Las demandas de empresas mineras contra México

En el contexto de la inminente implementación del T-MEC ha habido escasa discusión sobre la manera en la que el régimen para la protección de las inversiones transnacionales socava la soberanía nacional y la autodeterminación y bienestar de los pueblos afectados por las industrias extractivas. Desde la puesta en marcha del TLCAN en 1994, se ha permitido a los inversionistas extranjeros el recurrir al arbitraje supranacional y demandar a los Estados cuando consideran que alguna regulación o política pública ha dañado sus inversiones y sus ganancias esperadas.

A partir del TLCAN, México se ha convertido en el sexto país más demandando por empresas transnacionales a nivel mundial. Ya ha tenido que pagar $242.94 millones de dólares a compañías bajo demandas inversionista–Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). Y esta amenaza va en escalada. El gobierno mexicano enfrenta actualmente demandas de este tipo por un total de $5970 millones de dólares. Dos de estas demandas pendientes fueron presentadas en 2019 por compañías mineras estadounidenses cuyos proyectos no fueron aprobados por motivo de medidas de protección medioambiental; uno en Quintana Roo y otro en Baja California Sur.

El 3 de enero de 2019, cuando apenas arrancaba la 4T, la empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su filial mexicana, Calizas Industriales del Carmen (Calica), registraron en el Centro de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, una demanda contra México bajo el TLCAN por una disputa ambiental relacionada con la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La compañía está en conflicto con el municipio de Solidaridad (donde se encuentra la ciudad turística de Playa del Carmen), cuya planificación ecológica del uso del suelo ha impedido que la compañía extraiga en dos propiedades. La demanda es por $500 millones de dólares, por la perdida de ganancias esperadas.

También a principios de 2019, la compañía minera Odyssey Mineral presentó otra demanda contra México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de extracción de fosfato del subsuelo marino frente a la costa de Baja California Sur, reclamando la desorbitante cantidad de $ 3540 millones de dólares. Las cooperativas pesqueras, los grupos de ciudadanos y las organizaciones medioambientales se han opuesto a este proyecto durante años debido a la amenaza para sus medios de vida y los ecosistemas de los que dependen.

Hemos documentado esta tendencia de crecientes demandas a Estados por parte de empresas mineras en el informe Casino del Extractivismo, mostrando la manera como interponen demandas multimillonarias en contra de países de América Latina cuando sus gobiernos o cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales – particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería -que afectan sus ganancias esperadas. Encontramos una alta coincidencia entre la presentación de estas demandas y la presencia de resistencias en que las comunidades y la ciudadanía han presionado a los gobiernos, a las cortes e incluso a los organismos internacionales de derechos humanos para obtener una respuesta a sus demandas en cuanto a la protección de ecosistemas frágiles, como las fuentes de agua y la calidad de la tierra, en particular en territorios indígenas, así como la salud general de sus comunidades. A su vez, se han  presentado una considerable cantidad de demandas a nivel supranacional en respuesta a medidas gubernamentales para la nacionalización de proyectos mineros o para aumentar los ingresos tributarios provenientes de ciertas minas.

Esta tendencia de crecientes demandas supranacionales es una muestra de la extrema asimetría inherente del modelo extractivo minero. Por un lado, los pueblos y las comunidades, particularmente indígenas, se encuentran ante un contexto de alto riesgo, donde lo que está en juego es la vida. Son limitados los recursos a los que pueden acceder en caso de atentados o asesinatos, desplazamientos forzados de comunidades, destrucción de tierras agrícolas, contaminación, desvío o agotamiento de fuentes de agua, o derrames u otros accidentes, todos los cuales provocan una transformación radical o negación de sus formas de vida. Por el otro lado, las empresas transnacionales pueden acceder a un sistema legal supranacional sin paralelos que les permite interponer demandas abusivas y costosas para los Estados, mientras la ciudadanía y las comunidades carecen de un contrapeso legal comparable a nivel internacional para poder activar procedimientos cuando las actividades de una empresa minera vulneran los derechos humanos y el medio ambiente.

En el documento citado revisamos 38 casos que han sido llevados en contra de Estados latinoamericanos por empresas mineras, entrando en más detalle sobre los casos que México ha enfrentado y enfrenta en la actualidad. Además de señalar los altos costos económicos para el erario que implican estos procesos de arbitraje supranacional, ilustramos como el efecto disuasorio o de congelamiento (chilling effect, en inglés) de estas demandas opera para disciplinar a los gobiernos y socava medidas tomadas para enfrentar el modelo extractivista. Concluimos con la importancia de la organización preventiva a nivel de las comunidades y la necesidad de salir de los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversiones para recuperar la soberanía de las naciones y de los pueblos. Lastimosamente, con el T-MEC y otros acuerdos como el Acuerdo Transpacífico y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, en renegociación, el modelo neoliberal se profundiza.

El casino del extractivismo

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https://movimientom4.org/2019/06/informe-casino-del-extractivismo-las-empresas-mineras-apuestan-con-la-vida-y-la-soberania-de-america-latina-usando-el-arbitraje-supranacional/

 

Fuente: La Jornada