Cajamarca: una historia de luchas ganadas pero líderes ambientales desprotegidos

*Este reportaje es una alianza periodística entre El Colombiano de Medellín y Mongabay Latam.

  • Los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, en Colombia, le dijeron no a la que sería la segunda mina de oro a cielo abierto más grande del mundo. Hoy tienen miedo de que esa decisión no se respete.
  • Los líderes que promovieron la consulta popular con la que se prohibió la minería a gran escala en el municipio siguen siendo amenazados. Algunos de sus compañeros han sido asesinados.

A Jimmy se le ilumina la cara cuando recuerda a César. El que nació para convocar personas, el que se deleitaba como un niño adornando carros en los carnavales y cuyo rostro está plasmado en la agitada plaza de mercado del municipio de Cajamarca, en el departamento de Tolima. Su legado figura inscrito en letras de bronce en el parque principal, bajo la escultura de un campesino que blande un azadón —herramienta usada en agricultura— sobre una sábana de verduras y frutas.

Jimmy tiene una mirada nostálgica, pero una sonrisa presta para premiar inmediatamente cualquier ocurrencia que escucha. En su mano parece tener amarrados un cuaderno y su celular. Y mientras atiende en su negocio agrícola a la entrada del pueblo, señala con desdén una carpeta en la que hay evidencias de que su vida está en constante riesgo. Sin embargo, dice que no le sirve para nada más que recordar que el Estado nunca lo defenderá.

Jimmy Fernando Torres y Pedro César García fueron los primeros en alzar sus voces hace 12 años contra las pretensiones de la multinacional minera AngloGold Ashanti de extraer oro en la mina La Colosa, en Cajamarca, fundamental despensa agrícola colombiana. El “Loco”, como le decían a César, fue asesinado el 2 de noviembre de 2013 frente a sus hijos y esposa mientras caminaban por una trocha hacia su casa. Aunque su voz se apagó, su mensaje se diseminó entre la población local y trascendió fronteras hasta llegar a países lejanos de Europa para, finalmente, lograr un hito fundamental en el marco de la defensa del territorio: frenar el proyecto minero en La Colosa.

Fue un triunfo parcial, según Jimmy y los líderes ambientales de la región, pues hoy no solo sigue latente la posibilidad de que la multinacional reactive su proyecto extractivo, sino que el panorama se torna adverso para quienes se oponen a esta y otras intervenciones mineras en diversos municipios. Amenazas, asesinatos, indiferencia estatal y presiones desde varios frentes, configuran el diario vivir de los ambientalistas de esta región y del resto del país.

 

Cajamarca, un grito

El domingo 26 de marzo de 2017, Cajamarca, un pueblito enclavado entre montañas tolimenses en la Cordillera Central de los Andes, se convirtió en noticia mundial cuando 6166 personas, es decir, el 97 % de los votantes, decidieron, mediante una consulta popular, que AngloGold no podía extraer el oro de las entrañas del municipio.

La historia de cómo un pueblo venció a la segunda multinacional más poderosa del mundo en extracción aurífera comenzó en 2007, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe anunció que, en Cajamarca, AngloGold había hallado una de las diez minas de oro más grandes del planeta. Se pensaba entonces que la extracción a cielo abierto beneficiaría al municipio con 700 millones de dólares en impuestos y 1.5 millones de dólares anuales (al cambio actual) en regalías durante 25 años, la vida útil de La Colosa.

Sin embargo, los habitantes fueron convirtiendo sus recelos en indagaciones y luego en argumentos. “Nos alertaron los hallazgos en los proyectos de AngloGold en el sur de Bolívar, plagados de amenazas a sus habitantes y daños ambientales irreparables”, cuenta Yefferson Rojas, integrante de Cosajuca, Colectivo Socioambiental juvenil que lleva una década haciendo activismo en su región.

“Gracias a ONG internacionales varias personas del municipio viajaron a Brasil, al estado Mina Gerais, famoso por recientes tragedias causadas por desechos mineros. Todas esas investigaciones las compartimos con la población, puerta a puerta, finca a finca, con cine foros. Fue un proceso de despertar de la comunidad para pasar del deslumbramiento por el dinero a comprender el real impacto que tendría esa mina”, explica.

En ese marco nació la Marcha Carnaval en 2011, un encuentro a punta de música, arte y pacifismo en el que los promotores lograron que el mensaje por la defensa de la vocación agrícola del municipio tomara fuerza. Ocho años más tarde, la Marcha se extendió a 80 municipios colombianos. Todas estas iniciativas decantaron en la búsqueda de una consulta popular en Cajamarca, amparados en la Constitución de 1991 y que, a pesar de cientos de trabas, vio la luz ese domingo soleado de 2017. Ese día lograron decirle no a la minería en su territorio.

