La explotación minera metálica sería desastrosa para Haití

Salvadoreños protestaron contra la actividad minera fuera de la Asamblea legislativa en El Salvador en el año 2017. El Congreso de El Salvador aprobó recientemente una ley que prohíbe la minería de metales, con el argumento de que es una industria que genera impactos negativos en el medio ambiente y la salud de la población.

Luego de que el terremoto de 2010 dejara más de 200.000 víctimas fatales y, habiendo desplazado a más de 1 millón de personas del país, el gobierno de Haití identificó a la minería de oro y otros metales como un elemento necesario para fortalecer su economía.

Para ello, el gobierno Haitiano y el Banco Mundial trabajaron a fin de revisar la ley de minería y atraer así, inversión extranjera. Su proyecto de ley, que fue presentado al Parlamento en julio pasado y está en espera de evaluación, no incluye contribuciones de organizaciones ambientales y de derechos humanos locales.

El proyecto de ley minero fue rodeado por la falta de transparencia, lo que plantea preocupaciones significativas acerca de cuáles son los intereses que se encontrarían representados en el nuevo marco legal.

Empresas canadienses y estadounidenses ya han obtenido permisos para la exploración de oro, cobre y otros metales en las colinas del norte de Haití. Aunque se desconoce la magnitud completa de los recursos minerales de Haití, algunos estiman que hay $20 billones en valor de metales preciosos en el suelo. Si se aprueba, la ley allanaría el camino para la primera mina de metal comercial del país.

Las experiencias de los países pobres pero ricos en recursos de todo el mundo proporcionan un claro ejemplo de que traducir los recursos naturales en riqueza pública es un negocio muy arriesgado, que a menudo fracasa.

Incluso en los países desarrollados, la minería a escala industrial ha contaminado el agua, aumentado las amenazas a la seguridad, forzado a miles de personas a abandonar sus hogares y dañado los ecosistemas por generaciones. En países pobres como Haití, el impacto es aún peor. Dadas las vulnerabilidades únicas que enfrenta el referido país, la minería podría debilitar seriamente al medio ambiente y a la economía del país, golpe del que Haití nunca se recuperaría.

Haití es posiblemente el país más dañado ambientalmente en el hemisferio occidental. Este daño es consecuencia de la mala administración ambiental, inversión extranjera contraproducente e instituciones públicas menoscabadas. El Gobierno ha demostrado que es incapaz de preparar o reparar la destrucción causada por huracanes, sequías y terremotos. De hecho, ha sido incapaz de proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos incluso en ausencia de desastres naturales: más de la mitad de los residentes rurales no tienen acceso al agua potable.

En este país densamente poblado donde la vivienda y la tierra para la agricultura son recursos escasos, la mayoría de los haitianos viven en ciudades muy pobladas o en áreas rurales lejos de escuelas, hospitales y otros servicios. La apertura de una mina desplazaría a cientos, si no miles de familias de sus hogares en las áreas donde las minas esperan ser construidas.

El gobierno carece de los recursos y la voluntad de defender los intereses de los ciudadanos. Funcionarios de la Oficina de Minas y Energía me comentaron que visitan las comunidades donde las compañías han explorado en busca de oro sólo cuando se les proporciona un paseo en un vehículo de la compañía. Sin ningún tipo de regulación, las empresas internacionales han demostrado que tienen pocos incentivos para pensar más allá de sus ganancias.

Este país durante mucho tiempo ha estado plagado de corrupción. El año pasado, un informe del Senado haitiano acusó a ex funcionarios de malversación por más de $ 2 billones de PetroCaribe, un fondo de petróleo venezolano. Transparencia Internacional clasifica a Haití como el segundo país más corrupto en las Américas.

La brecha entre los ricos y los pobres en dicho país es extrema y la mayoría pobre lucha para lograr responsabilizar al gobierno. Cabe destacar que más del 90 por ciento de las escuelas son privadas. El Salvador puede proporcionar un camino a seguir. Hace un año, la legislatura votó abrumadoramente prohibir la minería metálica. Los residentes de las zonas ricas en metales argumentaron que su país se encontraba demasiado poblado y ya demasiado degradado ambientalmente para absorber el daño que resultaría de la explotación minera. El Salvador es el primer país del mundo en imponer una prohibición a la minería de metales.

El ejemplo de El Salvador debería alentar a otras naciones para mantener debates inclusivos acerca de los costos y beneficios de la minería de metales antes de permitir que sus recursos no renovables sean desenterrados en detrimento de muchos para beneficio de unos pocos. En Haití, una coalición de organizaciones sociales, el Kolektif Jistis Min (Colectivo de Justicia en Minería), se encuentra reclamando precisamente eso: un debate nacional sobre las consecuencias de la explotación minera antes de que cualquier mina sea construida. El colectivo, con el cual he colaborado por más de cinco años, ha tomado una posición visible contra la minería metálica. Asimismo, reclamó a la legislatura que rechace el proyecto de ley de minería que parece estar a punto de aprobarse.

La minería de metales en Haití traerá ganancias a un sector reducido de la sociedad y más miseria para las masas. Lxs legisladores haitianos deben prestar atención al ejemplo de El Salvador y escuchar las voces de su propia gente que está advirtiendo contra la minería y exigiendo un desarrollo menos destructivo y más inclusivo.

Fuente: esta es una traducción del artículo de opinión que publicó en el New York Times.