Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año

Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas.

 

Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.

Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.

Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

 

Marmato, Remedios y Segovia

Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.

Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.

Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

 

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

El concejo municipal de Jericó prohibió la minería mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad. AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Según denuncias de campesinos de la zona de Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración, ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las competencias de los concejos municipales.

No se puede olvidar que las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a sus gobernantes.

Esta empresa es conocida por tratar de imponer su modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta “minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.

AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?

 

Minesa en Santurbán

En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A. desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.

En una visita a la zona en diciembre pude ver un acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.

Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental, pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además, la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas, un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de reubicación.

Pero el gobierno no debería entregar la licencia ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.

Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).

Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.

El volumen del óxido de uranio contrasta dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por tonelada de material extraído.

Un intento de la Procuraduría regional por atender las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el área de su título es república independiente y que el mineral in situ es de su propiedad y no un bien público.

Los estragos de Drummond

En octubre del año pasado un juez de Ciénaga, Magdalena, absolvió por delitos contra el medio ambiente a varios empleados de Drummond que habían sido acusados por la Fiscalía por el vertimiento de un volumen incierto de carbón al mar en enero de 2012.

La cantidad de carbón vertido al mar es tan incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la revista Semana.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000 millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni contundente en la instancia judicial.

Este constituye un triunfo más para la empresa, la cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos, incluso demanda y gana.

¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades, disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

Fuente: CENSAT