Sin embargo, hasta hoy los pobladores de Cajamarca recuerdan lo doloroso y violento que fue el proceso. Amenazas con panfletos, correos, llamadas e intimidaciones, varias de estas firmadas por las Águilas Negras —presunto grupo narcoparamilitar que, según expertos, entre ellos la Fundación Paz y Reconciliación, dejó de existir como estructura criminal en 2011 y ahora su nombre sirve como fachada para encubrir a autores intelectuales de amenazas y crímenes diversos—. También hubo muertes, como detalla Yefferson. Dos muchachos de Cosajuca, Camilo Pinto (2013) y Daniel Sánchez (2014), fallecieron en extrañas circunstancias. El primero fue asesinado con arma blanca en una aparente riña personal con alguien que nadie conocía y el segundo fue hallado muerto luego de ocho días de estar desaparecido.

Cosajuca, que ha seguido de cerca estos casos, apunta a que ambos fueron crímenes motivados por el activismo de los dos jóvenes. Sin embargo, ninguno figura en informes gubernamentales ni de ONG internacionales como líderes ambientales asesinados. Por eso, Alejandro García, coordinador de derechos humanos del Comité Ambiental por la Defensa de la Vida —organización social y ambiental del departamento de Tolima— asegura que, la disparidad de cifras en casos de amenazas y muertes de defensores de los territorios es solo la punta del iceberg del desamparo al que están sometidos por parte del Estado.

 

El juego de la ruleta

El Comité asesora colectivos ambientales en Tolima y labora actualmente con unas 18 organizaciones que están oponiéndose a diferentes proyectos mineros. “El subregistro en cifras de amenazas y muertes que maneja el gobierno y las organizaciones es consecuencia lógica del desinterés institucional. Hablamos de regiones donde hay delincuencia común, problemas de convivencia. Cada denuncia de la que tenemos conocimiento, o asesoramos jurídicamente, tiene su debido contexto para que pueda desmarcarse de estas situaciones genéricas y recibir atención diferencial. Sin embargo, las autoridades desestiman esto”, explica García.

Según el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, desde 2016 se tiene evidencia de seis líderes sociales asesinados en Tolima y la Defensoría reportó el año pasado 20 líderes amenazados —dedicados a diversas luchas—. Esta cifra dista mucho de las 72 personas dedicadas concretamente a la defensa del medio ambiente que han presentado algún riesgo debido a su labor, según los registros del Comité Ambiental en 2018.

Alejandro García está acompañado, entre otras personas, por Renzo García, un biólogo ibaguereño que fue abanderado en el proceso de la consulta en Cajamarca y además es uno de los líderes ambientales más reconocidos en la actualidad en el país. Ellos y varios compañeros del Comité tienen un extenso historial de amenazas e intimidaciones en su contra. Aun siendo las caras visibles del movimiento ambiental en Tolima padecieron la burocracia durante meses antes de recibir algunas medidas de seguridad.

Hoy el peligro que enfrentan es latente y aún recuerdan cuando en 2012 decidieron acudir a la Fiscalía. Allí les dijeron que si eran líderes ambientales tenían que ir a la Unidad Nacional de Protección (UNP), reconocerse como organización social y acreditar su condición. Al no tener personería jurídica, la UNP los envió a la secretaria de gobierno de Tolima y esta los mandó a la Defensoría, que una vez vio que se trataban de amenazas les dijo que debían volver a la Fiscalía. “Jugaron a la ruleta con nosotros, mandándonos de un lado a otro durante otros siete meses hasta que logramos sacar personería jurídica y de inmediato nos dieron medidas de seguridad […] Bueno, algo es algo”, dice sonriente pero resignado Alejandro García.

Lo que les brindó la UNP fue un chaleco antibalas, un celular y, cuando se presentaron dos hechos graves —uno de ellos un intento de allanamiento a la sede de la organización—, les dieron también un botón de pánico.

Por lo demás no existe ni para ellos ni para ningún caso cercano o del cual tengan conocimiento medidas preventivas que ayuden a aminorar el riesgo.

 

La esquina de la esperanza

Si Anglo Gold hubiera salido airosa de la consulta minera, habría extraído, según sus propios cálculos, dos millones de onzas de oro anuales. Es decir, hubiese sido la segunda mina del mundo más productiva por año, solo superada por Muruntau en Uzbekistán.

