Comunicado REMA: Las consultas «buenas» no existen. Basta de engañar a los pueblos

1° de abril del 2019

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía.

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son libres, sino forzadas: La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no.Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.
  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas: El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.
  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene: Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el “consentimiento vinculante”. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado.Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.
  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas: Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción –como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

    Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo.

    Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

Mientras no respeten nuestras decisiones, sus consultas serán una farsa seudodemocrática.

La autodeterminación y la autonomía es un ejercicio de los pueblos

¡No a las consultas!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería