El estado de las comunidades indígenas en el Perú
Informe 2016
Presentación
¿Por qué las comunidades rurales desean optar por derechos colectivos y regulaciones comunales? Esta es una pregunta que vienen haciéndose públicamente, desde los tiempos del gobierno de Fujimori, políticos como Alan García, Ollanta Humala o Pedro Pablo Kuczynski, editorialistas de prestigiosos periódicos como El Comercio y economistas con vuelo internacional como Hernando de Soto. También se cuestionan por qué el Estado moderno debería proteger estas costumbres del pasado en vez de conducir al Perú hacia un futuro mejor, léase “moderno”. Y estos “líderes de opinión” son los mismos que trabajan juntos para encaminar al Estado peruano hacia políticas de parcelación de las tierras comunales e individualización de los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas. Es posible que crean genuinamente que la modernidad reclama esa senda para conducir al Perú a un futuro verdaderamente mejor, apto para captar las anheladas inversiones extranjeras y alcanzar las metas de crecimiento económico que se han trazado. Nosotros albergamos serias dudas sobre la viabilidad de tal senda, principalmente porque adolece de una enorme miopía, inmediatismo y falta de asidero en la realidad y, por qué no, porque está animada de una buena dosis de mezquindad Lima-centrista. En su lugar, postulamos un giro de 180 grados, hacia lo que sería un camino no solo realista, sino inteligente y visionario del futuro Perú, que bien podría permitir superar actuales situaciones de entrampamiento. Este enfoque parte del reconocimiento de las tierras comunitarias en Perú y su importancia, tanto en términos de extensión y población, como de su enorme aporte en varios planos, incluyendo el económico. Tenemos la convicción de que en esa permanente actitud de negación del Perú indígena, rural y comunitario reside una explicación al naufragio sistemático de los sueños de los mencionados líderes de opinión, los cuales acaban indefectiblemente estrellados contra esa realidad que tanto se esfuerzan por negar, denigrar e invisibilizar.
Aspiramos a que la lectura de este informe abra la mirada del lector a la posibilidad de otros futuros, igualmente promisorios, que parten del reconocimiento de la propiedad comunal como un componente indispensable del camino a seguir para asegurar el futuro del Perú. No estamos solos en este andar, pues al igual que en Perú, las tierras comunales revisten gran importancia en muchos otros países del mundo. A nivel global, va creciendo la certeza de que los países tienen mucho por ganar fortaleciendo las tierras comunales. Claramente, más que preservar el pasado, ello contribuye a asegurar el futuro.
En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.
Las tierras comunales no son pocas. Las nuevas proyecciones de cifras sobre comunidades y tierras comunales en el Perú señalan que más del 49% de la superficie del país es mantenida bajo un régimen comunal (ver tabla 2 de anexo 1). De este área de más de 600 mil km, aún falta formalizar con títulos de propiedad el 38% del total de las comunidades.
La gobernanza comunal sobre sus tierras y recursos no ocurre solo en el Perú. Según un estudio mundial publicado el año pasado por Rights and Resources Initiative, entre dos y tres mil millones de personas adquieren y mantienen derechos a través de estos regímenes y más de la mitad de la masa terrestre global está sujeta a tales normas.
Para ilustrar esta universalidad de las tierras comunales, el Capítulo 1 reproduce extractos de un artículo recientemente publicado en Kenia por Liz Alden Wily, experta con gran reconocimiento mundial en el tema de tenencia comunal de tierras en África y Asia. Tomando ejemplos de varias partes del mundo, la autora explica que el reconocimiento formal del régimen comunal de tierras es clave para asegurar el futuro de millones de seres humanos que dependen de ellas, así como el de las poblaciones urbanas. Asimismo, llega a la conclusión de que “tiene sentido invertir en estos sistemas. Inclusive sus detractores ya están cambiando de opinión”.
Este Informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas en el Perú tiene varios propósitos. El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.
Por último, en el contexto de las elecciones nacionales y el ascenso de una nueva correlación de fuerzas políticas, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician. Confiamos en que el nuevo gobierno registre y actúe en función a nuestro mensaje de que invertir en los sistemas comunales de gestión de tierras y recursos naturales es una estrategia inteligente para asegurar el futuro de todos.
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