La situación, según explica el biólogo Renzo García, es que el oro que pretendían sacar en La Colosa es diseminado. Es decir, “encontrarían una onza de oro por cada seis toneladas de roca”. Además, explica, la roca también posee sulfuro de hierro que al estar expuesto al aire se transforma en ácido sulfúrico, lo cual causaría un gran impacto en las aguas, con el agravante de que Cajamarca está ubicada en una cuenca hídrica que articula a seis municipios. Adicional a esto, estas aguas surten al mayor distrito de riego de Colombia, utilizado por los cultivos de arroz que alimentan a gran parte del país.

El director de Cortolima —autoridad ambiental en el departamento—, Jorge Enrique Cardozo, resalta el impacto que podría sufrir el recurso hídrico del departamento con la realización de un proyecto minero como La Colosa. “Para explotar el oro, la mina se ubicaría en la cabecera de la cuenca alta del río Coello, que es la que le surte agua al 60 % de los tolimenses, estimados en un millón 200 mil habitantes”.

De las 515 hectáreas que abarcaría la explotación aurífera, 50 pertenecen a territorio de páramo, lo cual sería, conforme explica Cardozo, no solo devastador para los habitantes de los municipios en zona de influencia sino una pérdida irreparable en cuanto al banco genético que alberga la reserva forestal que toca dicho territorio. Un centenar de especies de aves —gran parte de estas amenazadas— confluyen en la región, al igual que 70 especies de anfibios.

Por esto, cuando Jimmy Torres recuerda todo lo que logró junto a sus compañeros, caducan las tristezas que se posan sobre su cabeza cada tanto. “Ver cómo matan a un hombre justo como César, cómo nos amenazan solo por decirle al Estado: ‘por favor, cuide el agua’, causa un dolor que a veces te lleva a querer dejar todo atrás”, declara.

Hay espinas que permanecen. El crimen de César García quedó, para las autoridades, como un problema de linderos y hoy un hombre paga 41 años de prisión como determinador del asesinato mientras que, desde la comunidad, se le reclama a AngloGold que explique la muerte de su líder.

La multinacional insiste en que jamás ha promovido afectación alguna a líderes ambientales. “Contamos desde septiembre de 2016 con un sistema de debida diligencia en Derechos Humanos y un mecanismo de quejas y reclamos. En todos los casos en los que se presenta alguna denuncia, activamos un protocolo de conformidad con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, donde se informa, formalmente, a las autoridades competentes las denuncias y se solicita su investigación”, responde la empresa ante los casos planteados en este reportaje.

 

Mecanismos de protección en tela de juicio

El Gobierno también defiende su papel como velador de sus líderes. Sin embargo, el pasado 30 de septiembre se negó a firmar el Acuerdo de Escazú, fundamental en el continente para defender la labor del activismo ambiental al buscar “la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Ante esto, la Cancillería colombiana expresó que “actualmente existen diversos instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en esta materia y cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia constitucional por lo que no se considera necesario suscribir el acuerdo en este momento”.

En abril de 2018, el Gobierno de Juan Manuel Santos promulgó el decreto 660 para “crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios”, que en palabras del entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, es “un instrumento que parte en dos la historia de protección de las comunidades”, es decir, para el exministro, antes de este decreto los líderes ambientales y sociales estaba totalmente desamparados y, sobre el papel, las provee de recursos institucionales para luchar contra organizaciones criminales en las regiones.

Ya en la práctica, el decreto tiene diversos reparos, uno de estos es que no fortaleció los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, como indígenas y afrodescendientes, a los que pertenecen muchos de los defensores amenazados en el país. Por ejemplo, a mediados de octubre fue asesinado el guardia indígena Toribio Canas Velasco en el norte del departamento del Cauca, lo que elevó a 36 la cifra de indígenas asesinados en esa zona del país.

En julio de 2018, poco antes de entregar el mandato, Santos ordenó un Plan Urgente de Intervención para salvaguardar a los líderes ante la sistematicidad en asesinatos y amenazas. De los diez puntos del Plan destacan las estrategias militares “Victoria Plus” y “Horus”, para aumentar el personal militar en 15 departamentos, 67 municipios y 595 veredas, donde el riesgo a defensores del territorio es mayor.

También se creó una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior para reportar, sin tantas trabas burocráticas, posibles riesgos a la vida de activistas, comunidades y/o sus territorios.

Hubo también una inyección de 50 000 millones de pesos (14.5 millones de dólares) para la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, que, según cifras del Gobierno, hasta el año pasado ejercía la protección de 4510 líderes sociales.

