Informe: La jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México

Presentación

PARA EL PRESENTE INFORME, LA JURISDICCIÓN O JUSTICIA AGRARIA EN MÉXICO COMPRENDE VARIAS INSTITUCIONES, todas muy importantes para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades y ejidos; i) los Tribunales Agrarios, es decir, una jurisdicción especializada y, en principio, protectora de los derechos de indígenas, campesinos y ejidatarios en torno a sus tierras y territorios; ii) la Procuraduría Agraria, institución que se creó para proteger ante los tribunales y ante la administración pública los derechos de pueblos, comunidades e individuos y iii) el Registro Agrario Nacional (RAN), también creado para dar seguridad jurídica a la propiedad y derechos sobre la tierra y el territorio de las comunidades y ejidos.

Lamentablemente, lo que en la actualidad se constata en los hechos y como regla general –que, por cierto, admite excepciones- es que estas instituciones (Tribunales, Procuraduría y RAN), no están cumpliendo a cabalidad su misión de cautelar y reparar los derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades y ejidos en México. Con frecuencia, no son percibidas por sus propios –y supuestos- beneficiarios, como una frontera de tutela de sus derechos sino, por el contrario, como un terreno incierto que prefieren evitar.

Por un lado, el insuficiente presupuesto, la escasa formación jurídica e intercultural de sus funcionarios y la ausencia de voluntad de las autoridades, con frecuencia han convertido este andamiaje institucional –en un principio pensado para proteger los derechos de indígenas, campesinos y ejidatarios-, en un laberinto burocrático en el  que los procesos judiciales o administrativos tardan excesivamente y con resultado adversos para las comunidades. De esta manera, las deficiencias estructurales, la discriminación racial y las barreras lingüísticas, culturales o económicas, son algunas de las dificultades que las comunidades y sus miembros tienen que enfrentar cuando comparecen como demandantes o demandados, como denunciantes o denunciados, ante estas instituciones.

Por otro lado, la presencia de intereses de otros grupos sociales, económicos, políticos y hasta religiosos, en torno a tierras y territorios rurales, sea para destinarlos a proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales, inmobiliarios o turísticos, también ha desvirtuado el propósito original de los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el RAN.

Así, son frecuentes las denuncias de corrupción, sometimiento o intimidación de funcionarios públicos ante el poder económico o político. En ese sentido, una opinión extendida entre comunidades, organizaciones de sociedad civil y usuarios en general, es que estas instituciones habrían virado su propósito institucional hacia el impulso y protección de la propiedad privada de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras sobre la tierra agraria en México.

Por todo ello, la Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) ha considerado pertinente publicar el presente informe sobre la jurisdicción agraria en México, para analizarla a la luz de su evolución histórica y de los estándares internacionales que, en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, México ha suscrito y, por ende, se ha comprometido a cumplir.

Somos conscientes que la protección de los derechos de pueblos indígenas, comunidades y ejidos, no se agota en las instituciones que son objeto de análisis en este documento, pues también están las jurisdicciones constitucional y civil en la rama judicial, así como diversas oficinas federales como la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI) o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); asimismo, a nivel estatal existen diversas oficinas de apoyo a indígenas, campesinos e ejidatarios. En ese sentido, en los últimos años han sido muy valiosas algunas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a favor de los derechos humanos de comunidades y pueblos indígenas.

Sin embargo, también consideramos que los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el RAN, no han merecido suficiente atención como posible fuente de vulneración -o de vigencia- de los derechos humanos de pueblos indígenas, comunidades y ejidos en México. El presente informe muestra, por ejemplo, que los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, aún no han sido incorporados por las decisiones de los Tribunales Agrarios, a pesar que México ha ratificado tales estándares y, por ende, ya han sido incorporados al ordenamiento jurídico interno.

Encargamos a tres expertos mexicanos la elaboración del presente informe. Por un lado, acudimos a la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera del Ciesas Peninsular para que, desde las Ciencias Sociales, analizara la jurisdicción agraria en México. Por otro lado, también recurrimos a los abogados Claudia Gómez y Jorge Fernández para que, desde el Derecho, analizaran este ámbito institucional tan importante para el ejercicio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas sobre sus tierras y territorios. Los tres trabajaron en base a un plan de investigación común y dialogaron permanentemente los resultados del presente informe no sólo entre ellos sino también con DPLF y diversos expertos en la materia.

En ese sentido, DPLF está muy complacido de publicar este informe y confía que el mismo pueda contribuir a propiciar un enriquecedor intercambio y debate en torno al papel que cumplen y deberían cumplir los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el RAN, en la tutela de los derechos humanos de pueblos indígenas, comunidades y ejidos. Somos conscientes que las inversiones sobre la tierra agraria en México deberían continuar, pero a la vez estamos convencidos que la coexistencia de diversos tipos de propiedad agraria tampoco debe suponer el atropello de los derechos humanos de ciudadanos indígenas, campesinos o ejidatarios, que cuentan no sólo con protección constitucional sino también con la tutela del derecho internacional de los derechos humanos.