoltémic. Frente a él, dos de sus compañeros ejidatarios extienden un mapa de Ixtacamaxtitlán, el cual permite mirar el territorio que ha sido concesionado por el gobierno a Almaden Minerals.

—Estos proyectos dejarán dinero, pero sólo para algunos. A nosotros nos dejan solo enfermedades. Ya basta de que sigan saqueando a nuestros pueblos. —dice el representante del ejido de Contla.

—Sólo organizados vamos a poder sacarlos. Esta lucha no es en balde. Es una lucha que sí se puede ganar —anima otro de los asistentes.
En otra región de la sierra, en la parte baja, en la sede de Tosepan, Leonardo Durán reflexiona sobre lo que se ha vivido en esta región en los últimos años:

—Ha habido una movilización muy importante en todos lados de la Sierra; una movilización que está haciendo que los pueblos se reapropien de sus territorios. Se está viviendo otro momento de lo que es ser indígena y campesino.

La resistencia en contra de minas, hidroeléctricas y otros proyectos extractivos ha ido acompañada de una reivindicación de la cultura indígena. En Cuetzalan o Zautla, por ejemplo, se organizan talleres para aprender y difundir el náhuatl. En Ixtacamaxtitlán hay planes para abrir un museo comunitario. Además, cada año se organiza una visita el cerro Acolhua, en donde aún hay vestigios arqueológicos de lo que fue el palacio del rey Temamascuicuil.

Muy cerca del cerro Acolhua, el sábado 17 de marzo, los integrantes de la “Caravana por la Vida” llegan poco a poco a la plaza principal de San Francisco Ixtacamaxtitlán. El lugar se va llenando de vida.

Alejandro Marreros, asesor del Cesder, comenta que otro de los retos de la resistencia en la Sierra Norte de Puebla es el relevo generacional en la lucha por la vida, por la cultura, por el territorio.

Ese relevo generación también se cultiva. Hoy en esta plaza hay muchos jóvenes como Mario Rivera, habitante de Tlamanca, y los alumnos del Cesder. Los jóvenes que se preparan para representar una obra de teatro sobre el daño que producen las mineras, las mujeres que comparten con otros tamales y tortillas, los ejidatarios que llegaron en grupo en una camioneta de redilas y los que esperan que comience la asamblea sonríen y voltean para ver quién es esa niña que, sin ningún recato, ingresa a la plaza gritando a todo pulmón:

—Zapata vive, vive, vive. La lucha sigue.

Fuente: Territorio Común