Sin embargo, es necesario anotar que en mayo de este año la UNP se vio envuelta en un escándalo por intervenciones telefónicas ilegales en las que, presuntamente, la información y seguridad de decenas de líderes bajo protección habrían quedado expuestas.

Lo cierto es que, según informes de diferentes organismos internacionales como Global Witness, el año pasado 24 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, convirtiendo al país en el tercero más peligroso del mundo para ejercer la defensa del territorio, junto a Filipinas y Brasil. Estadística que evidencia que los mecanismos actuales no funcionan correctamente.

Vanesa Torres, abogada e integrante de la ONG Ambiente y Sociedad, recalca que, aunque en el país hay una normativa interesante en materia medioambiental, se deben encontrar mecanismos más concretos y eficaces. “En Colombia no existe una normativa concreta de protección sobre los defensores y defensoras ambientales”, apunta, y destaca que de ahí la urgencia de que el Gobierno de Iván Duque firme el Acuerdo de Escazú.

Jimmy Torres, por ejemplo, da cuenta de toda una nueva generación de jóvenes que pone hoy la defensa de su territorio y medio ambiente por encima de sus temores. “Cuando fui a pedir medidas de protección la UNP me ofreció un chaleco, un radio teléfono o irme de la zona. Yo no puedo trabajar la tierra con un chaleco encima y no voy a dejar mi lugar en el mundo. Ahí tengo el formulario de solicitud de medidas de protección que no pediré. Yo salgo a las diez de la noche rumbo a mi vereda y voy tranquilo. Si mi voz se llega a apagar, o la de alguno de mis compañeros, hay una generación que sabe cómo defender este pedazo de tierra”, dice con tono firme.

Y tiene razón. Actualmente el Movimiento Nacional Ambiental, que involucra a jóvenes de al menos ocho departamentos, prepara una cartilla para entrenar a los ambientalistas en medidas de autoprotección en su labor y vida personal, y así salirle al paso a un tema que para ellos el Estado no ha sabido atender.

 

El último loco

“¿Qué es ser un líder ambiental?”, pregunta Hever Olivera mientras pasea su mirada por la tierra que tiene al frente y corta con absoluta destreza las plantas que necesita recolectar con un pequeño cuchillo.

A Hever la vida lo llevó por Roma, Alejandría, El Cairo, Luxor y el Sinaí. Se hizo soldado huyendo de un amor fallido hasta que un día un bus destartalado lo llevó de vuelta a casa. “Volví en 1998 y dije que era para siempre”, dice, mientras corta, recoge y amarra plantas. Sus ojos casi nunca parpadean y tiene una mirada que pareciera capaz de aquietarse por horas sobre algo o alguien, como una mariposa.

Las seis hectáreas que labra fueron la herencia de su papá, asesinado por delincuentes comunes. “Pensé en irme, pero mi mamá me dijo que siempre que hubiera con quién morir acá, ella se quedaría. Y yo me quedé. En treinta años jamás requerimos un préstamo para esta finca. Siempre ha sido sostenible. Pero un día resultó que el Estado había entregado esta tierra en títulos mineros a AngloGold. Ahí supe que la vida solo sirve si estás decidido a entregarla en defensa de la naturaleza”, declara.

Hever se unió a un colectivo de campesinos para defender la zona cercana al lugar donde brota el agua que baña al municipio. “Cuando nos declararon objetivo militar por oponernos a AngloGold no me inmuté. Desde entonces hemos estado en universidades, en el Congreso, dando nuestra posición. Lo único que pido al gobierno es que me deje ejercer mi arte que es cultivar la tierra. ¿Qué mal hago? ¿Ser el dueño de mi tiempo, de mi sustento? […] Bueno, seguro es eso lo malo, que sin hacerle daño a nadie no dependo del Estado”, dice sin saberse bien si sonríe o frunce la boca.

Este hombre cultiva frutas y verduras; y ahora está enfocado en sacar adelante un proyecto de plantas medicinales. No lo perturba la amenaza fantasma que se cierne sobre él y todos los defensores del territorio en Cajamarca y que aparece cada tanto en forma de panfleto o ambiente enrarecido. En lo que sí cree es en el agua pura que cae hasta su casa desde la montaña, del árbol al lado de su cuarto que da naranjas frescas todo el año y en la fertilidad del pedazo de tierra que el destino le dio para cuidar. “¿Qué es ser un líder ambiental?”, repite. “A veces una mera cifra que no dice nada para la gente de la ciudad. Por eso, si algo me voy a llevar de esta pelea que he dado, que sea el honor de ser el último loco al que tiren por el barranco por defender el paraíso”.

Fuente: Mogambay Latam.