Escaramujo #85: El gobierno de Canadá a la Corte Federal

Por primera vez el Gobierno de Canadá es demandado. Hoy, 25 de Marzo de 2019, se lleva a cabo la Audiencia por la denuncia ante la Corte Federal de Canadá en Otawa por omisión y acción en un conflicto minero, en este caso relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca Roblero en Chiapas el 27 de Noviembre 2009, donde la empresa minera canadiense BlackFire se vio involucrada en el encarcelamiento del líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el hostigamiento, amenazas, intentos de chantaje, golpes y al final el asesinato, además de la corrupción comprobada por parte de la empresa minera a las autoridades municipales. En todo ello, el gobierno canadiense vía su embajada, sirvió para solapar, encubrir y apoyar a la empresa minera.

La Embajada de Canadá en México escuchó a Mariano el 22 de Julio de 2009, cuatro meses antes de su asesinato, frente a su sede diplomática en la Ciudad de México, y de viva voz, relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera. La embajada canadiense tuvo toda la información del conflicto y lejos de actuar en consecuencia, hizo caso omiso del conflicto y las advertencias.

Mariano fue encarcelado con acusaciones falsas por parte del dueño de la empresa canadiense y por ocho días en prisión logró mantener su lucha y resistencia hasta que la presión internacional logró que el Gobierno de Chiapas lo liberara. Por ello, junto con la REMA, decidió interponer una denuncia contra la minera canadiense.

En México, la Familia Abarca, Otros Mundos AC y la REMA, han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia.

El 27 de Noviembre 2018 se presentó un Amparo para exigir la investigación exhaustiva en torno a los hechos del 27 de noviembre de 2009, ya que no se ha visto voluntad por parte de la Fiscalía de Chiapas de realizar las acciones necesarias con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada.

Se espera que este Juicio de Amparo obligue al Ministerio Público a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras el gobierno canadiense sigue negando tener alguna responsabilidad en los hechos, es conocido que las embajadas canadienses en otros países actúan a favor de las inversiones mineras, incluso en México han difundido en años atrás un manual sobre las maravillas de sus inversiones mineras en el país. Con esto, legitiman sus inversiones mineras e incluso impulsan políticas que beneficien a las inversiones mineras canadienses en Honduras, México y Colombia entre otros países donde influyen en las leyes mineras para beneficio de las empresas mineras canadienses.

El gobierno canadiense no cuenta con protocolos de actuación ni marcos jurídicos vinculantes que obliguen a actuar a sus funcionarios en el extranjero en la protección y vigilancia de los derechos humanos por parte de sus empresas. No en balde es uno de los países que se niega a avanzar en el Protocolo Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que se negocia actualmente en la Organización de las Naciones Unidas.

El 16 de Mayo 2018, José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, representando a la Familia Abarca Montejo y la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la organización Otros Mundos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), acudieron a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).

En dicha denuncia se exigió que se diera trámite a la investigación por la acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en su embajada de la Ciudad de México, ya que había razones para indicar que presuntamente la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior, y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos, entre otras omisiones que pusieron en riesgo la vida de Mariano Abarca. Toda la información recopilada en 9 años fue entregada demostrando cómo la Embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa BlackFire Exploration, cómo intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, cómo asesoró a la empresa minera inclusive sobre la forma de demandar al gobierno de México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.

Por su lado, el Comisionado canadiense declaró que cualquier acción u omisión no representan «políticas oficiales», y por ello los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas ni a cumplir con las políticas que incluso difunden en sus medios electrónicos. Y por ello no era necesario investigar nada.

Los demandantes manifestaron que el rechazo del CIAPC “no es válido ya que este Comisionado no estudió todos los documentos, interpretó erróneamente algunos hechos; descartó evidencias y otras las tergiversó; aplicó un estándar demasiado restrictivo; no aseguró el debido proceso en torno a los documentos ni solicitó más evidencias ni entrevistas; y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano la incidencia a favor de Blackfire por parte de la embajada. Denunciamos que el CIAPC realizó un análisis no razonable por considerar que las políticas aplicables a las acciones y omisiones de la embajada no son vinculantes, ni siquiera las políticas. No tomó en consideración el interés público en realizar una investigación sobre este caso, considerando los temas muy serios que están en el fondo de la denuncia y que socava la confianza pública en la integridad del servicio público de Canadá al no estar dispuesta a investigarlos”.

La Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la BlackFire y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso.

Por ello, los demandantes plantearon que la embajada estaba obligada a seguir el código de ética del gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos, reuniones en las que abogó en favor de la empresa Blackfire y en contra de las protestas contra la mina. La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro en que se encontraba Mariano Abarca y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público.

 

Otras demandas y casos de violaciones a los derechos humanos

En el Informe «La Marca Canadiense’: La violencia y las compañías mineras canadienses en América Latina” se concluye que entre 2000 y 2015 alrededor de 28 empresas canadienses se vieron involucradas en incidentes de violencia y criminalización. Entre ellos 44 asesinatos ocurridos en once países, de los cuales 30 asesinatos son clasificados como “selectivos”; 403 personas heridas en trece países, de las cuales 363 lo fueron durante las protestas y confrontaciones contra las empresas canadiense; 709 casos de “criminalización” en doce países que incluyen órdenes de arresto, detenciones y presentación de cargos contra opositores.

El Informe también confirma que las corporaciones canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen en sus reportes obligatorios públicos la violencia en el marco de su desempeño corporativo. Sin embargo, entre los años 2000 y 2015 las empresas que cotizan en la bolsa reportaron sólo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe. Las empresas más grandes informaron sobre los incidentes de violencia de manera muy general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle.

Por su lado, Grahame Russell, Director de Rights Action, confirma que “la gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.” Agrega que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Graham Russell agrega que “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”. En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad, dice Grahame. Para Russell, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medio ambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Son tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos.

De perder el Juicio alguna de estas tres empresas mineras canadienses, tendrá implicaciones muy importantes. Esto ignificará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Por todo ello, es urgente que el gobierno canadienses establezca políticas vinculantes ante tanta violación a los derecho humanos en que están involucradas sus empresas, ya que estas violaciones se repiten en Valle de Siria en Honduras; en San Marcos, Guatemala; en Argentina y Chile; en Oaxaca, Zacatecas y Guerrero en México, entre otras muchos casos.

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Fuente: Otros Mundos Chiapas AC